Por Jazmín López[1] y Florencia Vidal[2] en colaboración con Andhes
A la luz del transfemicidio de Ayelén Gomez, analizamos por qué el derecho a ocupar libremente el espacio público es un privilegio cis que contribuye a perpetuar la expulsión del colectivo travesti/trans y por otro lado cómo los espacios destinados a la prostitución/trabajo sexual terminan favoreciendo a los agresores transodiantes.
El 12 de agosto de 2017, el cuerpo de Ayelén Gómez fue encontrado en las tribunas del Lawn Tennis, complejo deportivo situado en el Parque 9 de Julio, en San Miguel de Tucumán. Ayelén fue asesinada de noche, en un espacio público y de manera brutal porque el escenario, el entorno, y la ciudad así lo permitieron.
En 2012, a los 24 años, ya había denunciado a dos efectivos policiales de la Seccional Segunda, por violación, abusos, amenazas y distintos tipos de violencias que también habían tenido lugar en la vía pública.
Referirnos al asesinato y a la historia de Ayelén, nos obliga a entender las complejidades a las que estuvo expuesta. El caso de Ayelén no solamente nos habla de su historia y de su vida, sino que narra también muchas otras vidas y una historia colectiva. Porque este hecho, como otros similares, no son casos aislados, sino que se sitúan en el marco de un entramado histórico de violencia social, patriarcal, institucional y de vulnerabilidad estructural que afecta al colectivo trans en general.
En este sentido, Luisa Paz[3] (2016), explica que las mujeres trans y travestis son víctimas de fuertes prejuicios y que, dentro del propio colectivo LGTBIQP+, son las que, más sufren la discriminación y la violencia sistemática por lo que se ven expuestas a una cadena de vulnerabilidades que les impide ejercer sus legítimos derechos. Es importante destacar que estos hechos se dan tanto en el espacio público, como en el privado llevando a las mujeres trans y travestis a experimentar una doble exclusión: la del ámbito doméstico y la del ámbito urbano.
El acceso a una ciudadanía plena es uno de los derechos quebrantados de las personas con identidad trans lo que representa otra de las complejas problemáticas que deben enfrentar. Y, en este sentido es necesario comprender a la ciudad como escenario de la vida cotidiana, como un espacio que posibilita o impide los hechos que en él se inscriben.
Por ello, el espacio público es el lugar de la representación, es el que le permite (o no) a una sociedad hacerse visible; es el que relata (o no) la historia de sus habitantes y expresa los valores de la población a la que contiene. Tanto así, que el espacio público es también, aquellas barreras físicas y simbólicas que deben enfrentar a diario algunas personas.
En relación a esto, Blanca Valdivia[4] dijo que: “El diseño de nuestras ciudades no ha sido neutro, se ha hecho para promover el beneficio capitalista y los privilegios patriarcales” y, detrás de una falsa imparcialidad, se ha proyectado solo teniendo en cuenta a ciertos usos y sujetos. Muchos espacios de nuestra ciudad así lo demuestran, si nos centramos en el parque 9 de Julio, observamos que la iluminación, el equipamiento, la distribución de la vegetación y las actividades que allí se promueven desde la gestión estatal y privada, han priorizado las necesidades de un determinado grupo social dominante y han descuidado y desatendido, intencionalmente las de otrxs, lo que además acrecienta la exclusión social y promueve la fragmentación espacial en beneficio del mercado inmobiliario.
A su vez, en el ejercicio de identificar lugares, zonas, recorridos particulares y diferentes territorialidades en la ciudad, “el Parque 9 de Julio” aparece como protagonista y la zona circundante (la zona de “El Bajo”, la vieja terminal, la nueva terminal -por la necesidad de traslados-, el ex boliche DLC, entre otras características) como un sector paradigmático, con determinadas condiciones urbanas que posibilitan ciertas dinámicas y que la definen como una de las “zonas rojas” de San Miguel de Tucumán con todas las características y connotaciones negativas que esto conlleva.
Ahora bien, si tenemos en cuenta que entre el 80% y el 90%[5] de las personas trans ejercen el trabajo sexual/prositución, queda en evidencia que el grado de clandestinidad y marginalidad que las atraviesa, se complica aún más en el espacio público. A esto hay que sumarle que en Tucumán se mantiene aún hoy vigente la Ley de Contravenciones Policiales, la que contribuye a la criminalización de las identidades travestis y trans sirviendo como herramienta de control, la que fácilmente se traducen en conductas abusivas y discriminatorias hacia lxs habitantes de estos espacios.
Sin embargo, es interesante destacar que la zona, a pesar de tener connotaciones negativas, genera cierta identificación y pertenencia. Incluso resulta llamativo que en 2016 aparezca el primer Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas (CETRANS) sobre avenida Brígido Terán 320 (inspirado en el Bachillerato Popular Trans “Mocha Celis”), como si fuera un acto de reapropiación y resignificación del espacio. Éstos proyectos, únicos en el mundo, cobran especial relevancia como respuestas a la falta de acceso a la educación, como propuestas de inclusión al sistema educativo de personas del colectivo LGBTIQP+ que no concluyeron sus estudios de nivel primario y/o secundario. Como fue el caso de Ayelén, que en su estadía en Buenos Aires, estudió en el Bachillerato Mocha Celis y al regresar a Tucumán, continuó estudiando en el CETRANS.
