Por Celina de la Rosa y Milagro Mariona

En un contexto político atravesado por discursos que buscan relativizar la violencia de género, el Senado de la Nación fue escenario de una conferencia de prensa que puso en el centro la preocupación urgente por el inminente tratamiento de un proyecto de ley que, bajo la consigna de combatir las “falsas denuncias”, podría convertirse en una herramienta de disciplinamiento contra quienes se animan a hablar frente a la violencias por motivos de género y de impunidad. El proyecto fue presentado por la senadora de Santa Fe Carolina Losada y cuenta con dictamen de comisión por lo que se podría tratar en la próxima sesión.

“Derecho a la Voz: Contra la Criminalización de las Denuncias”, convocado por el senador Carlos Linares junto con organizaciones de la sociedad civil, fue un encuentro que reunió a funcionarias, especialistas, referentes de derechos humanos. Coincidieron en el diagnóstico común que no hay evidencia que sustente una supuesta “epidemia” de denuncias falsas en Argentina. Por el contrario, lo que persiste es el silencio, el miedo y las múltiples barreras que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia. Por la Nota Tucumán, Celina de la Rosa viajó a Buenos Aires a cubrir la Jornada.

“La falsa denuncia no es un problema real en nuestro país”, afirmó la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, y señaló que “ya cuentan con mecanismos legales para su sanción. No estamos frente a un hecho de vacío legal”. Además advirtió que el proyecto responde a una intencionalidad política alineada con posturas negacionistas de la violencia de género. En su intervención, fue más allá, denunció que la iniciativa podría funcionar como un “bozal mediático” para niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, al tiempo que persigue a profesionales que intervienen en estos casos. Aseguró la ministra del gobierno de Kicillof que mientras en Nación se cierran programas de atención a mujeres, infancias y personas LGBTIQ+, en su provincia intentan conservar las políticas de género.

📣Compartimos el comunicado con el que expresamos el amplio rechazo federal y multisectorial al proyecto de ley que busca garantizar la impunidad de abusadores y violentos.

📋Este documento cuenta con la firma de las autoridades de las áreas de género de las provincias de… https://t.co/jDC5uziikv pic.twitter.com/IjRzV8O4p0

— Estela Díaz (@EstelaEDiaz) April 23, 2026

Por otro lado, denunció la “persecución sobre pericias sobre quienes hacen a las defensas en torno a ser peritas psicológicas, quieren generar una situación de silenciamiento y de impunidad”. Para Díaz, el trasfondo de la propuesta es desproteger a quienes denuncian. “Lo que quieren es indefensión para las víctimas”. Díaz también presentó una declaración conjunta firmada por representantes de nueve provincias y más de 1700 referentes académicos y sociales en rechazo al dictamen del proyecto.

La discusión no es solo jurídica, sino profundamente política. Para Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el proyecto es “una mala respuesta a un problema mal formulado”. Los datos son claros: solo una de cada cuatro personas que atraviesan situaciones de violencia logra pedir ayuda. Endurecer penas contra quienes denuncian —explicó— no hace más que profundizar el miedo y alejar a las víctimas del sistema judicial.

En esa misma línea, distintas expositoras desmontaron una de las ideas más instaladas por quienes impulsan la iniciativa: que la falta de pruebas equivale a una denuncia falsa. “No es lo mismo no poder probar un hecho que haber mentido”, subrayaron. En un sistema judicial que puede tardar más de una década en resolver causas de abuso, la ausencia de pruebas suele ser resultado de la ineficiencia estatal, no de la falsedad del testimonio.

Desde los organismos de derechos humanos, la crítica también fue contundente. María Elena Naddeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, advirtió que el proyecto incumple tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, ambos con jerarquía constitucional en Argentina. Para Naddeo, la iniciativa expresa un “odio social” dirigido especialmente hacia madres protectoras y profesionales que denuncian situaciones de violencia.

Las cifras oficiales refuerzan ese argumento. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica, de más de 131 mil denuncias realizadas por mujeres desde 2008, solo se registró un caso comprobado de denuncia falsa. Ileana Arduino, del INECIP, agregó otro dato clave: las falsas denuncias representan apenas el 0,25% de las sentencias judiciales y suelen estar vinculadas a delitos económicos, no a violencia de género.

