Pasos hacia una justicia menstrual

En el Día de la Higiene menstrual analizamos las consecuencias de las barreras a la hora de acceder a la gestión menstrual y las políticas en marcha.

Por El Grito del Sur

Además del Día Mundial de la Acción por la Salud de las Mujeres, 28 de mayo se considera el Día Internacional de la Higiene Menstrual. Esta efeméride, impulsada por la ONG WASH United, busca desmontar mitos, difundir información y romper el tabú sobre un tema que, a pesar de los avances del feminismo, continúa estigmatizado.

Mientras las publicidades recurrían hasta hace poco al líquido azul para representar el sangrado, en Argentina hay 12.268.437 mujeres menstruantes (considerando la población entre 10 y 49 años), sin tener en cuenta otras identidades como trans o no binaries que no fueron registradas como tales en el último censo del INDEC. Si bien el acto de menstruar es individual, existen factores colectivos que influyen en cómo se transita esta experiencia  y tornan fundamental hablar de las consecuencias que tienen las barreras económicas a la hora de gestionar la menstruación y acceder a productos de higiene menstrual. 

En nuestro país, el costo de menstruar genera un gran impacto para las clases bajas. Según el reciente informe “Justicia menstrual. Igualdad de género y gestión menstrual sostenible”, realizado por la Dirección Nacional de Economía, igualdad y género que encabeza Mercedes D’Alessandro, el costo de los Productos de Gestión Menstrual (PHM) analizarse bajo tres parámetros: aquellos que se encuentran dentro del paquete de Precios Cuidados, cuyo costo se estima en $1.933 anuales si se usan toallitas y $2.158 si se prefieren los tampones; los más vendidos, que alcanzan los $3.228 y $4.327 y las opciones más costosas, que oscilan entre los $7.873 y $5.739. 

Estos números, de por sí alarmantes, empeoran si se los compara con los ingresos: para diciembre del 2020 un año de los PHM englobados en Precios Cuidados representaba el 26% de la Canasta Básica Alimentaria ($7.340) y un poco más de la mitad (52%) de la Asignación Universal por Hije ($3.717). Teniendo en cuenta que en el cuarto trimestre del 2020 el ingreso de una mujer del decil más bajo rondaba los $4.021 mensuales, la gestión menstrual de un año equivalía a la mitad de ese ingreso, siempre y cuando logre acceder a los productos subvencionados, lo cual se volvió más difícil durante la pandemia.

Lejos de ser casos aislados 1.912.298 mujeres de entre 10 y 49 años se encuentran en los dos deciles más bajos de ingresos y 3.114.323 son beneficiarias de la AUH (2.280.725 adultas y 833.598 niñas y adolescentes).

“El acceso a los productos de gestión menstrual es un factor muy fuerte de desigualdad que está completamente invisibilizado. Esto no solo implica lo económico sino que además tiene un costo altísimo en la salud y en el ambiente. Hay estudios de la Universidad de La Plata que encontraron que en el 85% de las toallitas y los tampones descartables contenía trazas de glifosato. Además son residuos patógenos, que pueden filtrarse y contaminar aguas subterráneas, arroyos y lagos, produciendo problemas graves de salud y generando un empeoramiento de la calidad de vida de las zonas aledañas, que suelen ser barrios vulnerables y con bajo acceso a los servicios de salud”, explica a El Grito del Sur Daniela Vilar, diputada del Frente de Todos y autora del proyecto de ley para la creación de un Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable.

A pesar de ser de ser productos indispensables, al día de hoy los PHM continúan gravados con el IVA, una medida regresiva que ya fue modificada en países como Colombia, Kenya, Canadá, India o Namibia, además de aquellos donde se redujeron otros impuestos. Este costo extra, lejos de la mirada machista que desprestigia o minimiza el problema, genera grandes perjuicios en la vida cotidiana de las personas menstruantes: según la Primera Encuesta de Gestión Menstrual realizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires un 70% de las encuestadas dijo haber modificado sus hábitos de gestión menstrual por motivos económicos y casi la mitad manifestó haber dejado de ir a la escuela o a la facultad (47,9%) por estar menstruando. “Para pensar la gestión menstrual hay que considerar que demanda acceso a agua limpia, instalaciones adecuadas, elementos seguros, lugar para la correcta eliminación de desechos, cuestiones que claramente no están garantizadas en todos los casos”, agrega la funcionaria.

A partir del cambio de gobierno, con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Dirección de Economía, Género e Igualdad, la agenda de menstrual cobró gran relevancia política. Durante el 2020, diferentes organismos estatales pusieron en funcionamiento programas específicos, se invirtieron  $2.868.359 pesos en la compra de 5.000 copas menstruales a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y se realizó el foro de “Acciones para alcanzar la Justicia Menstrual” donde se congregaron más de 100 funcionarias. Entre otras acciones significativas, el Ministerio de Seguridad desarrolló un Programa de Gestión Menstrual para entregar de copas menstruales y capacitar al personal femenino de las cuatro fuerzas federales (21.050 de un total de 94.397 agentes), mientras que en diciembre AySA acordó el pago mensual no remunerativo para gastos en PGM y el Ministerio de Desarrollo Productivo distinguió con el sello “Buen Diseño Argentino” a tres copas menstruales. 

