Se suman las denuncias por abuso sexual contra un ginecólogo de La Rioja

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Amparado en la clandestinidad del aborto, Héctor Lucero cometió decenas de abusos sexuales. El martes obtuvo prisión domiciliaria. Fue cesanteado del sistema público.

El reciente caso de “La China” demostró cuán rápida e implacable es la justicia para juzgar e incluso apresar a aquellas personas que sufren abortos espontáneos o eventos obstétricos. También que criminaliza a quienes se ocupan de acompañar con información certera la voluntad de abortar, como sucedió con las Socorristas en red de la provincia de Córdoba. Pero para quienes atentan contra las mujeres, ponen en riesgo su  vida o vulneran los derechos de las personas que quieren ejercer el derecho a la interrupción de un embarazo, la vara es otra.

Un claro ejemplo es el caso de Héctor Lucero, un ginecólogo riojano investigado por la justicia por abuso sexual con acceso carnal a raíz de las denuncias de mujeres que fueron sus pacientes. Aprovechando la clandestinidad que hasta 2020 hubo en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, el médico abusó sistemáticamente de varias pacientas.

Después de estar detenido tres meses en la alcaldía del Poder Judicial logró finalmente que el juez Ariel Sebastián Bacco, le otorgara la prisión domiciliaria este 4 de enero. La jueza Gisela Flamini, quien tiene a cargo la investigación del caso, había rechazado el pedido unos días antes.

Secreto a voces

Durante años, sólo en la agenda feminista hubo lugar para los testimonios de estas víctimas. Diversas organizaciones riojanas hicieron visible este material a través de intervenciones urbanas, durante manifestaciones y en las redes sociales. Los mensajes compartidos advertían sobre las diversas circunstancias de acoso y los abusos que vivieron las usuarias del sistema de salud en el consultorio de Lucero.

“Fue en septiembre de 2019. No quería seguir con mi embarazo. Desesperada busqué información y me dijeron que recurra a este doctor. Fui a una consulta con él en un sanatorio y me indicó unas pastillas que solo eran vía vaginal. Me dijo que sí o sí tenía que estar muy ‘mojada’ sino no iban a funcionar. Me dijo que si yo tenía pareja que me las coloque y si no que volviera y que él podía realizarme todos los pasos”, dice una de las víctimas.

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Foto: Alerta Feminista

De acuerdo a los testimonios, el médico brindaba falsa información sobre cómo efectuarse una interrupción. “Mi hemorragia era muy intensa. Él sacó un dibujo de un útero y con su marcador comenzó a explicarme qué me pasaba. Que había otra solución si no tenía la plata, que era tener relaciones anales y que él podía hacerlo”.

Los testimonios se complementan y todas relatan el horror que vivieron en el consultorio de Lucero. “En 2019, me habló de todo el procedimiento de aborto con pastillas que él me iba a introducir por la vagina. Sacó una imagen que ya tenía separada para explicarme que, si tenía relaciones anales con él o mi pareja, la pastilla tendría efecto”.

A partir de las denuncias, se calcula que en 2018 (mientras se debatía la legalidad del aborto) 3 de cada 30 mujeres que solicitaron acompañamiento para un aborto consultaron antes a Lucero. Los relatos datan incluso de 10 o 15 años atrás. Algunas de cuando eran adolescentes y hoy adultas se animan a exponerlos. “Fui cuando tenía 16 por una infección, me recetó óvulos pero antes me dijo que tenía que meterme un dedo para ver si entraban”.

En la mayoría de los testimonios, las mujeres cuentan cómo Lucero alentaba a que interrumpan los embarazos, les hablaba de cifras de dinero altas y ofrecía otra opción para solucionar la intervención. Todas tenían que ver con tener relaciones sexuales con él.

La denuncia

La primera delación en el fuero penal fue el 22 de septiembre. Una de las víctimas se acercó a la Secretaría de Mujeres y Diversidad provincial para denunciar la situación. El organismo ya había tenido contacto con otras víctimas. Sin embargo, según Carla Ballesteros, subsecretaria de Promoción y Protección Integral, fue ella la primera que pudo con el acompañamiento psicológico y el patrocinio legal, ratificar en sede judicial.

