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Esta semana se habló de trabajo y comunidad trans en dos situaciones distintas pero con un factor común: la discriminación. En un bar de Bella Vista, un cliente junto a su pareja le dijo a Gabriela Montenegro que no querían ser atendidos por ella porque era trans. Al mismo tiempo, la diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata en una entrevista televisiva en el programa de Carmen Barbieri desinformó sobre la situación del colectivo travesti y trans. Allí la conductora balbuceó la idea de que las personas trans “reciben un sueldo por ser trans”. Algo absolutamente falso.
En la primera situación la reacción de la gente del bar fue defender a Gabriela y exponer la situación violenta. Es importante destacar lo naturalizada que está la discriminación hacia las personas trans ya que esta pareja de clientes creyó tener el derecho a pedir que una moza no los atienda por su identidad de género.
En todo el país y particularmente en Tucumán, venimos de décadas de violencia sistemática sobre el colectivo trans. La sociedad no tiene problema con ver a mujeres trans y travestis de noche en la calle, y muchas personas solo quieren que estén ahí.
Hecha la ley, no cumplirla es la trampa
En Tucumán, durante el 2020 se aprobaron tres iniciativas de cupo laboral travesti/trans para revertir décadas de exclusión y marginalidad: en el Poder Judicial, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y en la Legislatura provincial. Solo se reglamentó y se implementó en el Poder Judicial en donde ingresaron hasta el momento alrededor de 12 personas
La municipalidad de San Miguel de Tucumán lleva más de un año de mora sin reglamentar e implementar el cupo. El intendente Germán Alfaro no dio señales de que eso pueda llegar a suceder aunque el proyecto se aprobó con 14 votos a favor y 4 en contra.
El actual Gobernador Osvaldo Jaldo tampoco dio señales de implementar la ley provincial que se aprobó estando él mismo al frente del parlamento provincial.
Sobre la reglamentación
Reglamentar la ley significa establecer cuáles serán los criterios para el ingreso al Estado de trabajadoras/es travestis y trans, supone hacer un registro único de aspirantes y pautar los requisitos necesarios para garantizar la transparencia. Implementar significa hacer efectivo esos criterios.
Para sumar marco normativo al que ya tiene la provincia, lo que primero fue un decreto presidencial del año 2020, que se convirtió en Ley Nacional en junio del 2021, siendo Argentina pionero en la región en este tipo de iniciativas.
Es decir, tanto en las esferas municipales, como provinciales y nacionales del Estado es ley el ingreso de personas travestis y trans a un empleo registrado.
¿Por qué es importante que se cumpla?
El cupo laboral fue desde sus orígenes una estrategia más de visibilización e inclusión, lejos de ser un privilegio, es la forma de sortear la falta de derechos histórica. El único modo de lograr revertir décadas de violencia y exclusión es garantizar el acceso al trabajo.
Cientos de mujeres trans fueron víctimas de violencia policial durante décadas. Aún hoy para muchas es difícil transitar de día por las calles de la provincia. Aún hoy muchas personas creen que tienen derecho a expresar su rechazo a las personas trans.
“La miradita no es muda” dice Susy Shock en sus poemas. Es necesario ser claro con esto, todavía cada mujer trans que circula por las calles tiene que tolerar miradas, agravios, hipersexualización y violencia de todo tipo por parte de la gente.
Si bien existen en el Estado provincial y en los municipios algunos espacios donde se realizan reuniones con el colectivo LGBTI, y también podemos ver periódicamente fotos de funcionarios con la bandera del orgullo, aún ninguno de estos espacios reglamentó ni implementó el cupo laboral travesti y trans.
Es importante destacar que no se trata de contratar a una mujer trans, ni a dos ni a tres. Sino de generar un registro de aspirantes y garantizar el acceso del 1% de la planta total de trabajadores y hacerlo según criterios claros. Además de capacitar hacia el interior de la planta estatal para que esa persona que ingrese pueda vivir una vida laboral libre de violencias y discriminaciones.
No estamos hablando de regalar nada, ni de un gasto extra por parte del Estado, se trata de cumplir la ley.
El cupo laboral desde una mirada interseccional
El desafío político de implementación del cupo tiene que ver con una mirada interseccional, y esto es, poder hacer que la medida llegue a las últimas de la fila. Que una mujer trans de 40 años, por ejemplo, que lleva 20 años ejerciendo el trabajo sexual/ o está en situación de prostitución, pueda conseguir un empleo registrado, tener una obra social y dejar de trabajar en la noche para poder vivir.
Sabemos que varones, mujeres, e identidades no binarias existen dentro del espectro identitario trans. Sabemos también que no todas las personas trans tuvieron ni tienen el mismo contexto. En Tucumán hay personas trans que pudieron terminar sus estudios secundarios o incluso universitarios, personas que contaron con apoyo familiar y que pueden transitar con privilegios de clase el día a día.
Pero también sabemos que la mayoría del colectivo travesti y trans no tuvo esa posibilidad, y allí precisamente es que tiene que orientarse la intervención estatal mediante el acceso al empleo.
El cupo laboral no soluciona la vida
Las violencias ejercidas no se quitan ni se olvidan. La salud de los cuerpos travestis y trans no se curan con el cupo laboral. Nos resta un largo camino de reparación histórica y de debates profundos sobre el modo en el que toda una sociedad, la comunidad médica y la comunidad académica entiende, trata y se representa a las personas trans en general, y a las mujeres trans y travestis en particular.
El cupo es tan solo un primer paso para garantizar lo más básico y fundamental, tener dinero para comprar comida y poder circular de día por las instituciones del Estado.
