Por Carla Perelló para El Destape
La noticia corrió rápidamente por los medios: una organización antiaborto intentó obturar el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 12 años, víctima de abuso sexual intrafamiliar en Santa Fe. No fue su primer accionar. Grávida es financiada por grupos católicos y tiene como referente al hijo de un represor de la última dictadura militar condenado. La organización cuenta con sedes y colaboradores en todo el país.
“El Estado provincial va a poner en conocimiento a la Justicia de toda la información que disponemos sobre la niña y la madre”, informó a El Destape la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto regional Santa Fe exigen que el Estado investigue.
“Desconozco si hay denuncias contra esta organización o contra estas personas. Lo que va a hacer el Estado provincial es poner en conocimiento a la Justicia de toda la información a disposición sobre la niña y la madre”, dijo ante este medio Marinaro. La ministra aclaró que el proceso se da de esta manera debido a que el Estado, en este caso, “no es víctima, sino que lo hace en el marco de una intervención” de la que es parte -para acompañar a la niña y a la madre en el procedimiento-. Por eso, será el Poder Judicial el que determine si se pone en marcha un proceso de denuncia en contra de Grávida.
Según contó, la alerta por el paradero de la niña y de la madre se encendió una vez que dejaron de responder los mensajes de la trabajadora social que hacía la articulación interestatal y cuando le informaron que no asistirían al hospital para efectuar la intervención que ya estaba pautada. En ese momento, se puso en conocimiento al área de niñez de la provincia. Ambas, se presume, fueron encontradas en una institución católica perteneciente a Grávida, en la capital provincial -a 122 kilómetros de donde viven- luego de medidas urgentes de excepción para poder trabajar con la autonomía y el consentimiento que ya había sido expresado por la niña.
“El Estado tiene que garantizar y respetar los derechos de la niña y de su mamá y con la Justicia trabajar para que se haga responsable al abusador. El eje está puesto en protegerla a ella, respetar su consentimiento, autonomía y derechos como lo plantean los tratados internacionales y nuestras leyes”, especificó la funcionaria. Por su parte, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto regional de Santa Fe repudiaron los hechos y exigieron una investigación: “Queremos saber cómo se acerca Grávida a la niña, cómo llega a Santa Fe, dónde estuvo, en qué condiciones, para saber si hubo algún ilícito, porque se podría estar tratando de una privación ilegítima de la libertad”, especificó a El Destape la integrante de la Campaña, Mariángeles Guerrero.
¿Cómo funcionan las organizaciones antiaborto en el país y en América Latina?
Entre 2020 y 2021, dos investigaciones realizadas por OpenDemocracy y, otra, con el apoyo International Women’s Media Foundation (IWMF), revelaron distintas prácticas que utilizan las organizaciones antiaborto en la región para abordar a mujeres embarazadas que busquen abortar. La desinformación y el ofrecimiento de recursos son dos de los principales métodos que tienen en común.
Los mecanismos son variados. Uno, por ejemplo, quedó expuesto también por Grávida en 2016. En aquel momento, María Belén Catalano, psicóloga de la organización, se infiltró en el equipo de salud del Hospital Iturraspe para obstaculizar la decisión, también, de una niña de 12 años, en ese caso discapacitada. El Colegio de Psicólogos de Santa Fe la denunció y le quitaron la matrícula. Según informó el diario Uno, se espera una sentencia sobre el caso.
También, cuentan con otra opción, mencionada en la misma página de la organización. Le dicen “salir al encuentro” de mujeres “en situación de vulnerabilidad”. “Consiste en salir a buscar mujeres que están embarazadas que decidieron abortar, las abordan, les dan información falsa desde el punto de vista legal y médico, les prometen dinero, entre otras cuestiones, con el único objetivo de que lleven a término el embarazo”, aclaró Guerrero, de la Campaña. De esa manera, indicó “afectan la autonomía en relación a los derechos sexuales para la decisión al tener información que no es verídica”.
Guerrero, además, contó que post aprobación de la ley 27.610, de interrupción legal del embarazo, han tenido situaciones en las que algunas personas se acercaron a la Campaña contando que llegaron a algunas organizaciones que se presentan como “socorristas” -organización que acompaña abortos- que las maltrataron, las hostigaron o hasta les dijeron que “se van a morir” si se hacen un aborto. “Hablan de las ‘heridas del aborto’ ¿A qué se refieren? Que lo clarifiquen porque van en contra del discurso estatal garante de derechos”, reclamó la activista por los derechos sexuales y (no) reproductivos.
