Durante siete años, el expediente en la investigación del crimen de Paulina Lebbos se mantuvo con secreto de sumario, completamente paralizado. Mientras su padre, Alberto Lebbos, recorría una y otra vez los pasillos de Tribunales buscando respuestas, el fiscal Carlos Albaca procuraba que la verdad no salga a la luz. Hoy, a más de 15 años del crimen que marcó a la provincia, Albaca deberá dar respuestas en el juicio que enfrenta por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El ex fiscal llega acusado, entre otros, por los siguientes hechos: no realizar las pericias de ADN del material genético hallado en el cuerpo de la víctima, no haber encargado los cruces de llamadas telefónicas, no haber perseguido ni investigado a ningún acusado, ordenar medidas que no concluyeron en siete años y ocasionar perdida de material probatorio.
Buen día. Comienza el juicio contra el ex fiscal Carlos Albaca por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Estuvo a cargo de la causa Paulina durante 7 años, sin mostrarla y sin realizar pericias clave. pic.twitter.com/k8mQRbrwfL
— Juicio Paulina Lebbos (@JuicioLebbos) November 23, 2021
Otro de los hechos más graves que se le imputan a Albaca es que, sabiendo que el celular de Paulina seguía siendo usado por alguien, jamás averiguó por quién, ni dónde estaba. El teléfono de Paulina siguió funcionando hasta 2011, cinco años después del crimen. Sobre el material genético recolectado, el cabello que fue hallado en la pollera de la víctima permanecieron durante siete años sin peritar. Recién en 2013 Albaca ordenó su cotejo pero el material genético ya estaba degradado.
Al respecto, en la segunda jornada del juicio declaró Lilia Moyano, ex jefa del laboratorio de toxicología de la Policía. La mujer ratificó que en 2006 recomendó a la Fiscalia realizar pruebas de ADN a los pelos hallados en el cuerpo de Paulina. La científica confirmó que Albaca no le pidió hacer nada con las muestras biológicas que tenían resguardadas.
El tribunal está compuesto por Raúl Armando Cardozo, María Fernanda Bahler (presidenta) y Wendy Kassar.
La fiscalía está representada por Gerardo Salas, mientras que la querella, en este tercer juicio, está ejercida por Victoria, su hija, representada por la abogada Soledad Deza. Albaca, por su parte, asumió su codefensa junto a su abogado, Macario Santamarina.
En la tercera audiencia del juicio, declaró Emilio Ángel Salazar, ex Secretario del fiscal. Ante el tribunal, se mostró reticente a dar información. Desde la fiscalía y la querella se solicitó que se lo investigue por falso testimonio.
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Encuebrimiento y revictimización
Albaca estuvo a cargo de la investigación desde fines de abril de 2006. Su antecesor, Alejandro Noguera, fue apartado de la causa luego de haber sido fotografiado saliendo de la casa del entonces gobernador José Alperovich (“Fui a pedirle ayuda”, arguyó). La primera medida de Albaca fue dictar el secreto de sumario, medida que se mantuvo durante siete años.
En 2013 la Nación designó a Bernardo Lobo Bugeau para que informara sobre sobre la actuación de Albaca. Las numerosas fallas y entorpecimientos en la investigación fueron presión suficiente para que el expediente gire a Diego López Ávila.
Hasta el día de hoy se desconoce cómo y dónde murió. Una de las hipótesis sostenía que la joven de 23 años murió en una fiesta privada vinculada a los “hijos del poder”, donde estuvieron vinculados Gabriel Alperovich, hijo del ex gobernador, y Sergio Kaleñuk, hijo de un secretario del gobierno alperovichista.
En diciembre de 2013 Albaca puso en duda que Paulina haya sido asesinada y apuntó contra la víctima. En un descargo, el fiscal sostuvo que existían tres hipótesis sobre la muerte de Paulina, 1) un ataque de asma combinado con el consumo de alcohol y, eventualmente, de sustancias tóxicas; 2) la práctica de la autoasfixia durante la masturbación y 3) la práctica de la asfixia con una pareja. “Lebbos tenía tendencia a las relaciones sexuales casuales (…), en ocasiones era ‘intrépida’ (…) y capaz de emprender acciones temerarias. Predominaba en ella el ánimo depresivo y casi nada la hacía sentir bien”, afirmaba en el escrito.
Acorralado por los pedidos de juicio político, Albaca optó por una jubilación. Para ello presentó su renuncia para acogerse a la jubilación con el 82% móvil, renuncia aceptada por Alperovich.
Impunidad
Se trata del tercer juicio por el encubrimiento del crimen de Paulina. El 26 de febrero de 2019 se conoció la sentencia del segundo juicio, donde lejos de arrojar claridad sobre lo qué sucedió con Paulina, el proceso judicial abrió nuevos interrogantes y una nueva investigación a cargo del mismo fiscal, Diego López Ávila.
El proceso judicial dejó al descubierto las complicidades del poder policial y de funcionarios estatales. Cuatro funcionarios de la gestión del ex gobernador José Alperovich fueron condenados como co-autores voluntarios y responsables de encubrir el crimen de Paulina Lebbos.
El ex ministro de seguridad Eduardo Oscar Di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Raúl Sánchez, el ex subjefe de Policía Luis Nicolás Barrera y el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito, falsificaron instrumentos públicos, abusando de su autoridad, agravado por haber sido funcionarios del Estado.
El 19 de diciembre de 2013 se dio la primer sentencia por el encubrimiento del crimen, condenando al comisario Enrique García (jefe del destacamento) a cinco años de prisión, a Manuel Yapura a cuatro años y a Roberto Lencina a dos, por encontrarlos culpables de haber falsificado actas del procedimiento.
Aunque no existen pruebas determinantes que confirmen la intervención de los “hijos del poder” en el crimen, al menos cinco ex funcionarios provinciales fueron condenados por maniobras de encubrimiento y se confirmó en los dos juicios anteriores que la policía alteró la escena del crimen, movió el cadáver, destruyeron pruebas genéticas, adulteraron las actas de procedimiento y amenazaron testigos.
