Ayer a la tarde, bajo la llovizna persistente, organizaciones feministas y sociales de Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres acompañaron a la familia de Paola Tacacho en el reclamo contra la decisión del gobernador Juan Manzur de firmar la renuncia del juez Francisco Pisa.
La policía reprimió la manifestación, empujando a Nilda Zerpa, prima de Paola, a Mariela Tacacho, madre de la joven asesinada, y a varias mujeres que cantaban contra Manzur. También forcejearon contra Alberto Lebbos, el padre de Paulina que hace 15 años denuncia la impunidad que reina en la provincia. “¿Acaso no tienen hijas, madres?¿No ven lo que pasa todos los días en la provincia? Las matan en nuestras caras!“, gritaba enfurecido.
El momento más tenso se dio cuando los efectivos se agolparon contra el grupo de personas para evitar que prendan fuego una cubierta.
El fuego se prendió igual. La policía se mantuvo cercando la Casa de Gobierno bajo el grito furioso de las manifestantes: “Yo sabía, a los femicidas los cuida la policía“. El clima estaba caldeado.
Esa misma tarde, la Comisión de Juicio Político de la Legislatura debía definir si daba curso a las siete denuncias por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” que pensaban sobre el ahora ex magistrado. Las siete denuncias coincidían en que Pisa había desoído los pedidos de ayuda de Paola, quien había realizado 13 denuncias contra Mauricio Parada Parejas.
Parada Parejas la acosaba hace cinco años, y la joven docente recurrió a la Justicia pensando que podía encontrar alivio. Sin embargo, se encontró una y otra vez con puertas que se cerraban, trámites burocráticos eternos, hasta un sobreseimiento dictado por Pisa contra el agresor, ya que consideraba que enjuiciarlo sería un “dispendio jurisdiccional innecesario“.
El femicidio anunciado de Paola Tacacho paso frente a los ojos de Francisco Pisa. Otros fiscales y jueces también comparten responsabilidades por este caso y por tantos otros más, como el de Úrsula Bahillo, que denunció 18 veces a su ex pareja, un policía que terminó asesinándola, o el de Guadalupe Curual, que en los últimos meses había realizado tres denuncias y hace dos noches su ex pareja la mató apuñaladas en pleno centro de Villa La Angostura.
La decisión de Manzur de aceptar la renuncia de Pisa, quien la había presentado dos semanas antes del femicidio de la joven, fue recibida con indignación. Espero 135 días para poner la firma, justo el día en que los 12 legisladores que conforman la Comisión de Juicio Político se reunían para tratar el tema.
La Legislatura también se tomó su tiempo. El primer pedido de juicio político había ingresado los primeros días de noviembre de 2020, se sabía que era inminente la firma de la renuncia por lo que la presión social para que se aborde el tema en el recinto era fuerte. Sin embargo, no se sintió puertas adentro, ya que estaban ocupados en el juicio político contra el ex juez Enrique Pedicone.
La urgencia para parar los femicidios parece ser solo de las mujeres. “El Estado es responsable” se escucha una y otra vez. Cada vez toma más sentido, pero a la vez se vuelve más desesperante ante una estructura que no brinda las respuestas adecuadas en el momento adecuado. Y la lista de víctimas se sigue engrosando.
Las campañas para insistir en la denuncia de la violencia de género funcionaron. Pero parece que allí se termina el circuito. Las críticas no apuntan a la falta de leyes, ya que el marco normativo de protección hacia las mujeres y disidencias en la Argentina es de vanguardia, sino contra funcionarios y funcionarias que, aún teniendo las herramientas disponibles, desestiman la gravedad del problema.
A ello se suma la falta de presupuesto, traducido a la no existencia de refugios para víctimas de violencia, la escasez de tobilleras electrónicas y botones antipánico, la falta de recursos humanos capacitados para dar contención, entre tantas otras falencias.
Las organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos permanecen en las calles. Cada día se suman nuevas familias para pedir justicia, que encuentran un abrazo y el cobijo que las instituciones no brindan.
“La respuesta las encontraremos en la calle. La lucha sigue”, grita Amalia Ojeda, la madre de Milagros Avellaneda y abuela Benicio Coronel, desaparecidos hace 4 años. Las personas que la rodean la abrazan. El aplauso marca el final de la movilización que desconcentra mientras las lágrimas de tristeza y bronca siguen húmedas en los rostros de la familia Tacacho.
