Santiago del Estero. Ariel Belindo Orellana y sus seis hermanos perpetraron abusos sexuales, violencia física, psicológica, amenazas, sometimiento y secuestro de su pareja Ana María Lejido (38) y sus hijxs. Desde hace cuatro años Ana cumple prisión preventiva en su casa, sin asistencia del Estado. Hoy podría ser condenada como partícipe necesaria de los hechos por no haber impedido el abuso sexual de dos de sus hijas. La Justicia sin perspectiva de género.
por Natalia Seoane
Ariel Belindo Orellana y sus seis hermanos perpetraron abusos sexuales, violencia física, psicológica, amenazas, sometimiento y secuestro de su pareja Ana María Lejido (38) y sus hijxs. Desde hace cuatro años Ana cumple prisión preventiva en su casa, sin asistencia del Estado, mientras que cinco de los responsables de los abusos están en libertad y tres de los imputados siguen prófugos, contra ellos la investigación está paralizada y dos cuentan con el beneficio de condenas en suspenso por tres años, tras un juicio abreviado.
Luego de que se denunciara la situación (que ocurrió en el paraje rural Miel de Palo a 20 km de la ruta provincial N° 7 en Santiago del Estero) se culpabiliza a Ana María de entregar a sus hijas y de ser cómplice de las atrocidades y torturas que los hermanos Orellana las sometían sistemáticamente.
Familiares y vecinos declararon que Ana María vivía amenazada por su pareja, que no podía salir de su casa sin la autorización de Ariel Belindo Orellana, estos detalles constan en el expediente judicial y en el informe psicológico se menciona la situación de violencia física, psicológica y verbal a la cual era sometida por parte del agresor.
Ana María Lejido sobrevivió a diferentes violencias por razones de género e incluso, a la violencia institucional.
En la escuela y la sala de salud cercana estaban al tanto que ella y sus hijas eran abusadas a diario por Orellana y sus hermanos, que vivían en una situaciones de precariedad y de violencia, sin embargo no denunciaron. Cada vez que se descubre un caso de violencia sobre infancias, la sociedad apunta estrictamente a la madre y pregunta ¿Por qué no se hizo la denuncia? La respuesta a esta pregunta puede ser múltiple, socialmente existe una desconfianza en la utilidad de la denuncia en sí misma, también existe un miedo a denunciar y tener que soportar en soledad el largo proceso de poder judicial.
Legalmente, tanto los agentes del Estado como los adultos a cargo de niñxs tienen la obligación de denunciar. Todas las personas adultas son responsables de cuidar a las infancias, aunque las responsabilidades son de distinto grado. Hoy la Justicia no busca a todos los responsables, sólo apunta contra el eslabón más débil de una cadena de vulneraciones de derechos, Ana María.
Una investigación sin perspectiva de género
El tratamiento del caso que hace el Poder Judicial no tiene en cuenta el contexto de vulnerabilidad, sometimiento en el que vivió Ana María. Se le asignó el lugar de partícipe necesaria de los hechos por no haber impedido el abuso sexual de dos de sus hijas. Establecer que ella fue solamente partícipe necesaria y no víctima supone creer que Ana María podía dominar, intervenir y modificar sola la situación de la cual ella y sus hijas estaban padeciendo.
El Poder judicial parece reproducir el discurso social sobre las madres, la acusación de una mala madre sin tener en cuenta el contexto. Si se investiga con perspectiva de género ante la pregunta: ¿Porqué no se había denunciado antes?, podría decirse, por miedo a los siete abusadores.
Desde los movimientos feministas de Santiago del Estero le preguntan al poder judicial: ¿Cómo puede ser que se le exija a alguien en absoluta soledad y sometimiento que denuncie? ¿Cuales son las garantías que tenía la víctima?
Ana María podría llegar a tener la misma condena y pasar casi los mismos años de prisión que su principal agresor.
Es claro que no puede haber justicia si no se contempla la historia de la violencia que sufrió Ana Maria para juzgar sus hechos. Condenar a una víctima por la responsabilidad sobre otras víctimas sólo da cuenta de la violencia patriarcal que el Estado reproduce desde los procesos judiciales. El poder judicial no puede ni debe reproducir la acusación de mala madre sobre una víctima.
