El cuarto juicio oral en la causa Lebbos llega a su etapa final con dos acusados por el homicidio y el encubrimiento de la joven universitaria asesinada en 2006. Tras 14 jornadas de debate, 41 testigos y una historia de impunidad que involucró a los más altos escalones del poder tucumano, el tribunal delibera.

Era la madrugada del 26 de febrero de 2006. Paulina Lebbos, de 23 años, estudiante de Comunicación Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, salió a festejar con su amiga Virginia Mercado. Había aprobado un final. Fueron a un boliche en la zona del ex Abasto, en San Miguel de Tucumán. Alrededor de las 6.30, las dos subieron a un remís color bordó. Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400. Paulina siguió viaje hacia la casa de su ex pareja. Nunca llegó.

Trece días después, el 11 de marzo, su cuerpo fue hallado al costado de la ruta provincial 341, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana, en Tapia. Desde ese momento, la causa comenzó a revelar algo mucho más grave que un crimen: una maquinaria de encubrimiento institucional que involucró a fiscales, comisarios, funcionarios de gobierno y hasta al entonces gobernador José Alperovich.

Una escena manipulada, una causa bloqueada

Cuando los agentes encontraron el cuerpo de Paulina, tardaron cuatro horas en avisarle al fiscal de turno. Lo que vino después fue sistemático: el lugar del hecho fue alterado, las primeras fotografías desaparecieron, las actas fueron adulteradas, las firmas falsificadas, los testigos amenazados. Gendarmería Nacional y la Policía Federal lo documentaron.

El primer fiscal, Alejandro Noguera, fue apartado de la causa tras una sorpresiva reunión con Alperovich. “Necesito ayuda para investigar”, declaró entonces, y no volvió al expediente. Lo reemplazó Carlos Albaca, quien durante los primeros siete años le negó al padre de Paulina, Alberto Lebbos, el acceso al expediente. Albaca terminaría siendo condenado por encubrimiento y renunciando a su cargo para acceder a la jubilación.

Cuatro juicios, nueve condenados y ninguno por el homicidio

La causa Lebbos es, en muchos sentidos, un espejo de cómo funciona la impunidad cuando el poder político la protege. En estos veinte años hubo cuatro instancias de juicio oral:

Primer juicio (2014): Condenó al comisario Enrique García, quien era jefe de la comisaría de Raco cuando apareció el cuerpo. También fueron condenados los agentes Manuel Yapura y Roberto Lencina, por falsificar actas y amenazar a los testigos que hallaron el cadáver.

Segundo (2018-2019): La Sala III de la Cámara Penal juzgó el encubrimiento a nivel político. Fueron condenados el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella (6 años), el ex jefe de Policía Hugo Sánchez (6 años), el ex subjefe Nicolás Barrera (5 años y medio) y el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Brito (5 años). En ese mismo juicio, el único imputado por el homicidio —Roberto Gómez— fue absuelto por el beneficio de la duda. Sin embargo, el tribunal ordenó investigar a cuatro nuevos señalados, entre ellos César Soto y Sergio Kaleñuk.

Tercer juicio (2021): Carlos Albaca fue condenado a seis años de prisión, luego de un juicio oral en el que un tribunal integrado por las juezas Fernanda Bähler y Wendy Kassar y el juez Raúl Cardozo lo declaró culpable por unanimidad del delito de encubrimiento agravado. 

Cuarto juicio (2026): El primero que pone en el banquillo a los señalados como responsables directos del asesinato.

Los acusados: el ex novio y el “hijo del poder”

César Soto, de 44 años, ex pareja de Paulina y padre de su hija —a quien nunca reconoció legalmente— es el principal acusado. La fiscalía sostiene que Paulina llegó esa madrugada al departamento de Soto en la calle Estados Unidos al 1250, que tuvieron una discusión y que él la asfixió con sus propias manos. La acusación describe cómo “aprovechando su preeminencia física y obrando con clara intención homicida, la tomó del cuello y la ahorcó con violencia durante el tiempo necesario para causarle la muerte”. El cuerpo, según la hipótesis fiscal, fue trasladado y arrojado a la vera de la ruta el mismo día.

