El acceso al aborto legal en Argentina sigue siendo un campo de batalla, no solo en el Congreso o en los tribunales, sino también en los pasillos de los hospitales y centros de salud. En Tucumán, la situación es crítica: no hay medicación en el sistema público de salud.
Como hace tiempo no pasaba, desde fines de 2024 las voces de mujeres resuenan en busca de ayuda. Los teléfonos de activistas feministas no dejan de sonar. La Ley 27.610, que desde 2020 garantiza el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, parece desvanecerse en los pasillos de los hospitales públicos de la provincia, mientras una ola antiderechos inunda al país.
Relatos de un derecho vulnerado: cuando el sistema de salud no responde
Son decenas de testimonios. Con un test de embarazo positivo en mano y una economía familiar estallada por las políticas de ajuste, M., madre de dos hijos, acude al hospital del Este en Banda del Río Salí. Allí, la respuesta es fría: “No hay medicación disponible; tenes que comprarla en la farmacia”. El misoprostol, fármaco esencial para la IVE, tiene un precio que oscila entre los 160.000 pesos, una cifra inalcanzable para muchas.
Una joven de 19 años, estudiante universitaria, cuenta que en la Maternidad le otorgaron un turno para la intervención en marzo, a pesar de que su solicitud fue en diciembre. Aún sigue sin poder acceder a su derecho.
Y también llegan los abortos inseguros y las estafas. G. fue al CAPS cercano de su barrio, pero no le quisieron dar la receta. En la maternidad le dijeron que recién tenían turnos para marzo. Juntó plata y compró las pastillas en una farmacia de su barrio. Le vendieron solo dos y le indicaron una vía oral y otra vaginal. El tratamiento no hizo efecto porque la dosis recomendada por la OMS es de 12 comprimidos de misoprostol. G. continúa buscando ayuda, pero el Estado no responde.
L. apenas se enteró que estaba embrazada llamó a una amiga que es activista. “La decisión ya la tenía, pero no sabía qué hacer. Claramente, dentro de mis ideales, sabía que el sistema público me tenía que acompañar. Luché por eso“. La primera orientación la recibió a través de la Línea Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 0800-222-3444. “Me dijeron que tenía que ir a un CAPS determinado y que, si podía, llevara una ecografía para agilizar el proceso. Pero la llamada me resultó invasiva: me preguntaron sobre mi anticoncepción, si quería seguir tomando pastillas, si sabía cómo funcionaban. Me sentí juzgada. Y, además, era un hombre el que me hablaba. Me pareció violento“.
La atención que recibió en el CAPS fue diferente. “Me atendió excelente, con las palabras justas. Me dijo que el embarazo no era viable y que, si quería, podía esperar que mi cuerpo lo expulsara solo. Pero me dio la receta para el misoprostol“. Otra vez, debía comprarlo por su cuenta. Como si una persona que se tuviera que operar de apendicitis tuviera que ir a comprar su propia anestesia, el hilo, las gasas.
L. intentó que el sistema público le garantizara su derecho y fue a la Maternidad. “Me trataron muy mal. Me atendió una obstetra que me dijo que el embarazo podía pasar de no viable a viable. Me trató como si fuera tonta. Cuando le puse un límite, se enojó y me dijo que debía ir a las 6 de la mañana, porque solo en la mañana hacían la práctica“.
Al final, L. logró acceder al aborto gracias a redes feministas. “Si fuera por el sistema de salud, podría haber estado en riesgo“.
Hecha la ley, hecha la trampa
La ley es clara: el Estado debe garantizar el acceso gratuito y seguro a la ILE e IVE, sin demoras ni dilaciones. Durante el Gobierno de Milei, la distribución de medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo, como misoprostol y mifepristona, se redujo en un 100%, según datos analizados por Chequeado.
“Nación no manda y no va a mandar“, aseguran fuentes cercanas al sistema de Salud de Tucumán. En la provincia tampoco hay decisión política de comprar la medicación.
