Género y Diversidad

Femicidio de Lucía Juárez: Alegatos feministas contra la justicia patriarcal

La Justicia condenó a Lorena Frenoux, y su pareja, Ezequiel Adra a cadena perpetua por el femicidio de Lucía Juárez, hija de Frenoux. El camino no fue fácil. Maisabé Juárez, hermana de Lucía, y Luciana Gramaglio, abogada querellante en la causa, narran los obstáculos y demoras de la burocracia judicial, la ausencia del Estado y las redes feministas que las sostuvieron.

“Teníamos miedo que queden libres”. El temor a la impunidad recorrió el cuerpo de Maisabé Juárez durante tres años. Finalmente, el jueves pasado, el tribunal conformado por Eduardo Romero Lascano, Alicia Freidenberg y Raúl Armando Cardozo, condenó a su madre Lorena Frenoux, y su pareja, Ezequiel Adra, a cadena perpetua por el femicidio de su hermana Lucía Juárez.

“Lo que no se nombra no existe y la violencia contra las mujeres no puede seguir invisibilizándose”, sostuvo la abogada querellante Luciana Gramaglio durante los alegatos al reiterar el pedido de que se juzgue el crimen como “homicidio agravado por mediar violencia de género”.

Lucía fue asesinada el 7 de diciembre de 2017 en el barrio San Cayetano, al sureste de la capital. En el juicio se pudo determinar que murió asfixiada. Adra y Frenoux enterraron el cuerpo de la joven y lo prendieron fuego junto a una pila de basura. El cuerpo fue hallado calcinado y desmembrado por la policía.

La saña con la que se asesinó a Lucía, la violencia previa, los intentos por encubrir el crimen, el desinterés que mostró su madre en los días siguientes de haber asesinado a su hija, fueron los argumentos que utilizó la querella para instar al tribunal a calificar al crimen como un femicidio y condenar de la pena máxima para los imputados. Todo ello fue demostrado en el juicio que demoró en llegar 1095 días y que se resolvió en sólo dos.

La ausencia de Lucía y del Estado

Maisabé tiene 24 años. Desde los 21 que quedó a cargo de sus hermanos, de 20, 15 y 10, y de su sobrina, hija de Lucía, que cumplió seis años en diciembre. El grupo familiar se agrandó en 2019 cuando Maisabé fue mamá de una nena. 

Conseguir la tutela de los menores fue un peregrinaje. En todo momento Maisabé percibió las falencias del Estado y la ausencia de todos los organismos que deberían haber intervenido. La misma noche en la que el cuerpo de Lucía fue hallado, ningún juez de menores se hizo presente para supervisar cuál sería el destino de las niñas y el niño. 

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia también estuvo ausente y fue Maisabé quien se acercó para regularizar la situación familiar y buscar ayuda luego de que su madre terminara presa por asesinar a su hermana. Una y otra vez tuvieron que hacerse presentes en la institución, ubicada en Piedras y 9 de Julio, porque la Dirección no contaba con móviles para realizar las visitas correspondientes. Sumado a eso, la trabajadora social que les había tocado se enfermó y nunca fue reemplazada. 

Volver a casa fue imposible. Los recuerdos la invadían, y el solo hecho de imaginarse lo que había vivido Lucía esa noche la paralizaba. Otra de sus hermanas comenzó a tener desmayos recurrentes. Fue gracias a la solidaridad de vecinos, amigos, amigas y organizaciones sociales que lograron, de a poco y con mucho esfuerzo, construir una casa en un terreno que un pariente les cedió. 

Acceder a la Ley Brisa fue otra peregrinación burocrática. Aunque en un primer momento la causa fue caratulada como “homicidio agravado por mediar violencia de género”, la fiscal Mariana Rivadeneira desestimó el agravante. Éste fue uno de los motivos que entorpeció que la hija de Lucía pudiera acceder a lareparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género.

Fueron las redes que se tejieron desde la querella, conformada por una abogada feminista, que permitieron generar diferentes estrategias que marcarían la diferencia en este caso. Entre ellas, Gramaglio planteó el caso de Lucía ante el Instituto Nacional de la Mujer (ahora devenido en Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad), quienes realizaron una presentación al Ministerio Público Fiscal diciendo que este caso se debía caratular como femicidio. Con ese amicus, con la primera carátula con la que se obtuvo la prisión preventiva, después de dos años,  lograron que la Anses brinde la asistencia. “Todo fue gestión y burocracia”, confirma Gramaglio.

Sobre el juicio

“Parecía que nos estaban juzgando a nosotras”, dice Maisabé sobre lo vivido en el debate oral  junto a sus hermanas y hermanos. “En un momento el juez preguntó por qué ninguna de las hermanas había realizado alguna denuncia previa. Nos echaban la culpa a nosotras”.

Resultó notorio además, la falta de seriedad en el proceso judicial. Risas, amiguismos y complicidades entre el tribunal y las defensas pudieron evidenciar las más de 50 personas que seguían atentas el juicio. Pero sobre todo, calaron hondo en la familia de Lucía. “Sentíamos que el juez Romero Lascano se burlaba de mi hermana”. 

