El informe “Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, una mirada federal” dejó expuesta las falencias de las justicias provinciales. Sobre esto hablamos con Marianella Flores Ríos, parte del Proyecto Generar, uno de las organizaciones autoras del proyecto.
La Fundación Micaela García, el Proyecto Generar, Guardia de Abogadas Feministas de CDD Argentina, Abosex, AboFem y Cladem Argentina presentaron hace una semana el “Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales, una mirada federal”.
“Cuando hablamos de la aplicación de la Ley Micaela no hablamos de capacitaciones aisladas o esporádicas, sino que lo que reglamenta esta capacitaciones es que las mismas se hagan a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad”, explica Marianella Flores Diaz del Proyecto Generar en diálogo con La Nota.
Flores Díaz señaló que algunas provincias respondieron al pedido de información pública como Tucumán, que informó que el 20% del poder judicial realizó las capacitaciones aunque no con el organo de aplicación competente.
En cambio, La Rioja si bien respondió el pedido de información pública no informó el porcentaje de aplicación y tampoco cumplió con el órgano de aplicación, ni con los datos necesarios.“Lo más preocupante de La Rioja es el retraso de 24 meses que tardaron en realizar esas capacitaciones”, apunta.
Por último, la abogada feminista señaló la importancia de este informe: “La Ley Micaela es una herramienta práctica para transformar el poder judicial en Argentina por eso es tan importante este monitoreo”.
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