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El debate de fondo en el caso Chocobar: ¿Las tierras son de Amín?
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El jueves 11 de octubre se dará inicio a una de las últimas audiencias en la causa por el asesinato de Javier Chocobar, con los alegatos de las partes. Se juzgan a tres imputados y se dictará sentencia nueve años después del hecho. Doce audiencias pasaron por la sala del Tribunal Oral, con declaraciones de testigos, víctimas y peritos. Pero hay una idea que intentan imponer desde la defensa y que atravesó todo el proceso: un dueño, Amín, se defendió de unos extranjeros/usurpadores, la Comunidad Indígena de Chuschagasta, que quisieron quitarle “su” cantera de lajas. Entonces vale preguntarse: ¿las tierras son de Amín? Por Santiago Camuña.

Delfín Cata, uno de los testigos, en la reconstrucción de los hechos. Foto Bruno Cerimele – Andhes

“Nunca imaginé que el dueño de la casa quede imputado”, declaró Darío Amín el día 13 de septiembre en el Tribunal Oral de Tucumán. El señalado como autor del disparo que mató a Javier Chocobar (el 12 de octubre de 2009), no había hecho uso de la palabra hasta ese momento, pero decidió dar una versión de lo ocurrido. Buscó victimizarse e intentó negar que haya sido un ataque, por el que está imputado por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, junto a dos ex policías vinculados a la dictadura: Humberto “el niño” Gómez y José Valdivieso. La víctima fatal es Chocobar y los heridos dos integrantes de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta de Tucumán.

“Yo no soy asesino. Que quede claro que yo estaba en mi casa”, agregó Amin el día de su primera declaración. Esta referencia a las tierras como “las de la familia Amin” se repitió varias veces. Lo dijeron no sólo el imputado, sino también los abogados y abogadas defensoras, la misma presidenta del tribunal (al formular las preguntas) y algunos medios masivos. Apuntó a crear una imagen en donde alguien estaba en “su casa”, a la que fue con dos amigos (o socios) y como había gente supuestamente extraña, les dispararon. Aunque es evidente que, de ser realmente los dueños, no se reduciría en lo más mínimo la responsabilidad criminal de los imputados, cabe preguntarse ¿Realmente las tierras son de Amín?

El Chorro, Tucumán, Argentina. Octubre 02/2018. Reconstrucción del asesinato a Javier Chocobar.

Derecho indígena y ancestralidad

En una nueva etapa de la colonialidad, con el afianzamiento de la república y ya avanzado el SXX, vino la promulgación de múltiples normas jurídicas nacidas al influjo de la lucha de los pueblos originarios a nivel mundial. Las mismas obligaron a los estados nacionales y provinciales a acatar mandatos para resarcir a los pueblos indígenas por toda la degradación vivida desde los inicios de la invasión europea.

Numerosas leyes, nacionales e internacionales más la constitución nacional (y provincial en el caso de Tucumán) incorporan -entre otros derechos- la preexistencia al estado de estas comunidades y reconocen a los pueblos originarios que habitan Argentina.

Pero no es motivo de este artículo repasar tal legislación pues es conocida y la damos por cierta aunque diste de ser respetada o aplicada en su totalidad. Nos interesa abordar algo central y anterior. ¿Cómo se dio la apropiación y desplazamiento de los pueblos originarios hasta la propiedad privada del estado argentino como tal? ¿Hasta donde llegan esos resabios coloniales? Que a veces pueden suponerse terminados, pero lejos de ello está el estado de la cuestión.

Este citado marco legal da por falsa la afirmación de la familia Amín/Herrera sobre ser dueños de éstas tierras, ya que niega (mal que les pese o les suene expropiatorio) derechos a privados sobre las tierras indígenas que ocupan tradicionalmente por generaciones. La Comunidad Indígena Los Chuschagasta habita esos cerros al menos hace 400 años, tiene un uso tradicional y cuenta con historia oral, escrita y patrimonio arqueológico que respalda tal hecho.

La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán plantea que “desde el origen de la República y mediante una política colonizadora (Campaña del Desiertos y otros) los políticos y familias del Gobierno de turno, adquirieron grandes extensiones de tierras en forma ilegal e ilegítima”. Definen a éstas familias terratenientes como “terceros viviendo en tierras indígenas”. La obligación, el yerbaje (o pastaje) y el arriendo aún subsisten como formas de explotación a comunidades indígenas o “lugareños”, por parte de terratenientes en los valles Calchaquí y de Tafí y también en particular en el lugar en donde está emplazada Chuschagasta, como así también Anfama (recordar un hecho similar en los ochenta en esta última del capataz Eduardo O’Brien), Ancajuli, Chasquivil, Potrero de Rodeo Grande, Pueblo de Tolombón. En todos estos territorios ocurrieron y ocurren atropellos y resistencias semejantes desde siempre.