A pesar que la normativa vigente establece la obligatoriedad de capacitaciones sobre perspectiva de género en los tres poderes del Estado, aún sigue siendo una falencia el tratamiento de jueces, fiscales y defensores oficiales a las víctimas y familiares de víctimas de violencia de género durante el proceso judicial.

“El desgaste y el maltrato son una constante en el poder judicial para las víctimas”, sostiene Gramaglio. “La hostilidad que hubo en las preguntas, la falta de empatía que hay por parte de los jueces, de la fiscalía con las víctimas de violencia. Cuando hablamos de que todas las personas tienen que denunciar, nos estamos olvidando que tenemos un Poder Judicial que es hostil, que es bastante violento, entonces no es fácil para quien denuncia poder seguir un proceso judicial. Y no hablamos de perspectiva de género, hablamos de humanidad, de empatía”. 

De hecho, el Poder Judicial se encuentra en el ojo de la tormenta, en especial desde el femicidio de Paola Tacacho, quien denunció 13 veces a quien terminó asesinándola. 

Poder batallar estas situaciones requiere de estrategias de visibilización. “El poder judicial siempre actúa en la oscuridad, por lo general no hay muchas personas viendo los juicios. El hecho de que Ni Una Menos, periodistas, compañeras, y toda la gente que acompañó el juicio, puso cierto orden porque estaban siendo observados. Parece que se olvidaran que están tratando con personas, son meros expedientes.”

“Vamos por partes, dijo Jack”. Refiriéndose a Jack el Destripador, comenzó sus alegatos la abogada María Marta Contreras Cuenca, defensora oficial de Frenoux, en un crimen donde el cuerpo de la víctima apareció desmembrada. Durante el interrogatorio a las hermanas de la víctima, realizó preguntas revictimizantes que buscaban indagar sobre la intimidad de Lucía, y el presidente del tribunal Romero Lascano permitió que continuaran.

Maisabé sabía que era posible que la defensa realizara este tipo de preguntas. Pero ella estaba preparada. “En un momento me empezó a preguntar si Lucia mantenía relaciones sexuales con sus novios. Le dije que no me parecía apropiado porque no estábamos juzgando la vida privada de ella, sino que estábamos juzgando a quienes  le privaron su vida. Le quitaron su derecho a la vida. No me parecía que la estén juzgando a ella”. 

Contreras Cuenca sostuvo durante todo el juicio que cada pregunta iba a ser justificada al momento de realizar los alegatos. Para Maisabé esa pregunta nunca encontró una justificación más que la revictimización de su hermana. “Nunca me mostró su punto”.

“La defensa no puede seguir preguntando sobre la intimidad de la víctima, menos en estos casos. Todos los magistrados tienen la responsabilidad, así como hacen cursos, posgrados, especializaciones, de cumplir con la ley, como la Ley Micaela y la Ley de Protección a las Víctimas. La defensa, por más que sea de una persona que esta siendo acusada por un femicidio, no puede ser desarrollada lesionando esas garantías”, agrega Gramaglio. 

Alegatos feministas contra la Justicia patriarcal 

Según los datos de femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2017 hubo 251 femicidios pero no eran 251. “Son 252”, dice la querella. “Lo que se no se nombra no existe, y la violencia contra las mujeres no puede munca mas ser invisibilizada o negada”. 

“Estamos buscando justicia para Lucia Juarez, pero también en su nombre están representadas todas aquellas mujeres asesinadas solo por el hecho de ser mujeres, todas esas mujeres víctimas de la violencia machista”, dice Gramaglio en sus alegatos.

La lectura de los hechos en clave feminista marcaron la diferencia para esa familia y todo el público que seguía atento el desarrollo del juicio. Expuso con argumentos técnicos, legales y teóricos por qué se consideraba un femicidio, brindando una capacitación express a jueces y funcionarios judiciales presentesl que durante el primer día mostraron poca seriedad y compromiso. 

“El término femicidio tiene un fuerte impacto simbólico al visibilizar el elemento distintivo y característico del delito de femicidio, que es la violencia de género”, dice y señala cómo fue encontrado el cuerpo de Lucía: “fue calcinado y enterrado junto a la basura. Como si fuera un objeto más”. 

El fin del peregrinaje judicial terminó

“Felicidad”, afirma Maisabé que sintió cuando escuchó el fallo. “Al fin nos escucharon y mi hermana va a poder descansar más tranquila y sabe que los asesinos están encarcelados. Se que no es suficiente porque una muerte así no tiene condena posible. Porque su hija ya no tiene  a su mamá, pregunta por ella y ninguna condena se la va a devolver”.

“Seguir adelante”, es lo que piensa Maisabé. Que sus hermanas crezcan bien, que la violencia este lejos de las vidas de esas niñas que están creciendo. “Sin la costumbre del maltrato y el insulto constante. Que crezcan bien, que no se vean obligados a hacer cosas que no quieren. Ese es el proyecto”.

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