Para Arduino, el proyecto promueve una cultura del “no te metas” y destruye la solidaridad comunitaria al amedrentar a quienes buscan acompañar a una víctima. Afirmó que la iniciativa es una “invitación al descompromiso social” que contradice incluso la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre el derecho al cuidado. Además, señaló que el uso del argumento de la “mentira” es una estrategia de defensa ética muy cuestionable que los colegios de abogados deberían regular.

Arduino argumentó que, si se quiere resolver el problema de la justicia, no se debe reformar el Código Penal, sino mejorar la operatividad del sistema con auditorías externas de calidad sobre los Ministerios Públicos Fiscales, mejora en la calidad de la investigación y protocolos estrictos para la obtención de testimonios y aseguramiento de pruebas, pasar de una justicia escrita a una oral, y por último, mover el eje del castigo puro hacia políticas de responsabilidad, reparación y monitoreo comunitario.

Entonces, ¿qué problema busca resolver esta ley?

Para las especialistas, la respuesta es clara: ninguno. O peor aún, busca consolidar un escenario de impunidad. “La amenaza de sanción penal por denunciar disuade a las mujeres de buscar protección”, explicó Alejandra Tolosa, de CLADEM Argentina. En ese sentido, advirtió que avanzar con esta legislación podría colocar al país en incumplimiento frente a organismos internacionales.

El impacto no sería solo sobre las víctimas. También alcanzaría a quienes las acompañan. Sabrina Cartabia señaló que el proyecto apunta directamente a desmantelar las redes profesionales que sostienen las denuncias, mientras que Andrea Lucangioli aportó ejemplos concretos: mujeres —incluidas jugadoras de fútbol profesional— que, tras denunciar abusos, enfrentan demandas millonarias y campañas de hostigamiento.

Lejos de proponer soluciones, el proyecto parece ignorar los problemas estructurales del sistema judicial. La jueza Analía Monferrer lo sintetizó con claridad: la mayoría de las absoluciones no se debe a que las denuncias sean falsas, sino a la falta de pruebas suficientes. Y muchas veces, las víctimas intentan retirar sus denuncias por amenazas, presión o agotamiento frente a procesos interminables.

Frente a este panorama, algunas voces propusieron otro camino posible. Tanto Arduino como Monferrer coincidieron en que la respuesta no es el endurecimiento penal, sino una reforma profunda del sistema de justicia: investigaciones más rigurosas, procesos más rápidos, transparencia, acompañamiento integral a las víctimas y equipos interdisciplinarios que permitan comprender por qué muchas denuncias se caen en el camino.

La escena final del conversatorio estuvo a cargo de las senadoras Juliana Di Tullio y el senador Daniel Bensusán, quienes denunciaron la falta de debate en comisiones y llamaron a construir fuerza política para frenar el avance del proyecto.

Desde la Red de Medios Digitales se compartió el  “Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última trinchera de la ultraderecha”, para aportar como insumo al debate el informe. Se trata de una investigación colaborativa y federal realizada por Periódicas, Enfant Terrible, La Nota Tucumán y Feminacida. El trabajo mapea actores, organizaciones, redes y comunicadores que impulsan la narrativa, busca desacreditar a denunciantes de violencia por motivos de género en Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, y analiza sus vínculos políticos, judiciales e internacionales. 

En el informe, sostienen que en ese marco, “la figura de la falsa denuncia se convirtió en un símbolo estratégico: permite situar la violencia de género como un problema de exceso, de mal uso de los derechos, y no como una manifestación de las desigualdades estructurales. Pone el foco en la presunción de inocencia, buscan desestimar los relatos de las mujeres e infancias sobrevivientes a la violencia sexual o física. Así, se instala la idea de que todo se reduce a la palabra de ‘uno contra la de otro’, erosionando la credibilidad de las víctimas e introduciendo sospechas sobre sus motivaciones: desde supuestas manipulaciones de adultos hasta la búsqueda de un beneficio económico”. 

Podes acceder al informe completo acá

Fotos de @cholita.urbana para @zorzaldiario