Foto Bruno Cerimele – Andhes

La Finca La Higuera

El actual territorio que reivindica la comunidad indígena como propio tiene como límites una antigua Finca llamada La Higuera en la actual Trancas, que abarcó lo que es actualmente la ruta nacional 9 (este), el río Vipos (sur), el río Choromoro (norte) y un cordón montañoso más indefinido al día de hoy que probablemente abarcó sectores del Chorro, Ñorco y Ancajuli. En la transición de la etapa colonial al actual estado-nación, la finca fue un lugar donde se ubicó un “pueblo de indios chuscha” que tenían como origen el valle calchaquí según algunos escritos históricos. Estas ocupaciones a través de “pueblos de indios” o “encomiendas” eran habituales y el territorio de la actual Trancas es un ejemplo extendido de este tipo de ocupación colonial, con migraciones poblatorias de eje este-oeste.

En los años previos a la constitución de la república, estos territorios fueron repartiéndose entre familias de los antiguos encomenderos y otras familias luego “tradicionales” de la oligarquía tucumana como los Colombres, quienes figuran ya en 1839 como supuestos dueños de esa finca.

Sucesivas divisiones y ventas se realizaron sobre la misma, dando lugar a parcelamientos que fueron reduciendo el tamaño de la finca original. Claramente esas divisiones y remates suponían convenientemente a esas tierras vacías de población, pero los indígenas y sus descendientes se encuentran allí, desde que una porción fue trasladada luego de las guerras calchaquíes del SXVII. Esta estratagema, la de las “tierras vacuas” fue recurrentemente utilizada por los colonizadores españoles para obtener mercedes reales de tierras y luego, obtenida ésta solicitaban en encomienda sus habitantes.

Los consiguientes parcelamientos y registros dan cuenta que la familia Amín compra una sucesión en el año 1959, cuyo título ya trae un error importante. Para ser sintéticos, esa parcela es verdaderamente de 7.500 hectáreas y no de 10.500 como dice el título, ya que hay un error en el traspaso de la unidad de leguas a hectáreas de la finca original y sus divisiones. Además sus límites no están definidos claramente en la porción adquirida por los Amín, cuyo título y mensura son, cuando menos, dudodos.

La expropiación estatal

Este error de traspaso de unidades hace más chica la extensión de su teórica propiedad y concretamente la zona de la cantera de lajas donde fue el asesinato, queda fuera de lo que la familia Amin dice que es suyo.

A esto hay que agregar un hecho central para esta reconstrucción histórica: en 1973 el estado inicia una expropiación que se concreta para dar tierra a los “pobladores” de una porción de la sucesión Colombres (Ley 4025 del 23/12/73).

La misma por diversos errores en el traspaso de medidas ya mencionados, es sensiblemente más grande de lo que figura o pretenden hacer aparecer. Abarca completo el sector donde vive una porción mayoritaria de la Comunidad Indígena en la zona de El Chorro y parte de Ñorco. Allí vivía Javier Chocobar y viven Andrés Mamani, Emilio Mamani y Delfín Cata (heridos en el ataque) y las decenas de familias-víctimas en este juicio, que conforman la Comunidad Indígena de Chuschagasta.

Las supuestas tierras de Amín pretenden avanzar -aprovechándose de ese error- y proclamarse dueños de 3500 hectáreas más que no les corresponden. Ocupan ilegal e ilegitimamente las tierras que fueron expropiadas por el estado provincial en 1973 y que 45 años después -y a pesar de las numerosas diligencias de la comunidad-, nunca se entregaron a los pobladores. Ni siquiera se intervino en el conflicto para aplicar la ley de expropiación, teniendo en cuenta que el estado tucumano conoce perfectamente lo que ocurre en esa zona.

¿Las tierras son de Amin?

En la causa federal iniciada en 2005 por amenazas contra Dante y Silvia Chiarello, -en la que la familia Amin estuvo incluída-, la comunidad tuvo un fallo favorable por parte de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. La misma reconoce a la comunidad de Los Chuschagasta como legítimos propietarios del territorio comunitario, haciendo hincapié y recalcando “la basta normativa internacional a la cual la justicia tucumana no se remitió correctamente”. Deja claro que de esa manera se propició las condiciones para el asesinato de don Javier Chocobar y las graves lesiones a otros comuneros.

Tras este repaso histórico y jurídico, no quedan dudas que las tierras (donde está la cantera) no son bajo ninguna circunstancia propiedad de la familia Amín.

Primero y principal por la preexistencia que marca que hace más de 400 años que habitan ese lugar, y que esas tierras fueron sucesiva (e ilegalmente) vendidas con ellos adentro.

Esta preexistencia al estado, que es contemplada por el derecho indígena ya sería suficiente. Pero aún para los descreídos de estos temas y derechos, la legalidad occidental, blanca y del estado nación nos marca que una porción mayoritaria de la Comunidad Indígena de Chuschagasta está en tierras estatales y que éstas nunca les fueron entregadas. Mal que les pese a los Amín y por extensión a las familias tradicionales de Tucumán.

El crimen de Chocobar y la condena que se dicte a los imputados, van a ser un precedente importantísimo, porque se enmarca en una escalada general contra las organizaciones indígenas en la provincia. Las más de 17 comunidades sufrieron en ésta década decenas de desalojos, más de 100 comuneros y comuneras tienen causas judiciales y se registra la aparición cada vez más frecuente de grupos de choque armados en sus territorios. En la medida que el estado no intervenga en el cumplimiento de sus derechos, esta situación va a empeorar sin lugar a dudas. Por eso hoy es central la cárcel a Amín, Gómez y Valdivieso. En la memoria de Don Javier, exigimos justicia.

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