Se cumplen dos años de la sanción de la Ley 27 610, de “Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)”. Desde La Nota entrevistamos a Agustina Ramón Michel, abogada tucumana, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Ramón Michel forma parte del equipo que realizó el informe “Calidad: El desafío a dos años de la ley de aborto”. El reporte busca poner en agenda una dimensión crítica de la política de interrupción voluntaria del embarazo a la luz de los estándares internacionales y la ley aprobada en 2020.
Esta investigación se realizó en el marco del Proyecto Mirar que tiene el objetivo de monitorear la implementación de la ley de aborto en Argentina.
Si bien el informe encuentra grandes avances en materia de acceso al derecho al aborto, también identifica las desigualdades que en algunos lugares siguen siendo un problema crítico.
“El clima de la nueva ley generó condiciones para mejorar la calidad en la provisión de abortos”, sostiene la especialista. La pregunta que guía la investigación es “¿cómo se presta el servicio?”, y el método utilizado es tanto cuantitativo como cualitativo.
“Lo cierto es que ha habido un cambio material concreto en términos de la producción y la difusión de información pública por parte de las autoridades sanitarias. Que la práctica sea legal también permitió y habilitó que haya más información que antes de 2020. Sí esperamos que haya más información en el futuro”, explica Ramón Michel.
Sobre los avances más concretos en estos dos años respecto a la Ley del Aborto, la especialista señaló tres puntos: “Algo que se percibe es un cambio de conciencia, le podemos llamar de conciencia legal de mujeres que se acercan a los servicios de salud, no ya temerosas o preguntándose cómo van a ser tratadas, sino con más conocimiento y un entendimiento de que es su derecho. Muchos profesionales también entienden que es una obligación por parte del sistema de salud. Es el cambio más estructural que podemos observar desde 2020, que se sigue desenvolviendo y es parte de lo que se suele llamar el cambio cultural social respecto del aborto; donde ya no lo tratamos como un hecho criminal silencioso que se debe ocultar, sino como una práctica de salud y un derecho que tienen las personas”.
Por otro lado, Ramón Michel mencionó que existe mayor disponibilidad de misoprostol, un medicamento que se usa para la práctica segura del aborto. “Antes de 2020 los sistemas de salud provinciales compraban a cuentagotas el medicamento. Esto ha cambiado drásticamente después de la ley, se ve un compromiso por parte de las autoridades de tener este insumo como se tiene una vacuna, como se tiene que tener alcohol o cualquier medicamento. Se va institucionalizando la interrupción del embarazo como parte de una prestación del sistema de salud donde hay que planificar tener insumos”, puntualiza.
Un tercer cambio es la cantidad de centros de salud y hospitales a los cuales hoy se puede recurrir para solicitar una interrupción del embarazo. La investigación reveló que hay un crecimiento de casi un 60% respecto a 2020. Y hay casos más paradigmáticos, como la Ciudad de Buenos Aires donde el 100% de las instituciones del Sistema Público de Salud proveen esta práctica. “Pero, también, en lugares como Entre Ríos o Tucumán, aumentó considerablemente y, poco a poco, se empiezan a ver más servicios de salud que garantizan la práctica. Esto es muy importante, primero por la accesibilidad geográfica, para que las mujeres no tengan que recorrer kilómetros, perder días de trabajo, solucionar las tareas de cuidado, y también para que no recaiga solo sobre pocos profesionales de salud, quienes tienen a cargo esta práctica”.
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Deudas pendientes
Para la especialista, aún queda mucho por hacer en cuanto a la difusión de información y acceso al aborto: “No hay una campaña masiva de información que es necesaria. Si bien hay muchas mujeres que hoy saben que tienen un derecho, y eso cambia la ecuación completamente y reduce la posibilidad de la arbitrariedad, todavía hay miles que no lo saben. En temas como estos, que históricamente han estado ocultos, envueltos en cierta idea de maldad, es más importante aún hacer campañas. Por eso, por ejemplo, la Comisión Interamericana, incluso la misma ley de aborto, se han pronunciado sobre el derecho y el deber a informar en este tema con transparencia activa”, explica Ramón Michel.
