Reforma de alquileres: de qué se trata

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La iniciativa propuesta por Juntos por el Cambio, ya obtuvo su media sanción en la Cámara de Diputados y ahora busca la aprobación del Senado.

El pasado 25 de agosto, la reforma de la ley de alquileres tuvo su paso por la Cámara de Diputados donde obtuvo 125 votos a favor por parte de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal, Juntos por Río Negro, bloque Ser y Frente de la Concordia de Misiones. Mientras que, el rechazo a la propuesta estuvo compuesto por 112 votos por parte de Frente de Todos, Frente de Izquierda, Interbloque Federal y La Libertad Avanza. Esto abrió las puertas del Senado donde comenzó a discutirse la semana pasada y, aunque Juntos por el Cambio propuso avanzar con el nuevo proyecto, senadores del Frente de Todos decidieron frenar la iniciativa y entrar en un cuarto intermedio para realizar modificaciones a la propuesta. 

El debate se retomará entre mañana y el jueves, donde las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda se reunirán con asociaciones de inquilinos, propietarios de inmuebles y cámaras inmobiliarias.

¿En qué consiste la reforma?

La Ley 27.551, que actualmente está en vigencia, propone que los contratos entre las partes sean, como mínimo, de tres años con una actualización del alquiler cada 12 meses. Sin embargo, la reforma propone reducir a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema acordado entre las partes.

Esta actualización, se deberá acordar “libremente” entre las partes y puede estar basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), o una combinación de todos.

Los cambios llevados adelante por la oposición también proponen incentivos fiscales como el régimen de monotributo destinado a quienes tengan hasta tres propiedades con contratos debidamente registrados, con el beneficio de que se los considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También, se busca modificar el impuesto a los débitos y créditos bancarios para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva para las transacciones de alquiler, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados.

La crítica a la reforma tiene sus bases en la relación asimétrica entre las partes, dado que en una conversación sobre la actualización, el poder siempre estará en voz del propietario o de las inmobiliarias ante la vulnerabilidad de quienes alquilan, y buscan validar su derecho a la vivienda. 

En un contexto inflacionario, la incertidumbre crece en aquellos que deben renovar sus contratos en los últimos tres meses que restan del año. 

Desde Inquilinos Agrupados, organización que surgió en Buenos Aires pero que ya tiene representaciones en diferentes provincias, sostienen: “Que se flexibilice la Ley de Alquileres sería similar a que no existan paritarias en el ámbito laboral y que los empresarios decidan de manera discrecional cuándo y cómo otorgar una recomposición salarial”.

Ante este contexto, desde la Federación de Inquilinos Nacional solicitaron al Presidente Alberto Fernández que prorrogue todos los contratos de alquiler “para enfrentar la especulación y el golpe de mercado que están dando las inmobiliarias. También pedimos que suspenda los aumentos por 6 meses”.

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