Se trata del decimoquinto juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia de Tucumán, en el cual se juzga a 24 exmilitares y expolicías por crímenes cometidos contra 232 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Jefatura de Policía y en ex Ingenio Nueva Baviera durante el terrorismo de Estado.
El miércoles pasado en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, tuvo lugar el cierre de los alegatos y los pedidos de penas por parte del Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Pablo Camuña y Valentina García Salemi.
En esta oportunidad, la fiscalía solicitó prisión perpetua para los exmilitares Camilo Ángel Colotti, Ramón Ernesto Cooke, Mario Miguel D’ursi, Luis Edgardo Ocaranza y Augusto Leonardo Neme. En tanto, para José Roberto Abba pidió una pena de 15 años de prisión.
Pidió también prisión perpetua para los expolicías Ricardo Oscar Sánchez, Hugo Figueroa, María Luisa Acosta de Barraza, Miguel Ángel Chaile, Rolando Reyes Quintana, Guillermo Ugarte, Olga Aguilar de Porcelo, Mario Senco.
Además, solicitaron la pena de 15 años de prisión para Ramón Jodar; 14 años para Emilio Abec; 13 años de cárcel para Miguel Ángel Nieva, Segundo Benito Acosta, Luis Villacorta, Pablo Gregorio Zárate y Miguel Ángel Venturino; 10 años para Alberto Rivero; 8 años para Luis Rolando Ocaranza y 6 años para Juan Carlos Soria. Todos ellos también se desempeñaban como policías de la provincia de Tucumán.
Algunos de los delitos que se les imputan a los acusados de este juicio son: violaciones de domicilios, asociación ilícita, reducción a la servidumbre, privaciones ilegítimas de la libertad con apremios, torturas agravadas, abusos sexuales y homicidios calificados, cometidos principalmente en el centro clandestino de detención (CCD) Jefatura de Policía de Tucumán y a partir de la actuación del grupo del llamado Servicio de Informaciones Confidenciales (SIC) que operaba en ese lugar, y en el ex ingenio “Nueva Baviera” o Puesto de Comando Táctico, ubicado en Famaillá, en el sur de la provincia, y coordinado por el Ejército Argentino.
De las 232 víctimas, ochenta continúan desaparecidas, y sólo dieciocho fueron identificadas. Diecisiete de las identificaciones se produjeron en la fosa de inhumación clandestina Pozo de Vargas, y una en el cementerio de Choromoro, una localidad ubicada al norte de la provincia.
El Fiscal Pablo Camuña, argumentó el pedido de pena ante el tribunal integrado por la jueza Noel Costa y los jueces Jorge Basbus, y Federico Bothamley señalando que a lo largo del juicio han prestado testimonio víctimas y familiares, “cuando hacemos Memoria de lo que hemos escuchado nos acercamos al horror, a formas de violencia difíciles de expresar y aceptar, que se configura en el orden de lo indecible”.
En esa línea el fiscal sostuvo: “la falta de condena a los acusados de graves violaciones de derechos humanos lo único que hace es perpetuar esos crímenes, y es el cumplimiento de justicia lo que permite romper ese ciclo de impunidad“.
“La dañosidad que producen estos delitos en las víctimas es perdurable en el tiempo, tanto en las víctimas directas, como en sus familiares y en la comunidad. El daño se hereda a las siguientes generaciones y un claro ejemplo son los más de 200 niños y niñas apropiados, que viven con otra identidad”, añadió.
Camuña resaltó, que en los juicios de delitos de lesa humanidad se ha “podido ver una doble dimensión de lo sucedido. Por un lado, la perpetuación de la miseria de los victimarios, y por otro lado, la superioridad moral de las víctimas”.
“Nos genera admiración como ciudadanos del Estado argentino, que las víctimas y sus familiares quienes sufrieron estas barbaries han sido muy respetuosas. Aún aquellas que sufrieron, el mayor dolor: la desaparición de sus seres queridos, han pedido con el mayor de los respetos a los acusados que digan qué pasó con sus desaparecidos”, manifestó.
