Mientras el presidente Javier Milei corre cada día un poco más la vara de lo aceptable en Democracia —insultando a opositores, periodistas, trabajadores estatales, jubilados, incluso niños—, en paralelo avanza la censura y la persecución a quienes manifiestan disidencia.
Hasta hace unos días, en Provincia de Buenos Aires, veíamos con asombro e impotencia cómo eran encarceladas y judicializadas militantes peronistas acusadas de haber arrojado excremento a la casa del diputado José Luis Espert. Diversos especialistas calificaron las medidas judiciales como forzadas y desproporcionadas. Lo observábamos desde lejos, a más de 1.500 kilómetros. Pero no tardaría en llegar.
Este miércoles 9 de julio, se celebraron 209 años de la Independencia argentina. Tucumán, epicentro de aquella gesta histórica, esperaba la visita del presidente, como cada año. Pero Milei nunca llegó. Alegó que había niebla. En los hechos, se escondió de un acto que prometía evidenciar el aislamiento creciente de su gobierno. Los gobernadores, desde la firma del Pacto de Mayo, comenzaron a desmarcarse de un proyecto que asfixia a las provincias.
En ese contexto, un equipo de inteligencia de la policía tucumana detectó en Facebook un comentario de una usuaria que, según interpretaron, representaba una amenaza “implícita” contra el presidente. El resultado: allanaron su casa y le secuestraron el celular ¿Qué se considera amenaza implícita? ¿Qué está avalado decir y qué no?
La pregunta es genuina, sobre todo en un país donde un militante libertario, como Fran Frijap, puede decir públicamente en twitter “hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro”, o Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, pide “los tanques a la calle ya”, luego de que la Cámara de Senadores aprobara la suba de las jubilaciones, la ley de moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
En paralelo, se viralizó un audio grabado en secreto en un colegio privado de Tucumán, donde una docente expresaba su opinión crítica sobre el gobierno nacional. Lo que siguió fue una cacería. Se la acusó de “adoctrinamiento” y fue blanco de una campaña de hostigamiento que incluyó amenazas de muerte. Su trabajo y su carrera docente hoy penden de un hilo.
Todo esto ocurre mientras el propio presidente, sus ministros y legisladores insultan, difaman y promueven discursos de odio. Han llamado a “hacer desaparecer a los socialistas” y a “meter balas” contra quienes protestan. Incluso desde espacios simbólicamente relevantes —como el púlpito de una iglesia o el estrado de la Bolsa de Comercio— se refiere a su administración como el “Régimen de la libertad”, en una evidente contradicción con sus propias acciones.
La violencia se ensaña particularmente con mujeres, más con aquellas qué le presentan batalla con sus opiniones. Hace pocos días, la periodista María O’Donnell publicó una editorial pidiendo que cesaran los ataques. Respondieron con más agresiones. “Tremenda atendida a mandrila“, escribió el propio presidente, retuiteando a su director de audiovisuales, que la trató de “tarada”, “estúpida” y “pelotuda” por exigir respeto.
La motosierra avanza. Esta semana cerraron las oficinas de Vialidad Nacional, se anunciaron más despidos, y Milei amenazó con vetar leyes aprobadas casi por unanimidad en el Congreso, incluso aquellas que garantizan derechos básicos para jubilados y personas con discapacidad. En las calles, crece el reclamo de quienes ya no pueden pagar un plato de comida, ni medicamentos, ni sostener sus tratamientos oncológicos.
Y en este clima de ajuste brutal, persecución y odio, se criminaliza a quienes levantan la voz, mientras se premia a quienes gritan más fuerte o llaman a los tanques desde el poder. La pregunta no es si esto va a empeorar. La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a soportar antes de decir basta.
