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Aborto

En la Quebrada de Humahuaca las mujeres también abortan

Con el objetivo de conocer cómo trabajan lejos de las ciudades los derechos sexuales de las mujeres y personas gestantes, desde La Nota, dialogamos con la psicóloga Soledad Giarguilo, trabajadora del Hospital de Maimará en la Quebrada de Humauaca, Jujuy.

Durante el debate sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del embarazo expusieron muchos profesionales con décadas de experiencia en el tema. Sin embargo, el tratamiento mediático de ciertos sectores intenta continuamente debatir como si se tratara de algo nuevo y de una decisión ideológica arbitraria de unas feministas, mostradas como caricaturas construidas desde los sectores conservadores.

Distintos representantes políticos del NOA hicieron uso también de esas caricaturas, con las que se representa al pueblo de norte argentino, para declarar a provincias y municipios “pro vida”. El objetivo parecería radicar en mostrar al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo como un tema de la ciudad, una idea de las porteñas, que nada tiene que ver con lo que viven, quieren y necesitan las mujeres y personas gestantes de Tucumán, Salta o Jujuy. A veces este discurso lo gana la disputa mediática, pero la realidad que viven miles de norteñas vinculada al aborto es latente e incluso palpable y de ninguna manera puede ser negada.

La Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003) marca un punto de inflexión en el modo en que el Estado Argentino debe tratar los temas vinculados a la sexualidad. Entender que las personas tenemos derechos sexuales y derechos reproductivos forma parte de un cambio de visión que a nivel mundial se dio durante gran parte del siglo XX. La salud pública argentina realizó algunos cambios para garantizar el acceso a la información y, en el caso específico del Ministerio de Salud, a la posibilidad de elegir métodos anticonceptivos y acceso a la Interrupción Legal del Embarazo que marca el Código Penal desde 1.921 como causalidad de no-punibilidad.

-¿Cuánto tiempo llevás trabajando en Maimará?
“Vivo en la quebrada de Humahuaca hace 17 años y trabajo cotidianamente en el hospital de Maimara hace 8 años. Además de hacer trabajo en atención primaria, con un grupo de personas conformamos una consejería integral en Salud Sexual y Reproductiva”.

-¿Cómo y por qué surgió la consejería?
“En 2012 desde Jujuy firmaron la adhesión a la Guía Técnica Nacional de aborto no punible. Desde ese entonces comenzó un proceso de organización que tiene como objetivo principal la reducción de la mortalidad materna. En la provincia el aborto séptico se presenta como primera causa de muerte en mujeres. En un primer momento seleccionaron hospitales y puestos de salud que tenían cierta sensibilidad con el tema, para capacitarlos en el Hospital Argerich (Buenos Aires) y en Morón. La capacitación se hizo sobre el protocolo de ILE y en el modelo de reducción de riesgo y daños. Posteriormente, los compañeros que fueron replicaron la capacitación al personal del hospital”.

-¿Cómo fue este proceso de capacitación y aprendizaje?
“Tuvimos muchas dificultades y algunas resistencias pero igualmente logramos conformar el espacio. Nuestro hospital está compuesto por un médico, una trabajadora social, una obstetra y yo como psicóloga. El trabajo consiste en generar un espacio de contención y de escucha diferenciada y confidencial. Es una consejería integral, por lo cual además de ver métodos anticonceptivos empezamos a dar respuesta a través del protocolo de interrupción legal del embarazo en los casos que corresponde, y de reducción de daños en los que no”.

-¿Hubo demanda desde un principio? ¿Se identificaba el acceso a métodos anticonceptivos como un derecho?
“En un principio las mujeres no demandaban explícitamente. Mucho menos una interrupción legal del embarazo. Ni siquiera en los casos que el código penal contempla por violación o riesgo de vida. La construcción del caso venía a partir de la escucha, y de garantizar esa posibilidad como un
derecho. No fue una tarea fácil, encontramos mucha resistencia en el equipo. En algunos casos que se trataron de mujeres que por su situación de vida o vulnerabilidad social no pudieron realizar el procedimiento de manera ambulatoria, nos encontramos con profesionales que vulneraron derechos y desprendieron maltratos de distinta índole”.

-¿Cómo se trabaja de manera ambulatoria la interrupción legal del embarazo?
“Nosotros estamos trabajando con el protocolo de ILE. Los procedimientos siempre se hacen evaluando la particularidad, la autobiografía y las redes de contención de la mujer y por lo general se realizan de manera ambulatoria. En un primer momento hacemos una consejería que indaga sobre todas estas cuestiones y evaluamos la manera en la que cada mujer atraviesa la noticia de este embarazo. Cuando corresponde una interrupción legal, informamos en relación a sus derechos. Le damos la opción de poder indagar en función de las redes y brindamos todas las herramientas a nuestro alcance para que pueda decidir con mayor autonomía. Puede continuar el embarazo, darlo en adopción o interrumpirlo. El Estado debe brindar acompañamiento pre y post aborto. El procedimiento ambulatorio se realiza con misoprostol. Brindamos toda la información, síntomas de alarma y en general pedimos que vengan acompañadas de alguna persona con la que se sientan en confianza,porque siempre es mejor que escuchen dos personas y no una sola, en caso de cualquier emergencia. También damos una fecha para control ecográfico post aborto. La consejería se cierra con la elección de un método anticonceptivo, que puede ser según se trate del implante subdérmico, la colocación del Dispositivo Intra Uterino, las pastillas o lo que decida la mujer como mejor método para ella. La interrupción del embarazo funciona siempre y cuando la consulta sea dentro de las 14 semanas de gestación. En caso de que se trate de un ILE que haya excedido esas semanas, se hace articulación con un hospital de Tercer Nivel. En el tercer nivel hay muchas dificultades, porque hay muy pocos médicos que garantizan este derecho”.

