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El gobierno nacional no quiere ceder en la restitución de las pensiones por discapacidad
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El gobierno nacional no quiere ceder en la restitución de las pensiones por discapacidad

El Gobierno nacional apeló el fallo de la jueza federal de la Seguridad Social, Viviana Piñeiro, que había hecho lugar al amparo colectivo presentado por el frente 1País y le daba un plazo de 8 días al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para restituir todas las Pensiones por Discapacidad.

MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL, CAROLINA STANLEY – FOTO: FABIAN MARELLI

Pese a que la ministra Stanley había asegurado que se restituirían y se revisaría “caso por caso”, ahora el macrismo presentó dos recursos para rechazar los amparos judiciales y avanzar con el recorte de más de 175 mil subsidios.

En su fallo del pasado 7 de julio, la jueza Piñeiro había resuelto hacer lugar a la medida “de no innovar solicitada e intimar al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Desarrollo Social, para que dentro de ocho días arbitre las medidas necesarias tendientes a restablecer su pensión no contributiva y la de todos aquellos beneficiarios afectados por la suspensión, que residan dentro del límite territorial de la jurisdicción antes precisada, así como el restablecimiento y pago de las prestaciones de salud, hasta tanto que el juez competente se expida sobre el alcance y vigencia de la medida aquí dispuesta”.

Además, en la provincia de Río Negro, por impulso de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ), la Justicia Federal con asiento en Viedma hizo lugar a un amparo colectivo presentado por los legisladores y dos organizaciones civiles. A ellas se les dio la representatividad de 400 casos de personas discapacitadas que quedaron sin el beneficio en esa provincia. “La afectación de los beneficios de pensión no contributiva no encuentra sustento normativo alguno sino que responde a una vía de hecho”, dijo la jueza Mirta Filipuzzi en su fallo.

Esa decisión también fue recurrida por el gobierno nacional, que se desdijo así dos veces en pocas horas de su promesa de revisar caso por caso el recorte de pensiones para detectar si hubiera un caso fraudulento sin perjudicar a legítimos beneficiados por estas pensiones. “Cuando anunciaron pomposamente que no estaban quitando las pensiones e iban a devolverlas porque se trataba de un error administrativo estaban mintiendo, se estaban burlando de miles de rionegrinos y argentinos”, reaccionó el diputado Martín Doñate, uno de los impulsores del recurso, al enterarse de la respuesta oficial.

Para el legislador, “la ministra Carolina Stanley y el Presidente Mauricio Macri son dos mentirosos, hipócritas, y estafadores”, según difundió ayer en un comunicado sobre la decisión del Ejecutivo de apelar la decisión judicial: “El gobierno de Macri a lo único que se dedica es a pisotear derechos, a bajarnos las jubilaciones, a quitarnos las pensiones, a cerrar fuentes de trabajo, a aumentar las tarifas de la luz, gas y alimentos, a quitarle los medicamentos del Pami a nuestros abuelos, a mentir obscenamente todo el tiempo y a estafar al pueblo permanentemente”, dijo Doñate.

Ahora, el gobierno tiene un plazo de ocho días para restablecer las 175 mil pensiones no contributivas que había quitado a personas con discapacidad, algo que se comprometió a hacer luego de que la medida de recortar ese beneficio despertó protestas en la población y todo el arco político. Tras una multitudinaria marcha el 15 de junio pasado, la ministra Carolina Stanley había prometido la marcha atrás. Eso no solamente no se ejecutó en los hechos, ahora desde la Casa Rosada también apelan a los fallos judiciales que los obligan a hacer lo que prometieron y ponerse al día con pensionados que en algunos casos desde hace tres meses no perciben su beneficio.

Tucumán

El 15 de junio se realizaron manifestaciones en diferentes puntos del país contra la quita de pensiones.

En la provincia, más de 350 personas perdieron la pensión por discapacidad. 

El 84% de esta población no consigue trabajo. Y si lo hace, pierde su pensión por discapacidad. Si renuncia a ella, corre riesgo de quedar sin sustento económico porque generalmente los contratos son por seis meses y no se renuevan. Las obras sociales no cumplen con las prestaciones básicas, ni siquiera las del Estado. Andar por la ciudad es casi imposible, los colectivos no tienen rampas y los taxistas se niegan a cargar las sillas de ruedas.

Este panorama plantearon cuatro instituciones dedicadas a la discapacidad: Frasim del NOA,  Radio Universidad, Revista Capacitados, y la ONG Comunidad (lenguaje de señas).

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