Para contrarrestar los discursos y las acciones antiderechos, la Campaña trabaja hace más de 15 años. Primero, por la aprobación de la ley, que finalmente sucedió hace dos años en Argentina. Y, desde entonces, monitorean su cumplimiento, exigen al Estado campañas de difusión e información así como la producción y distribución de los medicamentos como el misoprostol y la mifepristona –para abortos medicamentosos-, que estará este año para la venta por parte del Laboratorio Industrial Farmacéutico.
¿Qué es Grávida?
En su presentación, la organización se define como “un servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable en la República Argentina”. Tiene 69 sedes en 19 provincias y colaboradores en todo el país. Las mujeres que van a encontrar -asumen- fueron “sorprendidas” por un “embarazo inesperado”. En ningún momento hacen referencia al abuso sexual, tampoco al consentimiento, a derechos ni a la posibilidad de decidir no ser madres o gestar. Lo que se sabe sobre su accionar es a través de la investigación periodística o realizada por militantes o por situaciones como la de esta semana que las exponen.
“Amor en acción” es el spot con que el que, pareciera, buscan concientizar al respecto de la decisión de abortar. Allí, se puede ver cómo una adolescente y una mujer en sus 30 se enteran que están embarazadas. Primero se las ve tristes, luego desesperadas. “Un embarazo puede llegar en mal momento”, dicen y especifican: “Pobreza, violencia o desamparo”. Las mujeres se cruzan con un folleto, se comunican con la organización, se encuentran con algunx de sus referentes, se las ve más contentas y con luz en la cara. Acto seguido, las mujeres reciben una caja con pañales y ropa.
Si se busca un poco más, se puede encontrar que Grávida se define como un “proyecto pastoral” que se realiza con la “colaboración” del Comité para Intervención Caritativa a Favor del Tercer Mundo (CEI), la Comisión Episcopal de ADVENIAT para los pueblos de América Latina y el Caribe, la Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) y Subcomité de Obispos para la Iglesia en América Latina (USCCB). Según informó el portal Santa Fe Plus, en la Universidad Católica local participaron del “Ciclo de Conferencias de Promoción y Protección de la Vida Humana desde la Concepción” donde tuvieron a cargo una charla sobre “Estrategias de abordaje: la mamá en conflicto con su embarazo”. Emilio Perizzotti, su principal referente, es quien estuvo a cargo de aquel conversatorio.
Por una entrevista que él mismo dio en 2014, se puede ver cómo mutó el discurso con el correr del tiempo. Previo a la ola verde desatada con mayor fuerza de 2015 en adelante, el mensaje, era mucho más directo: “Ya hemos ayudado a nacer a 100 bebés, que estuvieron a punto de ser abortados”, dijo en una entrevista radial en Sol915, cuando la organización cumplió 10 años.
A lo que apuntan, especificó en ese momento, es a “recomponer el vínculo con su hijo, dedicándonos de lleno a ella, revalorizando su rol como mujer”. Bajo esos preconceptos que cierran y dejan de lado la autonomía de las mujeres, que excluye a otros géneros y es prejuiciosa, es que trabajan.
El hijo del represor
Juan Calixto Perizzotti, padre de Emilio, es el genocida más sentenciado en Santa Fe por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Fue juzgado y condenado en cinco juicios y falleció, en 2019, cuando cursaba el sexto.
Perizzotti padre fue el jefe del mayor centro clandestino de detención del Ejército que operó en la Guardia de infantería Reforzada (GIR) -dependencia policial en la provincia- por el que pasaron centenares de militantes políticos, adolescentes y niñes. Fue él quien le dijo a Silvia Suppo -militante política y social detenida y secuestrada durante la dictadura y una de las impulsoras de la Mega Causa Rafaela- que había que “reparar el error” cuando se enteró que estaba embarazada tras haber sido abusada en otro chupadero al que llamaban “La Casita”.
Perizzotti padre ordenó el “aborto forzoso” y, en 2018, se convirtió en el primer represor de la Argentina condenado por ese delito. Entre otros puntos, la Justicia consideró la violencia diferencial a la que fueron sometidas las mujeres secuestradas y, al hecho al que ella fue sometida, como una “modalidad de tortura de género”. Silvia tenía 17 años.
