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El acceso al aborto en Tucumán atraviesa un momento crítico. A pesar de que la Ley 27.610 garantiza la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en todo el país, la falta de provisión de misoprostol, las trabas institucionales y el debilitamiento de las redes de salud sexual han generado un escenario de vulneración de derechos.
Para entender mejor este panorama, conversamos con Soledad Deza, abogada feminista y referente de la Fundación Mujeres x Mujeres. En esta entrevista, Deza analiza el impacto de las políticas actuales, las estrategias de resistencia que se están desplegando y los desafíos urgentes en la lucha por la autonomía y la justicia reproductiva.
El acceso al aborto en Tucumán: un panorama desolador
¿Cómo describen el panorama del acceso al aborto en Tucumán en este momento? ¿Qué cambios han notado en el último año en la demanda de ayuda? ¿Las personas que buscan acceder a la IVE/ILE llegan con más obstáculos que antes? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan?
El panorama es bastante desolador, como lo es para todas las políticas públicas de género desde que llegaron los libertarios al gobierno. Según información del Programa de Salud Sexual de la Provincia, 3097 IVEs/ILEs se garantizaron en Tucumán en 2024, un 30% menos que en años anteriores y esto puede tener causas múltiples. No hay tratamientos farmacológicos para abortos ambulatorios y, desde que el Ministerio de Salud de la Nación interrumpió el abastecimiento, la Provincia no ha comprado la medicación. Hay efectores del interior de la provincia que carecen de métodos anticonceptivos también, ahí se visibiliza que el desabastecimiento no es la única forma del desguace neoliberal de la salud social ya que se adiciona la desintegración de la Red Operativa que funcionaba bastante bien para interconectar con eficacia demandada y respuestas territoriales.
También han disminuido la cantidad de efectores que aseguran la prestación sanitaria de ILE/IVE y creemos que es a consecuencia del debilitamiento en las obligaciones de supervisión y rectoría del Ministerio de Salud local. A ello se suma el obstáculo inocultable del empobrecimiento de la población que dificulta la movilidad de las usuarias hacia los centros urbanos. En nuestro proyecto “Empalme” recorrimos todas las comunas y comprobamos circuitos de derivaciones que dificultan el acceso o directamente impiden cumplir los plazos de la ley 27.610 y que hay incluso derivaciones ilegales.
El impacto de las narrativas oficiales de Milei, que ponen en términos de asesinato lo que es un derecho -el aborto-, provocan confusiones en las usuarias y hasta desincentivan la consulta. El diagnóstico territorial del “Empalme” ha sido presentado por escrito al Si.Pro.Sa con un pedido de audiencia que aún no fue concedido. En el CAPS María Auxiliadora, por ejemplo, no hacen consejería de salud sexual para adolescentes si no van con sus padres y eso es un retroceso de casi 20 años en autonomía progresiva. Hay hospitales alejados de la capital donde el personal que asegura salud sexual trabaja 2 días cada quincena. Hay CAPS en los Valles donde están entregando vencidos los métodos anticonceptivos porque la tasa de natalidad es baja o donde están desde el mes de marzo sin ningún método. Es decir, los discursos neoconservadores que prometen el gobierno de los cuerpos para reproducción social no son una simple amenaza o un latiguillo de campaña solamente, están en acción y arrasan la soberanía sexual de quienes menos información tienen: mujeres rurales, mujeres pobres y mujeres jóvenes con un menú catastrófico de escasez.
Estrategias de resistencia y acciones legales
¿Qué consecuencias puede tener el Estado, tanto nacional como provincial, por estar incumpliendo con la ley? ¿Han intentado dialogar con autoridades del sistema de salud provincial o nacional? ¿Han recibido alguna respuesta? ¿Han considerado o iniciado acciones legales para exigir el cumplimiento de la Ley 27.610?
En la Fundación contamos desde hace un tiempo con un consultorio de salud sexual habilitado y es una respuesta en medio de otras que pensamos estos últimos tiempos. Volver al territorio es otra de las maneras que encontramos para cerrar brechas, vamos en nuestra camionetita verde y, además de monitorear los servicios, nos encontramos con otras que desde sus lugares hacen. Las redes son indispensables cuando la racionalidad burocrática del desguace se apodera del Estado y así como señalamos los retroceso, también reivindicamos muchxs profesionales del Estado que sostienen sobre sus espaldas -y sin ningún tipo de reconocimiento y a veces hasta con destrato- la política pública que asegura el derecho a abortar.
Nos reunimos en diciembre con el Programa de Salud Sexual y le manifestamos la preocupación por el desabastecimiento de medicación y antes de ello, nos reunimos con la Dirección del Si.Pro.Sa a propósito de un caso de ILE de una niñita de 11 años obstaculizado por la Subdirectora del Avellaneda. Todos se muestran y dicen preocupadxs, pero nadie toma verdaderamente cartas en el asunto para modificar la realidad. Y ahí está la perversión mayor: el gobierno de la Nación quiere descargar en las provincias sus obligaciones de asegurar un piso mínimo en salud, las Provincias cuestionan -con buenas razones- ese falso federalismo; y en el medio de egos y genuflexiones, desdibujadas en disputas políticas, quedan las niñas, adolescentes y mujeres abandonadas a su suerte.