Para garantizar este derecho, es necesario que “de manera proactiva, las autoridades, los tomadores de decisión, defensores que trabajan el Poder Judicial, jueces, autoridades educativas y profesionales de la salud, informen activamente sobre la posibilidad de elegir que tiene una persona que está embarazada porque, insisto, son décadas y décadas de silencio. Requiere de algo más activo, no puede ser simplemente una actitud pasiva donde se espera que llegue una mujer diciendo quiero un aborto, tengo derecho”, señala.
Otro de los obstáculos, identificados por el reporte, para asegurar la calidad en la provisión de los abortos es la objeción de conciencia no ajustada a la ley. “Esto no es una novedad. Ya antes de la Ley 27 610 había centros de salud completos, hospitales, médicas, médicos que se negaban a realizar un aborto alegando objeción de conciencia. Lo que trae la Ley 27 610 es decir que esto es individual, no puede haber una objeción institucional de que todo un hospital se niegue y, además, quien alega objeción de conciencia tiene que cumplir una serie de deberes: el deber de informar, el deber de derivar, que no puede maltratar. No haría falta ni aclarar, pero como muchas de las prácticas de objeción de conciencia han venido acompañadas de distintos grados de violencia, tiene que haber un recordatorio de que, cuando uno objeta, siguen vigentes todos los deberes profesionales legales y éticos. Con la Ley 27610 lo que se observa es que hay mayor derivación, es decir que aumentó la práctica de derivar de buena fe a otro profesional”.
“Pero bajo ningún punto de vista se ha resuelto el problema”, afirma la abogada. “Sigue habiendo negaciones institucionales, hospitales que de manera ilegal y casi como política institucional, no proveen la práctica. También, profesionales de la salud que siguen comportándose ilegalmente ya sea porque dan mala información, porque no derivan, porque maltratan”.
A su vez, en el informe se señala el uso de tecnología obsoleta en la realización de la práctica, como los legrados para terminar el procedimiento. Actualmente, en sintonía con los procedimientos medicamentosos para la IVE, recomendados por la Organización Mundial de la Salud, desde el sistema de salud se puso a disposición el Combipack, que combina el misoprostol y la mifepristona.
Por último, en el reporte se menciona que las rutas de atención para acceder al aborto son poco claras. Muchas veces no son las resistencias sino los problemas de coordinación en el propio sistema de salud.
El informe concluye en que, si bien hubo avances, persisten situaciones críticas de falta de acceso o de calidad subestándar en poblaciones en situación de vulnerabilidad que plantean desafíos particulares: “Se trata de personas y grupos con necesidades específicas, a las que se debería adaptar todo el proceso de atención, desde la difusión en diferentes lenguas o sistemas de escritura que hagan más inclusiva la comunicación, hasta una consejería personalizada que tome en cuenta las capacidades de las personas que solicitan un aborto, no solamente para dar su consentimiento, sino también en términos de elección del método de aborto y provisión de información de acuerdo a sus dimensiones corporales, habilidades psicofísicas, posibilidades de administrar los medicamentos de manera adecuada y oportuna, situación sociofamiliar y económica, accesibilidad geográfica”, entre otros factores que es necesario atender para garantizar un acceso equitativo y de calidad.
Fueron los feminismos quienes instalaron el debate por el aborto en el Congreso de la Nación, en los medios de comunicación y las calles. Los aprendizajes de años de clandestinidad hoy están institucionalizados y robustecen a un derecho fundamental: el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. La persecusión judicial que hoy viven activistas de Socorristas en Red, quienes recientemente fueron encarceladas en Villa María, Córdoba, por brindar información sobre aborto seguro son evidencia de que aún quedan deudas pendientes y un largo camino por recorrer.
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