Ya son más de 15 días desde que Lucas Aguilera y Paula Giménez fueron detenidos arbitrariamente en el este de Libia. Ambos son argentinos, periodistas de Nodal – Noticias de América Latina y el Caribe – y viajaron como voluntarios que integraban el Convoy Global Sumud Magreb de ayuda humanitaria con destino a Gaza.

Fueron 11 días sin información oficial, hasta que el pasado 4 de junio lograron establecer comunicación con sus familias, al igual que el resto de las personas detenidas. Desde entonces, no se han registrado avances que garanticen su liberación ni el acceso de organismos humanitarios independientes.

Entre las personas detenidas se encuentran también Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Domenico Centrone (Italia), Leonarda Alberizia (Italia), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez) y Jenelle Jones (Estados Unidos). Desde Nodal manifestaron que “la presencia de ciudadanos de América Latina, Europa, África y Estados Unidos convierte este caso en una preocupación humanitaria internacional que involucra a múltiples nacionalidades y requiere una respuesta urgente de los organismos competentes”.

Según relataron a sus familiares, permanecen aislados e incomunicados, sin contacto entre los propios detenidos. Asimismo, informaron que sostienen una huelga de hambre desde hace varios días como medida de protesta frente a su situación de privación arbitraria de libertad, aislamiento e incertidumbre. Algunos de ellos mantienen además una huelga seca, sin ingerir alimentos ni líquidos, lo que agrava de manera acelerada el riesgo para su salud, integridad física y vida.

De acuerdo con la información transmitida a sus familias, varios de los detenidos han sufrido desmayos, deterioro físico, pérdida de peso y debilidad extrema como consecuencia de la huelga de hambre. También denunciaron condiciones de aislamiento prolongado, incomunicación, incertidumbre permanente sobre su situación, presiones psicológicas, interrogatorios intensivos, hostigamiento y otras prácticas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

También manifestaron no contar con acceso pleno a asistencia jurídica ni con información suficiente sobre su situación procesal. A ello se suman condiciones incompatibles con estándares mínimos de trato humanitario, incluyendo la ausencia de condiciones adecuadas de higiene personal.

Según el testimonio difundido del voluntario Matías Álvarez de Uruguay, las y los voluntarios permanecen detenidos arbitrariamente en un complejo penitenciario aislado para civiles, administrado por el Ministerio del Interior y señalado localmente como un “black site” o centro de detención clandestino. La falta de supervisión independiente, de garantías mínimas y de acceso humanitario agrava la preocupación por su integridad física y psicológica.

De acuerdo con Global Sumud, las personas detenidas habrían sido informadas de una eventual comparecencia judicial, en un contexto atravesado por comunicaciones contradictorias, promesas reiteradas de liberación incumplidas y ausencia de información clara sobre su situación procesal.

Desde las organizaciones exigen “una visita humanitaria internacional inmediata e independiente que permita verificar sus condiciones de detención, constatar su estado de salud y garantizar su integridad física y psicológica. Del mismo modo, exigimos asistencia médica urgente y especializada para todas las y los voluntarios, particularmente frente a las consecuencias derivadas de la huelga de hambre y de la huelga seca en curso”.

Lucas Aguilera y Paula Giménez viajaron el pasado 24 de mayo para participar del Convoy Global Sumud Magreb, una iniciativa civil internacional destinada a acompañar el ingreso de ayuda humanitaria al pueblo palestino. Tras haber participado en instancias de negociación destinadas a garantizar el paso seguro de la asistencia humanitaria, ambos integraron el equipo encargado de dichas gestiones.

“La asistencia humanitaria no constituye delito y su criminalización resulta incompatible con los principios fundamentales del derecho internacional humanitario”, manifestaron desde NODAL.

Desde Nodal manifestaron que no obtuvieron respuestas por parte del Estado argentino y exigen a las cancillerías de los países involucrados, a Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a todos los organismos competentes “que intervengan de manera inmediata y activa para garantizar la protección de las personas detenidas y prevenir consecuencias irreparables para su salud e integridad”.

“La protección de ciudadanos argentinos detenidos en el exterior constituye una obligación indelegable del Estado argentino y requiere una respuesta acorde a la gravedad de los hechos conocidos hasta el momento”, expresaron.