Estado mínimo, crueldad al máximo: El año de Capital Humano

El año de gestión de Sandra Petovello a cargo del ex Ministerio de Desarrollo Social dejó huellas profundas: el organismo pasó a llamarse Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y se integró a la cartera del Ministerio de Capital Humano. La ministra cerró áreas claves, despidió y pasó a disponibilidad a trabajadores y fué el organismo que más veces cambió de secretario. El proceso de desterritorialización y vaciamiento de las políticas sociales, afectó a los beneficiarios de las políticas como a quienes las implementan. En esta nota, repasamos los principales hechos de un año crítico.

En febrero el Gobierno Nacional dispuso cerrar la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), lo que implicó cortar con la entrega de medicamentos oncológicos y de alto costo, una prestación imprescindible para adultos, personas embarazadas, adolescentes y niñas y niños con cáncer, que no tienen recursos para afrontar un tratamiento prolongado por tener diagnósticos de enfermedades crónicas discapacitantes o de patologías agudas. El inicio de la gestión estuvo marcado por una ola de renuncias, como la de Agustín Sánchez Sorondo, subsecretario administrativo, y luego la de Rodrigo ‘Roco’ Aybar, quien pasó de ser subsecretario de Innovación de la Economía Solidaria a subsecretario de Vivienda.

Desde marzo, más de mil trabajadores estatales, con años de experiencia, se encontraron al ingreso de su puesto de trabajo con sus huellas digitales rechazadas, listas pegadas en la puerta o con el paso franqueado en los molinetes del edificio principal. Circularon rumores de que las listas de despidos fueron elaboradas por un sindicato conocido por su perfil dialoguista y por colaborar con diferentes gestiones, independientemente de la orientación política de los gobiernos. Dijeron que habían subido nombres, que habían bajado suyos, y todos, sin importar como: enfilaron la lista de desempleo como saldo del año de gestión de Sandra Petrovello, la funcionaria del gabinete de Milei. Además, la gestión finalizó el convenio con la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM), lo que provocó la desvinculación de trabajadorxs que llevaban más de una década como monotributistas en el organismo.

Los despidos fueron selectivos y sectorizados. En junio, 24 personas del Cupo Laboral Travesti Trans a nivel federal, exclusivamente en las provincias, perdieron sus puestos de trabajo. En junio, generaron una desarticulación que partió la gestión territorial en todo el país, esta vez el golpe fue aún mayor y afectó a trabajadores que prestaban funciones en conurbano bonaerense y a nivel federal. 

Los despidos continuaron en áreas estratégicas como la Dirección Nacional de Emergencia, la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI) y el área de Prensa del Ministerio. Solo un gesto frío y mecánico dejó afuera a personas que, hasta la gestión anterior se las había reconocido como parte esencial. Apareció una puerta cerrada entre quienes trabajan y la tarea, también un movimiento incómodo entre la lucha y la resignación. Ya casi no sorprende a nadie que no haya ni un aviso institucional de los cambios, ni una persona que pueda hablar, argumentar las decisiones, dicen “esto va a estar un poco parado” sin embargo, desde la mirada de trabajadores, la gestión de recursos, no arrancó.

En marzo, el Gobierno anunció el cierre de 59 Centros de Referencia, creados originalmente para garantizar derechos. Según la gestión libertaria, esta medida permitiría un ahorro de $5.000 millones, al considerar estos espacios como ‘cajas de la política’ y a sus trabajadores como ‘ñoquis del Estado’. Los CDR, que habían sido símbolo del trabajo territorial y del vínculo comunitario, fueron despojados de su función de contención y cuidado colectivo, para finalmente ser cerrados.