Actualmente, la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es Mara Pérez Reynoso, la sobrina de Patricia Bullrich. En Tucumán no le conocen la cara. Tampoco saben si desde el gobierno nacional garantizarán el acceso a anticonceptivos para este año. Lo que llega, llega a cuenta gotas. El gobierno de Osvaldo Jaldo autorizó la compra a nivel provincial, pero aún así hay mucha incertidumbre. “Vivimos en un mundo terrible. No creí que iba a volver a vivir esto“, manifiestan con preocupación profesionales del sistema de salud.
La Ley 27.610 es de orden público y aplicación obligatoria en todo el país, garantiza el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 y la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de embarazos producto de violencia sexual o que representan un riesgo para la salud o la vida (CSJN Fallo F.A.L.). Tucumán, como parte del Estado argentino, tiene la obligación de garantizar estos derechos sin restricciones ni dilaciones.
Organizaciones feministas y de derechos humanos denuncian que esta situación vulnera derechos fundamentales y perpetúa desigualdades. La falta de acceso al aborto legal no sólo pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres, sino que también las empuja hacia prácticas inseguras.
Desde ANDHES expresaron la profunda preocupación ante esta situación sanitaria que se vive en la provincia y señalan que hay una decisión política donde también tiene responsabilidad el gobierno tucumano por “obstaculizar el acceso a derechos en materia de salud sexual y (no) reproductiva, especialmente en la implementación de la Ley 27.610”. Desde la organización, denuncian que “este accionar, alineado con el del Gobierno Nacional que ha desfinanciado sistemáticamente programas y políticas públicas vinculada a género, implica un grave retroceso en clave de DDHH y salud pública, profundiza las barreras de acceso y expone a personas gestantes a mayores riesgos para su salud y su vida”.
Que sea el propio Estado el que obstruye o niega el acceso al aborto “constituye una barrera ilegal e inconstitucional y generan consecuencias legales que pueden derivar en la responsabilidad del Estado provincial y de sus funcionarios que podrían enfrentar denuncias por incumplimiento de deberes”. Por otro lado, las personas afectadas por estos incumplimientos pueden interponer recursos de amparo para exigir el cumplimiento del derecho, o demandar al Estado por daños y perjuicios.
“Desde abril del año pasado las partidas presupuestarias no se están enviando a las provincias. El Ministerio de Salud de Tucumán se estuvo haciendo cargo de la compra de misoprostol y mifepristona, pero a partir de agosto dicha compra se suspendió dejando a criterio de directores de hospitales la adquisición de los insumos necesarios para poder garantizar IVES e ILES en nuestras provincia”, manifiesta Laura Sánchez, referente en Tucumán de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.
ANDHES agrega que existen “compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos mediante los tratados internacionales con jerarquía constitucional, por lo que el incumplimiento de esta ley puede generar sanciones o advertencias de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas”.
El ataque hacia los derechos sexuales y (no) reproductivos es sistemático. “No es solamente la falta de mifepristona y misoprostol, sino también haber desarmado los equipos de educación sexual integral en el Ministerio de Educación, el desfinanciamiento del PLAN ENIA, el haber cortado el presupuesto para la adquisición de anticonceptivos”, agrega Laura.
Este 8 de marzo, la marea verde y violeta volverá a inundar las calles de Argentina. “Nuestra fuerza, nuestra capacidad de lucha es enorme y vamos a seguir exigiendo la implementación de la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Desde ANDHES pidieron información al Estado provincial sobre la implementación de la Ley 27.610 y evalúan la interposición de acciones judiciales a corto plazo. “A 4 años de la aprobación de la Ley, resulta importante recordar que cuando el Estado obstaculiza este derecho, expone y obliga apersonas gestantes a prácticas inseguras y clandestinas, poniendo en riesgo su salud y su vida perpetuando la brecha de injusticia y desigualdad”.
Según los últimos datos disponibles, entre enero y octubre de 2023, se realizaron 3.790 abortos legales en Tucumán. Hoy, con la falta de medicación y las trabas institucionales, miles de personas que podrían necesitar acceder a este derecho quedan desamparadas y en riesgo.
Mientras la libertad de unos pocos avanza, en algunos rincones del país, las mujeres siguen luchando por ejercer derechos ya conquistados.
