Este jueves se conoció a través del Boletín Oficial que el gobierno nacional eliminó la resolución que exigía la paridad de género en empresas y asociaciones civiles desde el año 2020.
La Inspección General de Justicia (IGJ) eliminó las resoluciones que exigían paridad de género en los órganos directivos de asociaciones civiles, fundaciones y sociedades comerciales, que habían sido establecidas durante el gobierno de Alberto Fernández en 2020.
La norma disponía que “las asociaciones civiles en proceso de constitución; las simples asociaciones que soliciten su inscripción en el registro voluntario; las sociedades anónimas que se constituyan; las fundaciones con un consejo de administración de integración temporaria y electiva y las Sociedades del Estado deberán incluir en su órgano de administración, y en su caso en el órgano de fiscalización, una conformación que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos para que estén integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos”.
Además, se establecía que las entidades ya inscriptas debían aplicar esta normativa en sus futuras designaciones. Pero estas medidas fueron cuestionadas judicialmente por varios administrados, argumentando que la IGJ, a cargo de Daniel Roque Vítolo, había excedido sus facultades al imponer normas imperativas en esta materia. Tribunales de alzada declararon la invalidez de estas normas, señalando que la competencia para legislar sobre estas cuestiones corresponde al Congreso de la Nación.
“No es facultad del Poder Ejecutivo decirle a los particulares cómo deben constituir los órganos de las personas jurídicas que constituyen, cuando tienen la libertad que para ello les asigna la Constitución nacional”, remarcó Vítolo en sus redes sociales, siendo su publicación compartida por el presidente Javier Milei. También expresó que “igualdad de oportunidades y de acceso no es sinónimo de que el Estado le diga a las personas quiénes deben dirigirlas en su actividad privada”.
La Inspección General de Justicia derogó las Resoluciones Generales IGJ Nº 34/2020, Nº35/2020, Nº42/2020 y Nº12/2021 que obligaban imperativamente a personas jurídicas privadas a tener igual número de hombres y mujeres en sus órganos de administración y fiscalización.
— Daniel R. Vítolo (@VitoloDerecho) April 11, 2024
Como si esto fuera poco, para ser fiel a su característico negacionismo con respecto al paridad de género y la brecha salarial, el gobierno nacional justifica esta medida a través de las varias declaraciones de invalidez por parte de algunos tribunales y expresó que: “Ese cupo automático no sólo importó imponer una obligación a quienes antes no la tenían, sino también descartar a otros postulantes por el solo hecho de no pertenecer al grupo tutelado, postergando —en su caso— a otros colectivos que pudieran encontrarse en similar grado de vulnerabilidad”.
Esto significa otro retroceso patrocinado por Javier Milei y un conjunto de políticas que no nos incluye a las mujeres en igualdad de condiciones, para no perder la línea de sus ideas conservadoras y machistas.