Como parte del ajuste anunciaron cambios en el Monotributo Social, desarticularon el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el Potenciar Trabajo y unas 300 unidades de gestión del programa. Compulsivamente dividieron la población entre el Programa de Acompañamiento Social y el Volver al Trabajo. Lxs titulares estuvieron meses sin saber que tenían que hacer, a dónde ir y qué tarea tenían que cumplir para sostener la ayuda económica que a la fecha de dichas modificaciones era de $78,000. Recordemos que la canasta básica, en ese momento aumentó 7,1%, ya en abril de este año una familia tipo necesitaba más de $820.000 para no caer en la pobreza. Vivir de un plan, ya era un mito más. Las personas con problemas de salud, circunstancias personales por violencias de género, situaciones de consumos problemático, quienes residían en zonas de difícil acceso, personas con más de 50 años, madres de cuatro o más hijos menores de 18 años quedaron bajo la órbita del Acompañamiento Social a cargo de Laura Bustamante, una funcionaria designada sólo por un día como Directora,  que quedó como coordinadora ad hoc hasta la fecha.

Los diálogos sindicales tambalearon todo el año: primero, los mandaron a sentarse con Pablo De la Torre a quién echaron tras la polémica que surge por la entrega de alimentos destinados a los comedores populares y organizaciones sociales acopiados en los galpones de Tafí Viejo y de Villa Martelli; sin embargo, dicen que a pesar de esto, lo que terminó de eyectarlo fué un sistema de recaudación política ilegal en torno al sistema de contrataciones de personal por contratos firmados del área a su cargo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Petovello, lo reemplazó y destacó la incorporación de Yanina Nano Lembo y en un comunicado mencionó la reestructuración del organismo en el marco de crear un “Estado más pequeño y eficaz”. Antes de desplazarla, rodó la cabeza de la número dos de su gestión, la subsecretaría de Gestión Administrativa, Constanza Cassino, quién había asumido en lugar de Guillermo Garcia Eleisequi. Ella será recordada por haber comprado una cafetera de $2.000.000. 

Desde hace casi dos meses, los sindicatos deben sentarse con Juan Bautista Ordoñez, ya con la garganta rasposa de estar iniciando un diálogo y explicando lo mismo a un funcionario distinto cada tres meses. La gestión con la guitarra desafinada, produce un chirrido de desidia y desgano. Sin rock pero con show.

Surgieron medidas de fuerza relámpago, ollas populares, asambleas de trabajadores, paro, jornadas de lucha, movilizaciones, cese de actividades, algunas medidas fueron masivas, otras se desvanecieron absorbidas por un clima general. Entre los propios trabajadores, las grietas se hicieron abismos. Algunos, quizás temiendo los despidos, optaron por hacerle el caldo gordo a la gestión, como ya lo habían hecho antes, en la era del macrismo. Se repetía el ciclo de colaboradores, un revoltijo que aleja compañerxs.

Durante distintas jornadas, resonaron los bombos, las canciones y las banderas tanto dentro del ministerio como en las calles. Sin embargo, el 27 de junio, Día de los Trabajadores Estatales, el ruido no fue suficiente para llenar el vacío dejado por los despidos. El organismo fue desarticulado, desde su nombre, su identidad, los objetivos, las políticas públicas, los lineamientos de los programas. El daño no solo fue material y estructural, sino también subjetivo. La falta de acompañamiento, afectó a la población y la subjetividad de lxs trabajadores. Algunos se enfermaron, otros solicitaron licencias o iniciaron tratamientos permanentes tras enfrentar el desgaste y el maltrato continuo. Este año, al menos tres trabajadores fallecieron. El costo humano, fue alto. En su afán por adelgazar el Estado, la gestión le sacó el corazón.

La foto de hoy es clara: 33.000 trabajadores despedidos en distintos organismos, de los cuales 20.000 pertenecían a la Administración Central y desconcentrada. Así transcurrió el año, bajo la lógica de la motosierra que, en nombre de la eficiencia, dejó a miles de personas sin trabajo y, en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza. La metodología empleada por los funcionarios en la toma de decisiones expone, cotidianamente, la falta de conocimiento sobre la gestión pública e indiferencia hacia las consecuencias humanas.

¿Acaso en sus familias hay personas con discapacidad? ¿Tienen amigxs que dependan del monotributo social? ¿Comprenden realmente el alcance de lo que están haciendo? La respuesta es sí, y precisamente allí radica la gravedad del asunto.