La relación entre Soto y Paulina estaba marcada por la violencia. Testigos que luego se desdijeron habían declarado haber visto agresiones. Soto tenía vínculos con la barra brava de Atlético Tucumán y se dedicaba a la reventa de entradas. Alberto Lebbos lo señaló como principal sospechoso desde el mismo 27 de febrero de 2006, el día después de la desaparición. “Cuánto sufrimiento me hubiesen evitado si ese lunes, cuando llevé a César Soto a la Brigada de Investigaciones y dije que era el principal sospechoso, habrían hecho lo que tenían que hacer”, declaró el padre años después.

Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario privado del gobernador Alperovich, es acusado de encubrimiento. La fiscalía indica que colaboró en el traslado del cuerpo y en las maniobras posteriores de ocultamiento. El vínculo entre ambos hombres quedó registrado en los teléfonos: el día de la desaparición de Paulina, Soto y Kaleñuk mantuvieron comunicaciones telefónicas constantes. Kaleñuk era entonces directivo del club Atlético Tucumán, el nexo entre Soto y los círculos de poder.

En sus alegatos finales, el fiscal Carlos Sale pidió la prisión perpetua para Soto pero desistió de la acusación contra Sergio Kaleñuk alegando debilidad probatoria.

El debate oral: 14 jornadas, 41 testigos, décadas de contradicciones

El juicio comenzó el 9 de marzo de 2026 ante la Sala III de la Cámara Penal, integrada por los jueces Fabián Fradejas (quien preside), Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica. A lo largo de 14 jornadas declararon 41 testigos, además de incorporarse por lectura los testimonios de otras tres personas ya fallecidas.

El debate expuso lo que la investigación original quiso ocultar: contradicciones flagrantes en los testimonios, lagunas de memoria convenientes, presuntas manipulaciones en actas de los primeros momentos de la investigación y denuncias de presiones sobre declarantes en el antiguo Departamento de Informaciones. Las defensas —el defensor oficial Roque Araujo por Soto, y los abogados Patricio Char y Candela Álamo por Kaleñuk— centraron su estrategia en las debilidades de la instrucción original: la pérdida de pruebas clave que nunca pudieron recuperarse y el tiempo transcurrido sin cadena de custodia rigurosa.

El fiscal Carlos Sale tuvo que reconstruir la acusación sobre la base de indicios telefónicos, pericias sobre el cuerpo y testimonios que, en muchos casos, habían sido moldeados o retorcidos en la investigación inicial.

La carrera contra la prescripción

Uno de los capítulos más oscuros de este caso fue la carrera contra el reloj para evitar que prescribiera. En 2021, a 15 años del crimen, la causa estaba a horas de cerrarse definitivamente. La Corte Suprema provincial tardó casi dos años en resolver los planteos luego del juicio de 2019, y lo hizo cuando la prescripción era inminente. Fue el fiscal Carlos Sale quien, en una maniobra de última hora, imputó formalmente a Soto y Kaleñuk para congelar los tiempos procesales. Sin esa intervención, el caso habría prescripto sin que nadie fuera juzgado por matar a Paulina.

El padre de Paulina, Alberto Lebbos, lleva dos décadas denunciando que la maquinaria de impunidad no fue solo policial sino también judicial y legislativa. “Hubo una gran injerencia del poder político, judicial y legislativo para que no se llegue a la verdad y para proteger a los asesinos y encubridores del crimen de Paulina”, declaró tras confirmarse las condenas por encubrimiento.

Al cierre de este informe, comenzaron los alegatos finales. La fiscalía sostiene la condena de ambos acusados. Las defensas piden la absolución argumentando debilidades probatorias insalvables. La sentencia se espera en las próximas horas o días.

Para Alberto Lebbos y la familia, este momento representa el cierre de veinte años de marchas, denuncias, expedientes y batallas judiciales que convirtieron el caso en una bandera colectiva. Para Tucumán, la pregunta sigue siendo la misma desde aquella madrugada de 2006: ¿va a haber justicia por el crimen de Paulina? Pero ya no alcanza con eso. Hay otra, más incómoda y más profunda, que exige respuesta: ¿por qué se orquestó la impunidad?