Sin embargo, las organizaciones sociales aseguran que las políticas no deben quedar limitadas a la gestión ya que, lejos de romper los mandatos, se puede recaer en nuevos. “Nuestra red surge porque vemos que el tema de la menstruación estaba entrando en la agenda pública del Gobierno pero no en los feminismos de base” explica a El Grito del Sur Florencia Caravajal, integrante de Activismos Menstruales en Red (AMRED), un espacio que nuclea diez organizaciones de manera federal. 

“La menstruación no es un tema exclusivamente económico porque la injusticia atraviesa la salud y el ambiente. Está buenísimo que el Estado pueda garantizar la accesibilidad a los productos de higiene menstrual pero también es necesario pensar en el orden del deseo y considerar el contexto -sugiere Caravajal-. Tal vez vas a un barrio a repartir copitas y las pibas no las quieren usar y eso es válido”. “No queremos que los planes de gestión menstrual se limiten a dar licitaciones a empresas cuando en realidad lo que se necesita es trabajar con las compañeras y armar procesos y referentes”, asegura la activista.

Desde AMRED están organizando un posteazo masivo para este viernes a las 18 con el propósito de visibilizar los diferentes ejes que abarca la gestión menstrual. En ese contexto subrayan que es imprescindible tener una mirada global e interseccional, ya que en muchos casos las vulnerabilidades se yuxtaponen. 

“Hay personas en situación de calle que no tienen donde ir a higienizarse y la pandemia hizo más difícil el acceso a un baño público. Por eso no es una cuestión sólo económica sino psico-bio-social. Cuando algunos dicen que con el covid esto no es prioritario, nosotras sabemos que sí porque las compañeras no pueden estar sangradas”, afirma Caravajal.

Ambas entrevistadas destacan los estragos que los productos de gestión menstrual descartables generan en el ambiente y la necesidad de difundir información en el marco de la nueva ley de Educación Ambiental: se estima que los PGM descartables generan 132 mil toneladas de basura no reciclable al año. 

El 75% de las personas menstruantes saben “poco” o “nada” sobre los componentes de los productos de gestión menstrual y que quienes eligen usar productos descartables priorizan “la facilidad” a la hora de usarlos y conseguirlos. 

“Este desconocimiento es mucho mayor cuanto más adultas son las personas menstruantes, lo que nos marca la pauta de que una tarea que tenemos es interpelar a las personas más grandes, más allá de las pibas jóvenes, y poder acercarles toda la información que tenemos”, reafirma Vilar.

“Nosotras queremos trabajar con la formación de formadores”, manifiesta Caravajal y recuerda la necesidad de integrar la perspectiva de diversidad y a los varones trans que menstrúan. “Queremos que les ginecóloges den alternativas explicando los beneficios y las consecuencias de cada uno (de los PGM), para que las personas puedan elegir y estar acompañadas. Si no, por más que se tengan los insumos no saben cómo usarlos y muchas veces cuando recurren al centro de salud con algún problema les profesionales las maltratan o las juzgan, reforzando el tabú sobre la menstruación por desconocimiento”.

La deuda legislativa

En Argentina la gran deuda respecto a la gestión menstrual tiene que ver con la falta de normas legislativas. Si bien en este momento existen 14 proyectos (10 en la Cámara de Diputados y 4 en el Senado) que refieren a la gestión menstrual jamás una iniciativa vinculada a la temática llegó a ser discutida en las comisiones del Congreso. 

Actualmente las propuestas abarcan puntos como la exención del IVA, la Provisión Gratuita de PHM, la Gestión Menstrual sustentable, la Generación de Datos y Sensibilización y concientización sobre la gestión menstrual. Pero la cuenta regresiva es cruel: de los 14 textos (10 de autoría femenina y 4 masculina) 13 perderán su estado parlamentario si no son aprobados por al menos una de las Cámaras antes del 30 de noviembre del 2021. 

“Nuestra propuesta impulsa la creación de un Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable para que tengamos información completa sobre todos los productos de gestión menstrual que existen y su impacto en la salud y en el ambiente. Además, propone la creación de un Observatorio de Gestión Menstrual, para que el Estado en conjunto con la sociedad civil genere información y datos para la creación políticas públicas que ayuden a reducir las desigualdades de la menstruación. También, insta al Estado a crear políticas de incentivo a la producción nacional de productos de gestión menstrual sustentable y la incorporación en el Programa Precios Cuidados”, cuenta Vilar que debió soportar los ataques públicos por proponer que se destinen los fondos públicos se destinen a estas problemáticas. 

“Sabemos que a muchos y muchas les molesta, es un tema con muchísima condena mediática. El año pasado cuando presentamos el proyecto quisieron ridiculizarlo, disciplinarnos a quienes estábamos militando este tema. Quieren que siga siendo un tema de mujeres, del espacio privado. Pero la verdad es que es un tema que llegó para quedarse, es un tema de salud pública, de conciencia ambiental y de igualdad” finaliza la legisladora.

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