Ley de Biocombustibles: visiones medioambientales y políticas

El próximo 12 de mayo vence la Ley Nacional de Biocombustibles (26.093) que regula el mercado interno de biodiesel y bioetanol. La misma no tendría acuerdo en el congreso, “a pesar” de los esfuerzos de los diputados Mario Leito y Pablo Yedlin, pero la norma lograría una prorroga por 90 días gracias a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por Alberto Fernández.

Para el ingeniero y comunicador socioambiental, Alejo di Risio, la falta de acuerdo en el recinto se debe a que entraron en juego “las presiones del agronegocio”.

“Los agrocombustibles se vuelven a alzar como la salvación, pero en la práctica retrasan la soberanía alimentaria y sostienen un modelo de desarrollo basado en exportación de monocultivos” explica Di Risio en su columna de Tierra Viva.

El 30 de octubre del 2020, el Senado le dio media sanción por “unanimidad” a una prórroga por cuatro años de la ley 26.093, que había sido impulsada por Néstor Kirchner, en el año 2006. La norma regula a los combustibles obtenidos a partir de aceites vegetales, la caña de azúcar entre ellas, por ello la intervención de los diputados tucumanos es tan prominente. El tratamiento de la Ley había sido pactado para el 20 de enero en Diputados, pero recién el jueves 25 de marzo, en una sesión especial convocada desde Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, llegó a la Cámara Baja.

Para llegar al quórum se precisaban 129 legisladores, pero sólo 114 estaban al momento de la sesión. “La unidad de los bloques partidarios no fue suficiente para superar las diferencias regionales en los intereses de las provincias. Esta falta de consenso es síntoma de la puja que atraviesan los agrocombustibles con el sector petrolero” analiza el Ingeniero.

Grietas productivas y políticas

La oposición tiene como objetivo mantener el régimen actual hasta poder lograr una eventual ley que beneficiara más al sector. El diez por ciento del gasoil en todo el territorio nacional debe estar compuesto por biodiesel proveniente de la soja. Esta cifra asciende al 12 por ciento para la nafta, cuya proporción debe provenir maíz o, en menor medida, caña de azúcar.

“Estos agrocombustibles son referidos por la industria como biocombustibles, para proyectar una falsa noción de promoción de la vida, pero en nuestro país su producción se concentra en 54 plantas que forman parte de la cadena de valor del agronegocio. La concentración más fuerte está en las provincias de Córdoba y Santa Fe, de mayor participación histórica, pero también hay empresas en Tucumán, Salta, Jujuy y San Luis” detalla Di Risio.

En una de sus visitas a Tucumán, Alberto Fernández se reunió con empresarios del sector azucarero y les prometió continuar el régimen vigente. Pero la aparición de un proyecto paralelo redactado por Máximo Kirchner en abril reavivo una interna que no sólo es política sino más bien sobre proyectos productivos de país. La iniciativa del jefe de bloque establece que para el gasoil el corte mínimo de biodiésel debe ser del cinco por ciento, en la actualidad es del 10%, aunque la Secretaría de Energía de la Nación podrá elevarlo o reducirlo hasta un piso del 3%. En el caso de las naftas, indica que deberá contener un porcentaje mínimo obligatorio de bioetanol de 12% igual que ahora. cambió las reglas del juego.

Además la propuesta de Kirchner establece que sólo podrán elaborar, almacenar y/o comercializar biocombustibles, o mezclarlos con combustibles fósiles en cualquier proporción, las empresas habilitadas; las productoras o destiladoras de hidrocarburos no pueden ser titulares ni tener participación fabricantes de biocombustibles. Las que produzcan biodiésel para el mercado interno no podrán exportar.

Si llega el DNU de Fernández prorrogando la ley, abrirá nuevas grietas entre las petroleras y los agropecuarios atravesando a los propios actores del Frente de Todos en un año electoral.

En tanto, la oposición encabezada por el gobierno cordobés de Juan Schiaretti acusan a las petroleras de boicotear al sector y que reclaman aumentos en el corte y sendas de precios que puedan dar previsibilidad al sector de agrocombustibles. Acompañando a esto, la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) defiende la industria azucarera, la cual ya está beneficiada con un corte para el etanol del 12 por ciento, con un dos por ciento exclusivamente destinado a ser cubierto por ingenios azucareros. “Este corte fue instaurado por la alianza Cambiemos en el marco del llamado Plan Belgrano, realizado luego de movilizaciones por el posible cierre de los ingenios azucareros durante 2017 y 2018” cuenta el ingeniero Di Risio.

Sin embargo, acá se presenta un nuevo escenario, los cordobeses apuntan a que existe un supuesto favoritismo hacia la caña de azúcar, y adjudican el rechazo al maíz como preferencias partidarias hacia el gobernador Manzur (al igual que la promesa de rentabilidad del presidente realizada en Tucumán).

Petroleros vs agroindustriales

El ingeniero especialista en medioambiente afirma que cuando abordamos estos múltiples enredos por la ley de biocombustibles sería más propicio hablar de “legisladores que responden a las élites del sector petrolero contra legisladores que responden a intereses del sector agroindustrial“.

“El principal punto en común en el reclamo del sector de agrocombustibles es el de certeza, la necesidad de previsibilidad. Esto responde simplemente a la condición inevitable para la inversión privada que el sector exige: renta extraordinaria. Y como el mercado del agronegocio se maneja con logísticas internacionales, el riesgo sobre las inversiones también es de magnitud global. Estos riesgos para las inversiones privadas dependen de factores tan complejos como el clima cambiante, el volumen de las cosechas o la capacidad de producción de otros países. Incluso entra en juego la demanda europea de combustibles que reduzcan sus emisiones de carbono, aunque esto signifique la expansión de la frontera del monocultivo sojero en países del sur geopolítico” observa Di Risio.

Por último el comunicador socioambiental explica que la “financiarización en el uso de la tierra y los cultivos es promovido como una intervención tecnológica beneficiosa, presentada como agregado de valor y promocionada como motor del desarrollo, solución al cambio climático e incluso a la crisis del petróleo, pero en la práctica resulta ser parte del problema. Es parte de mecanismos que obstaculizan el avance en proyectos y horizontes que avancen hacia la soberanía alimentaria y territorial de la población”.

“En un país que sigue sufriendo el hambre y la malnutrición, es necesario progresivamente desmercantilizar el sector agropecuario y fortalecer redes de agricultura familiar y agroecológica que provean de alimento saludable y trabajo real a una mayor porción de la población. En términos energéticos, la reducción en la demanda de energía de los cultivos agroecológicos, en comparación con la energía fósil utilizada por el agronegocio presenta una alternativa más justa, resiliente y sustentable que la de los agrocombustibles” concluye.