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Un nuevo informe mundial sobre discriminación de género en la legislación deja en claro una verdad incómoda: por más que algunos países avancen en la protección de los derechos de las mujeres y niñas, los retrocesos también están a la orden del día. La investigación de Equality Now señala que las leyes y prácticas culturales siguen sosteniendo una discriminación sistémica, a veces sin amparo legal alguno. Es decir, no solo no avanzamos lo suficiente, sino que en algunos lugares vamos marcha atrás.
Treinta años de promesas vacías
La Plataforma de Beijing, aprobada en 1995, establecía el compromiso de revocar todas las leyes que discriminaran por motivos de sexo. Sin embargo, tres décadas después, el informe “Palabras y hechos: Haciendo a los Gobiernos responsables en el proceso de evaluación de Beijing +30” revela que ningún país ha alcanzado la plena igualdad legal. Y peor aún: hay gobiernos que no sólo no avanzan, sino que activamente buscan debilitar las protecciones existentes.
“Las mujeres y las niñas merecen la protección total de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Para ello es necesario erradicar cualquier legislación que discrimine por motivos de sexo, consagrar la igualdad de género en las constituciones y aprobar y aplicar leyes que defiendan plenamente los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad”, afirma Antonia Kirkland, coautora del informe. Pero, ¿cómo lograrlo si las leyes siguen dando luz verde a la discriminación y la violencia?
El avance del retroceso
Afganistán e Irán impusieron restricciones draconianas que relegan a las mujeres al encierro y el sometimiento. En Bolivia y Uruguay, se están discutiendo leyes que debilitan la protección de sobrevivientes de violencia sexual. En Gambia, se intentó revocar la ley que prohíbe la mutilación genital femenina.
La situación no es mejor para la comunidad LGBTQ+: Rusia, Kirguistán y Georgia han aprobado leyes que criminalizan las identidades disidentes y restringen sus derechos. En Argentina, la eliminación del Ministerio de las Mujeres y el recorte de fondos para políticas de género marcan un grave retroceso, e incluso, el gobierno de Javier Milei intentó eliminar la figura de femicidio del código penal.
Derechos sexuales y reproductivos: en la mira del fundamentalismo
El derecho al aborto sigue siendo un campo de batalla. Mientras 60 países han avanzado en la despenalización en los últimos 30 años, en otros tantos los retrocesos son alarmantes. Polonia eliminó la posibilidad de abortar por malformación fetal. En Estados Unidos, 14 estados ya lo prohibieron y se busca criminalizar los viajes para abortar en otros estados. En República Dominicana, el senado mantiene un veto total al aborto y rebaja las penas por violación marital, disfrazándola de “actividad sexual no consensuada”. En nuestro país, si bien continúa siendo legal, los hospitales y centros de salud de algunas provincias no cuentan con medicación desde hace meses.
Las leyes que siguen diciendo que las mujeres valen menos
En Sudán y Yemen, los hombres tienen autoridad legal sobre sus familiares mujeres, mientras que en Arabia Saudita la “desobediencia” de una esposa puede traducirse en la pérdida de apoyo financiero. En Bahrein, Malasia y Estados Unidos, las madres aún no pueden transmitir su nacionalidad en igualdad de condiciones que los padres.
Los hombres casados pueden divorciarse de sus esposas de forma unilateral y sin condiciones, pero las mujeres casadas deben solicitar a un tribunal que les conceda el divorcio debido a una falta y demostrar, de acuerdo a criterios muy estrictos, que se ha cometido esa falta. Según el Banco Mundial, Arabia Saudita es solo uno de los 45 países en los que las normas para divorciarse son distintas para mujeres y hombres.
La violación marital también es legal en las Bahamas y en la India, mientras que, en Kuwait y Libia, un violador puede escapar al castigo si se casa con su víctima.
El matrimonio infantil sigue vigente en 139 países. En California, por ejemplo, no hay edad mínima para casarse. En Etiopía, la crisis climática ha duplicado las tasas de matrimonio infantil en apenas un año.
Por el lado positivo, en Colombia, Cuba, la República Dominicana, Sierra Leona y Zambia recientemente se aprobaron leyes que prohíben el matrimonio de menores de 18 años, sin excepciones.
Las trampas de la economía sexista
Las leyes también refuerzan la dependencia económica. En Camerún y Chile, los hombres casados tienen control total sobre los bienes de sus esposas. En Kirguistán y Rusia, las mujeres tienen vetado el acceso a ciertos trabajos por ley. Aunque en países como Azerbaiyán y Omán se han eliminado algunas de estas restricciones, el problema sigue siendo global.
El tiempo de las excusas se acabó
Antonia Kirkland lo dice claro: “Eliminar la discriminación jurídica por motivos de género y sexo es una responsabilidad fundamental de los gobiernos”.
Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, las luchas se transforman en una sola, por un mundo más justo y por una vida digna.
