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Andalgalá: denuncian persecución policial a los asambleístas y siete personas continúan detenidas

Los vecinos del pueblo catamarqueño denuncian actos intimidatorios bajo la fuerte amenaza de que la Justicia abrirá causas contra quienes protesten contra el proyecto minero MARA.

“Por distintos distritos de Andalgalá nos han estado filmando de manera ilegal por personal policial uniformado y de civil” señalan desde la Asamblea El Algarrobo, que desde hace semanas sostiene un bloqueo en defensa del agua y exigiendo el fin del proyecto MARA, la integración del proyecto Agua Rica y Alumbrera. En el día de ayer se realizaron movilizaciones pidiendo libertad a los detenidos que aún no le iniciaron ninguna causa.

El conflicto en Andalgalá se agrava y los vecinos se encuentran frente a persecuciones policiales y hostigamiento por parte de las autoridades. El pueblo catamarqueño está marcado por más de 20 años de resistencia a la mega minería.

“Por Huachaschi se vio un dron sobrevolando las casas de asambleístas y a camionetas en el Barrio 12 de Julio filmando a los vecinos que protestaron frente a la comisaría departamental pidiendo la libertad de los detenidos” explicaron en un comunicado.

Para la Asamblea, se trata de las de fuerzas especiales de la provincia de Catamarca que “se quedan hasta altas horas de la noche de manera intimidante y esperando para ingresar por la fuerza de madrugada a la casa de cualquiera”.

La fiscal Soledad Rodríguez y el juez Rodolfo Cecenarro advirtieron a medios locales sobre nuevos allanamientos y detenciones, sin que haya aún una carátula para Walter Mansilla, Aldo Flores, Enzo Brizuela, Sara Fernandez, Matias Paz, Augusto Brizuela y Damian Abel, quienes llevan más de 48 hs detenidos.

“Desconfiamos de las garantías que puede darnos el juez Rodolfo Cecenarro, que en más de una oportunidad manifestó que quería ver preso a nuestro compañero Aldo Flores” manifestaron.

A su vez denuncian que no se está investigando la participación de terceros en los diversos incidentes donde se prendieron fuego las oficinas de Agua Rica. La Asamblea señala que quienes cometieron esos actos fueron infiltrados con complicidad del Gobierno porque “hubo demoras en el accionar de los bomberos”.

“La población esta siendo fuertemente intimidada y las máquinas siguen perforando el cerro, que es el centro de nuestro reclamo. Nuestros compañeros están privados de su libertad porque defienden el agua y el territorio.
Entendemos que estos atropellos pretenden intimidarnos, amedrentarnos para que discontinuemos nuestra presencia, para que el miedo nos paralice”, finalizan.

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