Lourdes García Posse es psicóloga e integrante de la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias y de la comisión científica de Infancias del colegio de psicólogos de Tucumán. En una entrevista con La Nota, planteó que “hablar de violencia sexual es también hablar de salud mental, en términos individuales y comunitarios”. Para ella, el poder patriarcal se sostiene sobre dos pilares fundamentales: la violencia sexual y el silenciamiento de la voz de las mujeres, pero también de niñas, niños y adolescentes y toda persona pasible de ser oprimida y objetalizada en función de otras vulnerabilidades (pobreza, discapacidad, etnia, etc).

“Recién desde 1989, con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las infancias son consideradas sujetos de derecho. Hoy, dos derechos centrales están amenazados por el lobby que impulsa endurecer las sanciones por supuestas “falsas denuncias” de violencia de género: el derecho a ser escuchados y el derecho a una vida libre de violencia”, manifestó la profesional. Según Lourdes, las resistencias se fueron manifestando primero en descreer de la palabra de los niños y niñas, utilizando incluso argumentos como “los/as niños/as mienten, fantasean”; luego en desvalorizar la palabra de las mujeres y otras/os adultas/os denunciantes -con el falso síndrome de alienación parental y sucedáneos-, y por otro lado, en desestimar las intervenciones de las profesionales que trabajan en estos casos, con estrategias de backlash, desestimando el hecho de que ningún informe psicológico es vinculante, es decir, que son lxs jueces quienes toman las decisiones pertinentes.

De esta manera ese lobby, que Lourdes nombra como una “tecnología de la impunidad”, busca desacreditar tres palabras clave: la de los niños y niñas, la de las madres y familiares denunciantes y la de los profesionales que pueden dar cuenta de los efectos traumáticos de la violencia sexual. “Al poner en sospecha la buena fe de la denuncia, que es una obligación legal frente a toda sospecha de abuso, e instalar la amenaza de cárcel con penas más altas —cuando la figura por falso testimonio ya existe—, el objetivo consiste en disciplinar y callar a quienes denuncian, nuevamente silenciar las violencias y sostener la impunidad de los violentos. Paralelamente, no se impulsan proyectos para aumentar las penas por delitos que implican el ejercicio de la pedofilia, como el abuso incestuoso o grooming, ni para garantizar la imprescriptibilidad de estos delitos”.

Para Posse, “el mito de las falsas denuncias es abonado por organizaciones que protegen abusadores, creando falsas estadísticas y observatorios basados en la impunidad, reforzando la  credibilidad y la autoridad que se le suele dar a la palabra de los agresores. Se trata de una trampa de sentido, no sólo porque estas organizaciones se apropian de significantes asociados a la protección de derechos para sostener su lobby, sino además porque el hecho de que en la justicia penal no se logren probar estos delitos -que tienen lugar bajo amenazas y en entornos privados-, no es un indicador directo de falsedad de una denuncia”.

En este contexto es fundamental tener en cuenta que se trata de delitos que suelen cometerse sin más testigos que la propia víctima, y que la violencia sexual conlleva en sí misma un efecto de silenciamiento y arrasamiento subjetivo, más aún cuando se trata de personas menores de edad, en vías de constitución psíquica. “Es aquí donde la psicología como ciencia posee las herramientas para dar cuenta del trauma, ya que puede advertir esos indicios  mucho más allá de la falta de palabras”, agrega. 

Frente a este panorama, la psicóloga propone propiciar la formación con perspectiva de género, infancia y derechos humanos de manera transversal en la formación de grado de todas las carreras que intervienen en la protección de las infancias: psicología, derecho, trabajo social, educación, medicina y comunicación. Señaló que la justicia tiende en estos casos a investigar más a la víctima y su entorno protector que al acusado, y propuso cambiar esa lógica, incluyendo el análisis de dispositivos electrónicos de los sospechosos, dado que muchos pedófilos documentan sus delitos, consumen y distribuyen material de abuso sexual contra infancias. 

Por otro lado, subrayó la importancia de construir redes comunitarias entre quienes forman parte del abordaje de estas problemáticas y de sostener la pedagogía social para combatir mitos y desinformación, visibilizando los efectos traumáticos de la violencia sexual. Finalmente, remarcó que “el conocimiento teórico y técnico sobre el trauma por violencia sexual no puede ser una especialidad opcional: debe ser parte de la formación básica de todos los profesionales que integran el sistema de protección”.