“Esta persona quería denunciar una situación grave de violencia psicológica y sexual. Buscamos la manera de no revictimizar. Acordamos que yo realizaría la denuncia y que ella la ratificaría. Después aparecieron otras que fueron a fiscalía” cuenta Ballestros.

Al día siguiente detuvieron al ginecólogo. Lucero no declaró y se negó a una pericia psicológica solicitada por la jueza Flamini, a cargo del Juzgado Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2.

“Hay temor por parte de las víctimas. Creo que hay cierto descreimiento de lo que puede llegar a hacer la justicia que hasta aquí estaba procediendo rápido. Este temor tiene que ver con lo privadísimo que es el impacto de la violencia sexual sumado al imaginario social respecto a la interrupción del embarazo. Si bien en la Rioja se garantiza el IVE, sigue habiendo resistencia por parte de la comunidad médica y también esta creencia que todo se hará público, por la invasión a la privacidad”, sostiene Flamini

En octubre llegó la segunda denuncia. Esta vez fue directamente a la Unidad Fiscal de Violencia de Género. De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación arroja que Lucero tenía un modus operandi conocido en el ambiente médico.

Desde el juzgado de Flamini esperaban regresar de la feria para tomar más testimoniales y luego resolver la situación procesal del imputado. En el Ministerio Público Fiscal esperaban testimonios de pacientas que aún no se animaron a denunciar.

En cuanto al sumario administrativo iniciado en el Ministerio de Salud provincial en marzo de 2022, tras la presentación de la Subsecretaría de Género se consiguió el decreto de cesantía definitiva de Lucero del sector público.

El valor de la ley

Con la aprobación de la Ley 27.610 (IVE), la línea telefónica de ayuda por violencia de género fue un recurso mediante el cual funcionarias del Municipio de la Capital de La Rioja tomaron conocimiento sobre graves hechos en los que Lucero estaba involucrado de forma directa. Así se logró la suspensión del médico en el sistema sanitario público y se inició una investigación administrativa, en marzo de 2022. En esta instancia declararon más de 12 funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares de la salud

Patricia Rippa, médica y subsecretaria de la capital riojana, en su presentación advirtió sobre la posible “connivencia o tolerancia del Estado” con estas prácticas vejatorias si no se adoptaban “medidas urgentes de prevención o protección a las mujeres”.

Hasta su detención, Lucero ejerció su cargo y continuó con su violencia sexual y psicológica. Surgieron nuevos casos denunciados por las propias pacientas. Al cierre de esta nota, el viernes 6 de enero de 2023, en la página llegaban nuevos testimonios a las redes sociales de Ni Una Menos La Rioja y Socorro Rosa La Rioja.

Un abusador en su casa

Las primeras que conocieron que el ginecólogo riojano Héctor Lucero consiguió la prisión domiciliaria fueron sus denunciantes. Estaba detenido hacía tres meses por abuso sexual con acceso carnal en concurso real. Una de las mujeres que declaró contra el ginecólogo se encontraba “aterrada, decepcionada por el rol de la justicia y con miedo” por esta nueva orden judicial.

La decisión fue tomada en plena feria judicial por Ariel Sebastián Bacco, juez transitorio de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, haciendo lugar al recurso de apelación presentado por los abogados del médico, quienes alegaban una cardiopatía.

A finales de diciembre, la jueza Gisela Flamini, que lleva adelante la instrucción del caso, rechazó este pedido. “Podía recibir un tratamiento sin necesidad de conceder ese beneficio de la domiciliaria”. En el ámbito administrativo iniciado se consiguió el decreto para su cesantía definitiva en el Ministerio de Salud provincial.

Objetor

Lucero se presentaba como objetor de conciencia en lo público, mientras realizaba interrupciones del embarazo en el sector privado. El registro de objetores es todavía un punto débil de la aplicación de la Ley 27.610.

Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino

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