Mientras la atención está puesta en el fútbol, el Senado debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: qué propone y por qué genera polémica

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei busca modificar las reglas sobre expropiaciones, desalojos, tierras rurales, barrios populares y manejo del fuego. Sus impulsores hablan de mayor seguridad jurídica para propietarios e inversores, pero las organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que podría afectar el acceso a la vivienda y facilitar desalojos.

Mientras gran parte de la atención pública está puesta en el partido de la Selección Argentina, el Senado tiene previsto se prepara para debatir este jueves otro de los proyectos más polémicos impulsados por el Gobierno de Milei: la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo en marzo de este año, forma parte del paquete de reformas surgidas del Consejo de Mayo y llega al recinto tras varias modificaciones durante su tratamiento en comisión.

Aunque su nombre remite a un principio ya reconocido por la Constitución Nacional, el proyecto incorpora cambios concretos en distintas leyes vinculadas al uso del suelo, las expropiaciones, la propiedad rural y los desalojos.

¿Qué propone el proyecto?

Entre los principales cambios se encuentran:

• Restringe las posibilidades de expropiación por parte del Estado y fortalece las garantías para los propietarios privados.
• Agiliza los procesos de desalojo, reduciendo requisitos procesales para recuperar inmuebles ocupados. Según el Gobierno, busca brindar mayor seguridad jurídica; para organizaciones sociales, esto podría acelerar desalojos de familias vulnerables.
• Modifica la Ley de Tierras Rurales, eliminando varias de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque mantiene controles específicos cuando intervienen Estados extranjeros o empresas estatales.
• Deroga aspectos vinculados al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) que habilitaban procesos de regularización dominial para familias asentadas en barrios populares.
• Introduce modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego, eliminando restricciones que impedían cambiar el destino de tierras incendiadas durante determinados plazos. Esa normativa había sido creada para desalentar incendios intencionales destinados a habilitar emprendimientos inmobiliarios o productivos.

¿Cuáles son las críticas?

Diversas organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos cuestionan la iniciativa por considerar que el concepto de “propiedad privada” se utiliza para avanzar sobre otros derechos también protegidos por la Constitución.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, sostiene que la reforma podría dificultar el acceso a la vivienda; agravar la situación de barrios populares; aumentar la vulnerabilidad de comunidades campesinas e indígenas; facilitar desalojos; limitar herramientas estatales para políticas ambientales, urbanísticas y de infraestructura.

También existen cuestionamientos a las modificaciones sobre la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Tierras Rurales, ya que especialistas advierten que podrían favorecer procesos de especulación inmobiliaria y concentración de la tierra.

Desde el Observatorio de Tierras del PRIHA (FCE-UBA) sostienen que la propuesta de modificación del régimen de tierras rurales marca “un punto de inflexión regresivo en materia de soberanía territorial”.

“Este giro favorece una mayor concentración y presión sobre el mercado de tierras: puede impulsar el aumento del valor en zonas de mayor demanda, dificultando el acceso para poblaciones locales y proyectos productivos. A la vez, profundiza el riesgo de restricciones en el acceso a ríos, lagos, nacientes y caminos, afectando tanto el derecho al agua como usos sociales básicos como el turismo, el deporte y el esparcimiento”, agregaron.

Actualmente los extranjeros poseen alrededor del 5% de la tierra rural del país, mientras que la legislación vigente autoriza que ese porcentaje alcance el 15%. “Hoy poseen 13 millones de hectáreas y podrían llegar a ser dueños de prácticamente 40 millones de hectáreas, una superficie mayor que toda la provincia de Buenos Aires”, explicó Pablo Voldkin, coordinador del Observatorio de Tierras.

La legislación vigente establece que las personas o empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. El proyecto impulsado por el Gobierno elimina ese límite nacional y traslada a las provincias la decisión sobre eventuales restricciones.

Según el Observatorio, esta modificación “desmantela una política pública construida para proteger un recurso estratégico” y abre la puerta a una mayor concentración de la propiedad rural en manos de grandes capitales.

¿Por qué preocupa a Tucumán?

La provincia registra conflictos por la tenencia de la tierra entre comunidades indígenas, familias campesinas y emprendimientos privados, especialmente en los Valles Calchaquíes, Trancas y zonas pedemontanas. A ello se suman las disputas por el avance de desarrollos inmobiliarios y productivos sobre áreas rurales.

Para especialistas en políticas territoriales, flexibilizar las regulaciones sobre la propiedad de la tierra podría profundizar procesos de concentración y dificultar el acceso al suelo para pequeños productores y comunidades que aún no cuentan con títulos regularizados.