La llamada “Causa Cuadernos” volvió al centro de la escena política y judicial argentina en las últimas semanas, no por nuevas pruebas contra exfuncionarios kirchneristas, sino por una serie de declaraciones de empresarios imputados que aseguran haber confesado bajo presión durante la instrucción encabezada por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

El juicio oral, que investiga supuestos pagos de sobornos vinculados a la obra pública entre 2003 y 2015, atraviesa un momento crítico: varios “arrepentidos” comenzaron a retractarse de sus testimonios originales y denunciaron coacciones psicológicas, amenazas de prisión preventiva y maniobras judiciales para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la jornada de ayer, el encargado del edificio de Recoleta donde vivía Cristina Kirchner, Julio César Silva, declaró que mintió en su testimonio de 2018 porque fue amenazado y presionado por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. “No te olvides nunca que tenés dos hijas”, relató que le advirtieron en forma reiterada cuando fue a dar testimonio a Comodoro Py.

Qué es la causa Cuadernos

La causa se inició en 2018 a partir de fotocopias de supuestos cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer del exfuncionario Roberto Baratta. En esas anotaciones se registraban recorridos, direcciones y presuntas entregas de dinero realizadas por empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista. El caso fue impulsado judicialmente por Bonadio y Stornelli y rápidamente se convirtió en uno de los expedientes más grandes de la historia reciente argentina.

Durante la instrucción hubo decenas de detenciones y empresarios aceptaron declarar bajo la figura del “imputado colaborador”, conocida popularmente como “arrepentidos”. Muchos de ellos recuperaron la libertad tras declarar.

El expediente sostiene que existió una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas vinculadas a contratos de obra pública y concesiones estatales. Cristina Fernández de Kirchner está acusada como presunta jefa de esa estructura.

Las retractaciones que sacuden el juicio

El dato más relevante de las últimas audiencias es que varios empresarios comenzaron a desmentir sus propias declaraciones realizadas años atrás.

Según informaron distintos medios judiciales, empresarios como Mario Rovella, Guillermo Escolar y Oscar Sansiñena aseguraron ante el Tribunal Oral Federal 7 que confesaron pagos de coimas por miedo a quedar detenidos.

Rovella declaró que actuó bajo una “situación de coacción psicológica” y sostuvo que los hechos que confesó “simplemente no habían ocurrido”. Escolar, por su parte, calificó sus declaraciones previas como “un invento” motivado por el clima de presión que existía en Comodoro Py.

En paralelo, otros empresarios arrepentidos optaron directamente por no declarar en el juicio oral. Las defensas cuestionan que se incorporen sus testimonios por lectura sin posibilidad de contrainterrogarlos.

Uno de los elementos que volvió a instalarse alrededor de la causa es la discusión sobre el funcionamiento del sistema judicial durante el macrismo y las acusaciones de lawfare: el uso de causas judiciales con fines de persecución política.

En mayo de 2026, Página/12 informó que 27 imputados relataron haber sufrido presiones para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner. Según esas declaraciones, existían amenazas de prisión preventiva y negociaciones informales para obtener beneficios procesales.

El artículo también señala que, ante el tenor de las declaraciones, el tribunal decidió dejar de transmitir algunas audiencias. Además, figuras clave de la acusación, como Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarens, se negaron a declarar.

Las denuncias reabren viejos cuestionamientos sobre la utilización de la prisión preventiva como mecanismo de presión y sobre el rol que jugaron sectores del Poder Judicial y medios de comunicación en la construcción pública de la causa.

Los cuadernos originales y las controversias

Uno de los aspectos más polémicos del expediente fue que durante años no aparecieron los cuadernos originales: la investigación avanzó inicialmente sobre fotocopias entregadas por el periodista Diego Cabot.

Recién en 2025 reaparecieron los manuscritos originales y se realizó un peritaje para determinar si efectivamente habían sido escritos por Centeno. El tribunal incorporó esa pericia al expediente como prueba válida. Sin embargo, las defensas sostienen que persisten inconsistencias en la cadena de custodia y cuestionan la legalidad de gran parte de la investigación inicial.

Otra novedad reciente fue el intento de más de cincuenta empresarios y exfuncionarios de cerrar sus causas mediante la figura de “reparación integral”, ofreciendo dinero, propiedades e incluso bienes materiales para extinguir la acción penal. El Tribunal Oral Federal 7 rechazó esos pedidos en octubre de 2025. La fiscalía argumentó que aceptar esas ofertas implicaría “privatizar el interés público” y abrir “un mercado de impunidad”.