Estamos trabajando en una acción legal que en los próximos días presentaremos y venimos trabajando en apuntalar la calidad de atención: somos querella en un caso donde se está investigando el delito de “obstrucción de aborto” de la Ley 27.610 y también estamos defendiendo a Eva, una joven de 18 años criminalizada por una emergencia obstétrica ocurrida dentro de un Hospital del interior de Tucumán. Nos hemos reunido con la Defensoría de la Niñez de Nación los primeros días de febrero por estos temas de obstáculos ya que en 2023 iniciamos un expediente para que saquen una Recomendación de “Niñas No Madres” estandarizando las violaciones de derechos de NNyA que implica negar una ILE.
Tenemos un pedido de información pública a la Secretaría de DDHH de la provincia denunciando las violencias de género derivadas de la criminalización de emergencias obstétricas y varios pedidos en el Si. Pro.Sa que continúan sin respuesta. Hemos iniciado un amparo contra la Secretaria de la Mujer porque no brinda información, ni siquiera sobre femicidios pese a que hubo 3 un mismo fin de semana de octubre del 2024.
Todos estos litigios administrativos terminarán judicializados frente al silencio y la realidad que empeora día a día. También hemos iniciado una acción de amparo contra el Estado Nacional, junto a Transformando Familias, para revertir el DNU que afecta a las adolescencias trans. Y junto al NiUnaMenos, ELA, Fundeps y FEIM iniciamos una acción judicial para que detengan el desguace de las políticas públicas de violencia donde el 30 de diciembre pasado logramos una medida cautelar que resguarda. Pero son muchos y muy descarnados los embates de las ultra derechas que desató el delirio libertario de odio contra las mujeres y diversidades, es importante que comprendamos que la lucha por la libertad sexual es una sola y que es tiempo de alianzas, no de fragmentarnos.
Impacto en la salud y criminalización del aborto
¿Qué impacto tiene esta situación en la salud y en la vida de las personas gestantes que no pueden acceder a la IVE de manera segura? ¿Temen que la falta de acceso al aborto seguro aumente la criminalización de quienes recurren a métodos clandestinos?
El impacto es muy profundo y como siempre, más desproporcionado en quienes cuentan con menos herramientas materiales y simbólicas. Estamos recibiendo consultas a diario sobre si el aborto “sigue siendo legal”, y ahí hay un bache importante de información pública porque el Estado está obligado al menos a una campaña anual sobre salud reproductiva por la Ley 25.673 y no la hace, fíjate cómo toda la población aprendió a descacharrar para contrarrestar el dengue. Cuando hay interés y voluntad, la información llega a la población. Estamos recibiendo y documentando casos de hospitales públicos que les dan una prescripción de Misoprostol para comprar en farmacia: el salario mínimo vital y móvil no supera los $ 300.000 y el traramiento cuesta $186.000 al público. ¿Cómo el Estado mira para otro lado con tanta desidia y crueldad?
Según información del Programa de Salud Sexual en 2024 se garantizaron 288 ILEs en niñas de entre 10 y 19 años, 22 de ellas a niñas de entre 10 y 14. Si la Educación Sexual Integral cae presa de la famosa “batalla cultural” y se llena de valores cristianos de resignación y maternidad obligatoria es muy factible que nuestras niñas madres sean cada vez más, y no menos como exige su desarrollo humano. No solo tememos que incremente la criminalización de mujeres, tememos la naturalización del abuso sexual y la violencia que anulan el consentimiento de un embarazo a cualquier edad, tememos sobre todo que vuelvan las “mujeres fundidas” de los abortos inseguros, las “sépticas” de la pobreza y la desesperación, volverán las muertas por aborto cuando la cifra había bajado a 0 después de la ley 27.610.
Un mensaje para quienes enfrentan barreras
¿Qué mensaje le darían a quienes hoy necesitan acceder a un aborto y encuentran barreras en el sistema de salud?
Que abortar es un derecho en Argentina. Desde hace más de 100 años es un derecho abortar embarazos producto de relaciones sexuales forzadas o embarazos que pongan la salud o la vida en riesgo. Y que desde el 30 de diciembre de 2020 abortar hasta la semana 14 inclusive sin ningún tipo de explicación, también es un derecho. Les diría que si tienen problemas para acceder a una ILE o a una IVE, o si quieren información para una decisión más certera, estamos para acompañarlas a exigir que se respete ese derecho sin discriminación, y sin violencia. Les diría que no tengan vergüenza de decidir porque vergüenza tienen que tener quienes violan sus derechos y les hacen mendigar un aborto.
El diagnóstico es preocupante sobre el acceso a la IVE/ILE en Tucumán y en el país. En un contexto de retroceso en las políticas de género, las estrategias de resistencia, el acompañamiento territorial y el litigio estratégico aparecen como herramientas fundamentales para garantizar derechos que hoy están siendo atacados.
Mientras el Estado incumple sus propias leyes y deja a miles de personas sin respuestas, las redes feministas y organizaciones sostienen la lucha por el acceso al aborto seguro, legal y gratuito. En ese camino, la información y el acompañamiento siguen siendo claves para que quienes necesiten acceder a una interrupción del embarazo puedan hacerlo sin miedo, sin violencia y con la certeza de que es su derecho.