-¿Qué sucede con las mujeres que quieren abortar pero no se encuentran dentro de las causales que marca el cogido penal?
“En la región también contamos con Socorristas en Red, ellas manejan otra medicación, que es la medicación específica que se utiliza en los países en los que el aborto es legal. Realizamos la articulación con ellas cuando no se trata de una situación dentro del protocolo de ILE, sabiendo que en muchos casos las mujeres no tienen recursos económicos para comprar esas pastillas, ellas, a su vez, también realizan la contra referencia para los controles posteriores.

Además, en el caso de tener frente nuestro un embarazo no planificado y la mujer no quiera seguir adelante y no se encuentra dentro de los casos del protocolo de ILE, estamos frente a un modelo de reducción de riesgo y daño. Que implica poder brindarle toda la información pertinente para que ella pueda decidir con autonomía y en caso de que decida interrumpir, se le brinda información debida. A diferencia de un ILE, no se puede hospitalizar en caso de ser necesario ni el hospital puede brindar la medicación, sino que la mujer debe buscarla por sus propios medios”.

-¿Cómo funciona en la actualidad este servicio?
“El boca en boca ha hecho crecer el espacio. Muchas mujeres vienen por demanda espontanea, por recomendación de alguna amiga, vecina o pariente. Como dijo nuestra compañera, en Jujuy las mujeres abortan, las católicas y las no católicas también. Si bien todavía no pueden todas las mujeres contar su propia experiencia, esto sucede. Hay una brecha generacional también. Las mujeres adolescentes o jóvenes, frente a un embarazo no intencional, pueden decir con menos vergüenza, “no quiero”, “no quiero tenerlo”. Sin embargo, mujeres más grandes frente a un embarazo no esperado, lo transitan con mayor angustia, con mayor culpa”.

-En la práctica, ¿cuál es el riesgo de la práctica de aborto que se realiza mediante pastillas? Lo que también se llama aborto medicamentoso
“En cinco años de trabajo no tuvimos ninguna situación de complicación con las interrupciones medicamentosas. Con una buena consejería que le brinde a cada mujer todas las herramientas de lo que va a suceder en la experiencia de la realización del procedimiento, y brindando bien las señales de alarma. Con los controles médicos ecográficos y el seguimiento clínico, no hemos tenido complicaciones”.

-¿Cómo imaginas el futuro de los servicios de Salud en caso de que se apruebe la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?
“En lo particular soy muy optimista y espero que el proyecto sea ley. Espero que se garantice el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Creo que el desafío es hacia el interior de los equipos. Es necesario tener un buen instrumento que permita discriminar a los objetores de conciencia de aquellos que van a acompañar y dar respuesta para poder institucionalizar esta legalidad. Porque que sea legal no significa que desaparezcan las resistencias y los obstáculos, entonces un gran desafío va a ser trabajar hacia adentro. Hacia afuera es necesario reforzar lo que se viene trabajando: promoción de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, para poder brindar cada vez con mayor claridad información. Nuestro hospital, por ejemplo, tiene un área programática muy extensa que incluye los puestos del cerro, que son comunidades bastante alejadas, con poca accesibilidad al sistema sanitario en términos integrales. Si bien cuentan con un puesto sanitario atendido por un agente sanitario, y cada 15 días hay una gira médica, en la que suben médico, laboratorio, partera obstétrica. Y otra gira promocional, que incluye educadoras para salud, trabajadoras sociales y psicólogas. La mayoría de estos habitantes son miembros de comunidades originarias, allí el trabajo tiene que ver con brindar información en lenguaje claro y accesible. Es importante seguir trabajando en los puntos básicos e históricos que viene promoviendo la campaña. Educación sexual integral para decidir y anticonceptivos para no abortar, la articulación salud y educación es fundamental”.

El trabajo cotidiano de Soledad Gargiulo, como el de cientos de profesionales de la salud, consiste en garantizar derechos, escuchar a las personas y brindar información clara. Este trabajo salva vidas, evita los estigmas y la discriminación en cuanto a salud sexual y contribuye a disminuir la muerte de mujeres por abortos clandestinos. De aprobarse a ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, estas experiencias se multiplicarán, las clínicas clandestinas dejaran de ser un negocio y millones de mujeres podrán decidir si continuar su embarazo o no teniendo toda la información necesaria y el acompañamiento de profesionales.

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