Luego la fiscal Valentina García Salemi dedicó un apartado de sus alegatos para referirse a los delitos sexuales.
“Son delitos contra la libertad de las mujeres sexual de mujeres, principalmente. Estos delitos se han visto corroborados por testimonios valientes de las víctimas producidos en este juicio y los de aquellas que ya fallecieron, cuyos testimonios fueron incorporados”, sostuvo la funcionaria judicial.
García Salemi manifestó la necesidad de señalar “que tras avances jurisprudenciales y varias discusiones en debates públicos, como este, se ha establecido como doctrina pacífica y jurisprudencia, que determina que los delitos sexuales sufridos por las víctimas de delitos de lesa humanidad no son parte de la tortura, sino delitos de lesa humanidad autónomos en sí mismo. Y como tales no deben quedar desdibujados”.
Y agregó “estos tipos de delitos violentaron un bien jurídico específico, distinto al bien protegido en los delitos de tortura. Avasallaron el bien jurídico de la libertad sexual, que antes mal se conocía como delitos contra la honestidad”.
La fiscal indicó que son “ocho los casos de abusos sexuales probados en este debate, siete de ellos corresponden a mujeres y uno a un hombre. Cada uno estos casos formaron parte del ataque sistemático contra la población civil, es por eso que se consideran delitos de lesa humanidad”.
Además, pidió al tribunal que siete de los ocho casos, sean considerados “como violaciones de derechos humanos específicos de mujeres y de niñas, ya que dos de las víctimas abusadas eran niñas cuando sucedieron los hechos”.
En ese sentido, la fiscal se refirió a la necesidad de “un enfoque de género por parte los jueces a la hora de evaluar los casos en los que se cometieron delitos sexuales, que ya estuvo presente en la sentencia del juicio Villa Urquiza”, el cual tuvo lugar en la provincia en el año 2014.
Por otra parte, el MPF aclaró que, de las 232 víctimas de este juicio, presentó acusación por 229, ya que tres de ellas fueron abordadas por lo que se conoce como Derecho a la Verdad.
García Salemi explicó que “en este juicio obran tres casos cuyos hechos ilícitos sufridos por las víctimas sobrevivientes se lograron probar a lo largo de las audiencias, pero no se puede realizar una acusación debido a que los imputados fallecieron mientras se llevaba adelante el debate”.
Si embargo “por el Derecho a la Verdad, derecho autónomo, consagrado frente a graves violaciones de derechos humanos”, la fiscal detalló cada uno de los casos que tuvo como víctimas a María Celia González, Miguel Ángel Zalazar y Santos José Fermín Gallardo.
González, Zalazar y Gallardo prestaron declaración en este juicio entre el año pasado y este año, “su testimonio junto al de otros testigos, sumado a pruebas documentales y la lista extraída del centro clandestino de detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán, aportaron pruebas suficientes que permitieron probar los hechos de los que fueron víctimas”, detalló.
El Estado Argentino reconoció en el año 2000 y aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el derecho a la verdad consiste en “el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas. Es una obligación de medios, no de resultados, que se mantiene en tanto no se alcancen los resultados, en forma imprescriptible”.
Por último, la fiscalía resaltó “que todos los delitos que se escucharon a lo largo de este juicio constituyen delitos de lesa humanidad, los mismos se cometieron en un contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, con conocimiento de dicho ataque por parte de quienes lo llevaban adelante”.
Este juicio constituye la tercera parte del universo procesal de la megacausa “Jefatura de Policía de Tucumán”. A lo largo de las audiencias declararon 213 testigos, se incorporaron 75 testimonios de otros juicios y otros 90 por lectura. En cuanto a la prueba documental: se presentaron 107 habeas corpus, 67 legajos de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), 86 legajos de la Bicameral legislativa tucumana (creada para investigar estos delitos), 50 denuncias presentadas en organismos internacionales de derechos humanos, instituciones religiosas, etc, 17 denuncias en instancias del poder Ejecutivo y documentación extraída del CCD Jefatura de Policía.
El debate continuará el 20 de agosto con los alegatos de la querella representada por el abogado Pablo Gargiulo.
