Este miércoles, en medio de grandes movilizaciones y represión en las inmediaciones del Congreso de la Nación, la Cámara de Senadores aprobó la Ley Bases, con Victoria Villarruel desempatando después de un empate de 36 votos a favor y 36 en contra.
Con esto, el gobierno de Javier Milei busca reafirmar su enfoque de desregulación económica, las facultades extraordinarias otorgadas al ultraderechista, el impacto negativo en la industria nacional, la reintroducción del Impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Las negociaciones sucedieron hasta último momento, y la votación, que se extendió hasta la madrugada de este jueves, quedó empatada en 36 votos. El voto a favor de la vicepresidenta Victoria Villarruel fue determinante para la aprobación del paquete legislativo.
Ahora, el paquete legislativo deberá regresar a la Cámara de Diputados, que lo aprobó en abril, para su sanción, ya que en el Senado sufrió modificaciones para poder ser aprobado.
Mientras se discutían los puntos de la ley dentro del Parlamento, cientos de personas se manifestaron en las inmediaciones del recinto y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad. En diferentes barrios porteños y en ciudades del interior del país se registraron cacerolazos y manifestaciones espontáneas en rechazo a esta ley.
Punto por punto, los capítulos aprobados por la Ley Bases:
Facultades delegadas: La votación terminó 35 a 35 y la presidenta del Senado, Victoria Villarruel desempató votando a favor del artículo I de la Ley Bases que delega en el Poder Ejecutivo las facultades vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia.
Privatizaciones: Con la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Nacional, Victoria Villarruel volvió desempatar (35-35) con su voto positivo y la Cámara Alta le dio el visto bueno al capítulo.
Empleo registrado: La normativa propone que los empleadores regularicen las relaciones laborales vigentes del sector privado, iniciadas con anterioridad a la fecha de la promulgación de la ley. Fue aprobada con 37 votos, mientras que 33 fueron negativos.
Modernización laboral: fue aprobado con 37 votos afirmativos y 33 negativos. Este título contempla modificaciones a la ley de contrato de trabajo, sistema único de registro y extensión del periodo de prueba laboral, entre otros puntos.
RIGI: El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones alcanzó los 38 votos positivos. El oficialismo contó en este caso con el apoyo de tres senadores de Unión por la Patria: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Mendoza).
El RIGI establece “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para titulares de un único proyecto de inversiones que superen los US$ 200 millones. Son incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones.
El oficialismo agregó al petróleo, gas, siderurgia y turismo como actividades que podrán participar del régimen, siempre y cuando cumplan los requisitos del régimen. Estas ramas se sumaron a la infraestructura, energía, tecnología, forestal y minería que ya figuraban en el texto.
Los proveedores locales que participen del régimen tendrán un beneficio del 20% de la totalidad del monto de inversión. Los párrafos sancionados dicen que los incentivos cambiarios en el cobro de exportaciones será de un 20 por ciento al cabo de dos años de iniciada la inversión, de 40 por ciento después de tres años y del 100 a partir de los cuatro.
Medidas fiscales para el tabaco: La votación arrojó un resultado de 33 votos afirmativos, 10 negativos y 27 abstenciones, pertenecientes a Unión por la Patria.
Moratoria: Este título fue eliminado. Se mantendrá vigente la moratoria jubilatoria tal como rige desde el Gobierno de Alberto Fernández. Al final, la alteración al régimen actual fue dada de baja y en consecuencia, sigue el statu quo. Si se derogaba la moratoria anticipada implicaba que 9 de cada 10 mujeres no podía jubilarse a los 60 años y debería esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM, en caso de no contar con aportes.
Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social: Los senadores lo aprobaron por unanimidad.
Régimen de regularización de activos: El título fue aceptado por unanimidad, con 72 votos positivos.
Bienes personales: Este título fue eliminado por parte de los Senadores (rechazado con 37 votos contra 35 positivos). Se proponía llevar el mínimo no imponible de 27 millones de pesos a 100 millones y aplicar una baja de alícuotas del 1,75 por ciento actual a un rango que va del 0,5% a 1,5%. También se eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que pagan una alícuota más alta.
Impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas: El resultado fue de 38 votos positivos, contra 34 negativos.
Restitución del Impuesto a las Ganancias: Este título tuvo 41 votos negativos contra 31 positivos y se proponía restituir el impuesto para los sueldos superiores a 1,8 millones de pesos para los solteros y de 2,2 millones para los casados, esto era un pedido especial de gobernadores de Juntos por el Cambio. De no haber nuevos cambios en Diputados, quedará vigente el esquema que rige actualmente de Ganancias. Es decir, continuarán pagando el impuesto quienes perciben un salario bruto mayor a $3.514.725 (15 salarios mínimos vitales y móviles).
Régimen simplificado para pequeños contribuyentes: El Senado votó en contra del artículo 100 dentro del capítulo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del paquete fiscal que preveía la prórroga del denominado Monotributo Social. Esa norma, que no estaba incluida en el proyecto original y había sido agregada durante la discusión en Diputados, aseguraba la continuidad de beneficios para sectores de la economía popular que podían facturar por sus actividades comerciales abonando una mensualidad menor que el resto de los monotributistas.
Blanqueo de capitales: No se podrán blanquear criptomonedas en el exterior. Se estableció que los inmuebles a nombre de sociedades sólo se podrán blanquear si estaban declarados por la sociedad. Además, la prohibición de los funcionarios de adherir al blanqueo pasó de 5 a 10 años, entre otros cambios.
