Femicidio en 7 de Abril: asesinó a su pareja, se suicidó y desde la comuna lo despidieron como “un gran tipo”
Yolanda Beatriz Amaya tenía 53 años y fue asesinada de un disparo en una zona de monte de 7 de Abril, Burruyacú, a pocos metros de su casa. Su esposo, René Sierra, de 56 años, habría utilizado la misma arma para quitarse la vida. La Justicia investiga el hecho como un presunto femicidio seguido de suicidio. La Fundación Dejar Huellas cuestionó que funcionarios despidieran al hombre públicamente sin mencionar la violencia de género.
La Justicia tucumana investiga un nuevo femicidio en la provincia. Yolanda Beatriz Amaya, de 53 años, fue encontrada asesinada en una zona de monte de la localidad de 7 de Abril, departamento Burruyacú. A pocos metros estaba el cuerpo de su esposo, René Sierra, de 56 años, quien habría utilizado la misma arma de fuego para quitarse la vida.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por el fiscal Carlos Sale, y la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio. Ambos cuerpos presentaban heridas provocadas por disparos y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó peritajes en el lugar para reconstruir la secuencia de los hechos.
El hallazgo ocurrió cuando una familiar advirtió que la pareja no se encontraba en su vivienda y comenzó a buscarlos. Una de las hijas encontró finalmente a Yolanda en un sector de monte ubicado detrás de la casa. Según informó el fiscal Sale, la mujer presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y Sierra fue encontrado a pocos metros, también con una herida producida por un disparo. Los primeros elementos indican que ambos disparos habrían sido efectuados con la misma escopeta.
La pareja vivía en una zona rural y se dedicaba a actividades vinculadas al campo, incluida la cría y venta de animales. Tenían ocho hijos y varios nietos.
El fiscal Sale señaló que habría situaciones de violencia previa, según declaraciones de familiares.
“Un gran tipo”: el cuestionamiento a los mensajes institucionales
Mientras la Justicia intenta reconstruir lo ocurrido, desde la Fundación Dejar Huellas y desde Ni Una Menos Tucumán expresaron su preocupación por el modo en que algunas personas del entorno de Sierra se refirieron públicamente a él después del femicidio.
Las organizaciones cuestionaron particularmente las publicaciones realizadas por Gustavo Jaime, comisionado comunal de 7 de Abril, quien realizó posteos despidiendo tanto a Yolanda Amaya como a René Sierra.
En uno de esos mensajes el funcionario se refirió al hombre como “un gran tipo”, sin tener en cuenta que la Justicia investiga el caso como femicidio. Para Dejar Huellas, “esa forma de comunicar el hecho contribuye a naturalizar la violencia ejercida contra las mujeres y borra la responsabilidad del presunto femicida detrás de una imagen de vecino, conocido o compañero”.
“René Sierra es un femicida y nadie que ostente un cargo público debe obviar esta barbarie”, sostuvo la Fundación en su comunicado. La organización también señaló que el hecho dejó ocho hijos huérfanos y reclamó que quienes representan al Estado reciban capacitación en perspectiva de género y en los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia.
Desde Ni Una Menos manifestaron: “Quienes ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad que trasciende sus vínculos personales: tienen el deber institucional, ético y legal de prevenir, sancionar y contribuir a erradicar toda forma de violencia por motivos de género. No pueden mirar hacia otro lado frente a un hecho de semejante barbarie, ni convertir los vínculos personales o laborales en una razón para desconocer la gravedad de lo sucedido”.
“Un femicidio no es un hecho privado ni una tragedia individual. Es la expresión más extrema de una violencia que, muchas veces, se inicia mucho antes y que como Estado tienen la obligación de prevenir”, expresaron.
El rol de quienes ocupan cargos públicos
El cuestionamiento adquiere una dimensión particular porque Gustavo Jaime no es solamente un vecino de 7 de Abril. Es el comisionado comunal de la localidad, cargo que ejerce desde hace años. La discusión que se plantea excede el contenido de un mensaje personal de despedida, marca la responsabilidad que tienen quienes ocupan cargos públicos a la hora de comunicar un hecho de violencia de género ocurrido dentro de su comunidad.
La Ley Micaela, sancionada en 2018, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El reclamo también apunta justamente a que esa formación no sea entendida como una formalidad, sino como una herramienta para reconocer las desigualdades y evitar discursos que puedan minimizar o invisibilizar la violencia machista.
Mientras tanto, la investigación judicial continúa. La Fiscalía aguarda los resultados de las autopsias y de los peritajes realizados por el ECIF para determinar cómo ocurrieron las muertes y confirmar la principal hipótesis del expediente.
Yolanda Amaya tenía 53 años. Fue asesinada. Y detrás de la palabra “pareja” y de la muerte posterior del presunto agresor, la Justicia investiga un femicidio. Nombrarlo como tal también es parte de no borrar la violencia de género que atraviesa el crimen.
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