Es necesario resaltar también el CETRANS estuvo fuera de funcionamiento durante el año y medio que duró la pandemia, por falta de presupuesto y decisión política. Lo que demuestra el escaso interés del Estado por mantener activos este tipo de lugares, que significan mucho tanto desde lo espacial como desde lo simbólico, un lugar de dignificación, contención, cuidado, representación y de mejoras en la calidad de vida de un colectivo al que históricamente se le ha asignado la marginalidad territorial.
Retomando el espacio del Parque 9 de Julio, como escenario del transfemidicio de Ayelén, es necesario visibilizar que, todas las personas experimentamos el espacio de forma diferente. La percepción que tenemos y los usos que hacemos de los distintos sitios cambia según el cuerpo que habitamos, con relación directa a nuestra identidad y expresión de género.
Y en este sentido, interesa cuestionarnos sobre la (in)seguridad, sobre la percepción que tenemos de ella lxs diferentes sujetxs que habitamos las urbes y sobre el abordaje que hace de esta problemática el Estado.
Si bien la (in)seguridad es tema primordial en la agenda de los últimos tiempos, las ciudades contemporáneas aún tienen entre sus grandes retos, el problema de cómo afecta la violencia al derecho a la ciudad[6] de las mujeres y otras identidades feminizadas. “Son pocas las ciudades que han incorporado la perspectiva de género en sus políticas urbanas, de seguridad y de prevención de violencia. Con lo cual, la seguridad en las ciudades y el abordaje de las violencias continúa enfocándose sobre todo en los crímenes y no realmente en los diferentes tipos de violencias que se dan” (Ortiz s/f).
Es cierto que no existen impedimentos legales a la libre circulación de las mujeres y disidencias en el espacio público, pero sí existe una especie de control androcéntrico tácito de estos espacios que nos aleja o reduce nuestra presencia en ellos. Estamos consciente o inconscientemente, condicionadxs por una representación social dominante que se resiste a aceptar las corporalidades disidentes y responde a esto de manera amenazante y violenta. Se transforma así, la sexualidad en un dominio determinante en nuestra relación con el espacio. (Collin, 1994).
Es por esto que es importante abordar la (in)seguridad a través de políticas públicas que no solo tengan en cuenta las características físicas del espacio urbano sino también las relaciones de poder que en él se dan. Si bien, en Argentina en los últimos años hubo avances significativos en materia jurídica y política, en relación a derechos que involucran a mujeres, personas LGTBTIQP+ y disidencias, todavía el ejercicio de derechos de ciudadanía continúa siendo desigual.
A cuatro años de haberse cometido el transfemicidio de Ayelén Gómez y a la espera de la sentencia del mismo, nos preguntamos porqué el derecho a habitar libremente el espacio público es un privilegio cis que contribuye a perpetuar la expulsión del colectivo travesti/trans. Cuestionamos también el diseño de espacios, la asignación de funciones y las políticas públicas que terminan favoreciendo a los autores de estos crímenes.
Y por último, invitamos a pensar, exigir y crear ciudades que pongan a las personas en el centro, que visibilicen la diversidad de experiencias y necesidades, sin tratar de homogeneizar los usos y las actividades en el espacio urbano, para así ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a todxs sus habitantes.
[1] Arquitecta, investigadora. Tesis en curso: “Géneros, sexualidades y espacios en movimiento” (Doctorado en Ciencias Sociales, Orientación Geografía / Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Nacional de Tucumán). Directora de tesis: Dra. Arq. Natalia Czytajlo (Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales – OFUT / Laboratorio de Género y Urbanismo / Cátedra de Urbanismo 1 / Facultad de Arquitectura y Urbanismo / UNT – http://www.observatoriofau.org/) / Comisión de Supervisión: Ana Falú, Beatriz Puente y Natalia Czytajlo.
[2] Arquitecta, integrante del equipo de Género de ANDHES Tucumán. Diploma Superior del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas FLACSO. Diploma de Producción Social del Territorio FAU-UNT (en curso).
[3] DIVAS, integrante de La Colectiva Ni Una Menos, integrante del equipo “Genero, Políticas y Derechos” del INDES -FCSyS de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ver artículo “Misotrans. Violencia trans” en http://www.agendadegeneros.com.ar/opinion_2016-7-3_misotrans.html
[4] DIVAS, integrante de La Colectiva Ni Una Menos, integrante del equipo “Género, Políticas y Derechos” del INDES -FCSyS de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ver artículo “Misotrans. Violencia trans” en http://www.agendadegeneros.com.ar/opinion_2016-7-3_misotrans.html
[5] Marcia Albornoz (primera mujer trans del país en recibirse de la carrera de Trabajo Social, en la UNT), en su momento estimó que en la provincia de Tucumán el 80% de la población trans es trabajadora sexual, el 60% no terminó los estudios primarios, entre el 20% y el 30% terminó la secundaria, y sólo un 3% estaba incorporado al mercado laboral de manera registrada. Se decía en 2018 que, al menos 120 chicas trans realizaban trabajo sexual sólo en la capital.
[6] El derecho a la ciudad es, según Lefevbre (1917) la capacidad de apropiarse del entorno urbano y de participar.
