Es la primera vez que Lupe (cuya identidad real se mantiene bajo reserva) vuelve a la Legislatura después de que denunció por abuso sexual y usurpación de la identidad al legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi.
Desde la vereda de enfrente, Lupe cuenta los pisos y trata de identificar cual sería la ventana de ese lugar al que no quiere volver nunca más. En su denuncia, relata que el abuso sexual sucedió dentro del despacho del legislador luego de que fuera a reclamarle por una cuenta a su nombre que le habrían abierto en un banco y a través de la cualmovian importantes sumas de dinero.
A diferencia de hace un año atrás, hoy ella no está sola. La acompaña el movimiento feminista y de mujeres de Tucumán. El Colectivo Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres conformaron una Mesa contra los abusos del poder político para alzar la voz y denunciar la complicidad que se teje en el poder cada vez que un funcionario público es denunciado por violencia de género. Esta mañana concentraron en la puerta de Tribunales Penales para exigir al Poder Judicial que avance en la investigación y marcharon hasta la Legislatura tucumana para denunciar la complicidad política y pedir el desafuero del edil.
Durante los 12 meses que pasaron, los avances en la causa fueron nulos. Lo que nunca cesó fue el hostigamiento y las amenazas que Lupe recibió. Más de dos meses vivió refugiada hasta que la Justicia le otorgó custodia policial, con la que continúa conviviendo día a día. Saquearon su casa, y el peregrinaje por justicia arrasó completamente con su vida.
Sin poder trabajar, mientras el silencio reina en la política tucumana, la joven de 27 años y madre de dos pequeñas niñas, hace malabares para subsistir con un programa social destinado para víctimas de violencia de género. A pesar de lo dificil que se le hace poder seguir construyendo su futuro, este año decidió estudiar informática y ya diseñó una aplicación para víctimas de violencia de género que servirá para prevenir posibles femicidios.
La realidad de Lupe se puede ver en las historias de otras víctimas de violencia de género. Las causas se complejizan aún más cuando los señalados como criminales son funcionarios públicos, que ya suman seis en Tucumán. Washington Navarro Dávila fue denunciado recientemente por acoso sexual. También esta denunciado el vocal de la Corte Suprema de Justicia Daniel Estofán, el intendente de Famaillá José Orellana, está procesado por el delito de abuso sexual contra una ex trabajadora de la Cámara de Diputados, el senador en uso de licencia José Alperovich fue denunciado por abuso sexual por una sobrina y ex colaboradora en 2029,
