Un nuevo proyecto de Ley Paridad de Género en los Ámbitos de Representación Política se presentará esta semana en la Legislatura de Tucumán. ¿Qué resistencia mostrará una de las Cámaras más conservadores del país?
El 23 de septiembre, día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, organizaciones políticas, sociales y sindicales, presentarán nuevamente en la Legislatura de Tucumán el proyecto de Ley Paridad de Género en los Ámbitos de Representación Política.
La Ley de Paridad para la provincia será un nuevo desafío. Sobre todo teniendo en cuenta el contexto de pandemia y las agudizada crisis socioeconómica, que muestran profundos retrocesos en las condiciones de vida de las mujeres, lesbianas, trans y travestis.
Sumado a esto, las resistencias que generan las iniciativas de reconocimiento y ampliación de derechos o cualquier norma con perspectiva de género en esta Cámara, como por ejemplo la falta de adhesión a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable o la adhesión al protocolo nacional de interrupciones legales del embarazo, el rechazo al tratamiento de una Ley de Cupo Laboral Trans, etc.
Hoy, Tucumán sólo cuenta con el cupo femenino de una mujer candidata cada tres candidatos varones. Gracias a la lucha de mujeres de diferentes organizaciones feministas y partidos políticos, fue aprobado y reglamentado en 1995 el artículo 10 del Régimen Electoral Provincial que determina que “las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.
Esto no garantiza por ejemplo, que la composición de la Cámara legislativa mantenga esos porcentajes de participación de la ciudadanía femenina. Actualmente de los 49 cargos, solo 10 son ocupados por mujeres. En la historia parlamentaria de la Provincia, nunca se llegó a tener el piso mínimo de 30% de participación. Las organizaciones presentantes destacan que existen en la actualidad “Concejos Deliberantes donde todos sus integrantes son varones”.
A nivel nacional ya existe una ley para garantizar la paridad de género en los órganos legislativos desde el 2017. La Ley 27.412 establece que las listas de candidatos al Congreso de la Nación (diputados y senadores) y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas “ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”.
Escarbando un poco en la historia de las conquistas del movimiento de mujeres tucumano, se puede encontrar un pequeño libro “La mosca en la oreja, historia del cupo femenino en Tucumán”, publicado en marzo de 1996, por el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM – Tucumán. Esta genealogía permite ver que no hay iniciativas aisladas, sino una continuidad con avances y retrocesos en la lucha por una igualdad en la representación política.
Existe una base sólida sobre la que se construyen los derechos a una ciudadanía plena, con debates, diferencias, con consensos y alianzas.
Este tipo de iniciativas nace de los compromisos que como Estado ha asumido la Argentina por el reconocimiento de derechos humanos. Desde 1985, cuando nuestro país incorporó a la legislación nacional la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” se dio un mandato para generar medidas de acción positiva para impulsar la reducción de las brechas entre mujeres y varones.
¿Cuáles serán hoy los argumentos con los que nos encontraremos en este nuevo y viejo debate? No podemos olvidar las expresiones nefastas que en los 90’ mostraron la cara más cínica del patriarcado en las casi 200 páginas de archivo de prensa del debate por el Cupo Femenino en Tucumán, los medios de comunicación titularon así: “El poder: ese oscuro objeto del deseo femenino”, “Faldas al poder”, “Una bruja por cada candidato”, “La ley del sexo débil”, “Dos partidos dieron el si a las niñas”. Las traigo con la esperanza de no verlas repetidas en los medios de comunicación en la segunda década del siglo XXI.
Nos falta preguntarnos cómo se incorporarán las identidades disidentes y si soñar con medidas de acción positiva para ellas está en la agenda política.
