Comienza a aplicarse la ley 8.981, que declara la “Emergencia por Violencia contra la Mujer”, sancionada por los legisladores en diciembre y promulgada por el Poder Ejecutivo en febrero.
Mañana, en la Legislatura, se reunirán representantes de los tres poderes del Estado provincial para conformar el comité especial y para dictar su reglamento interno, según lo prevé la ley. A partir de entonces, quedará en condiciones de convocar a miembros de organismos públicos y privados y a especialistas en el tema para iniciar el debate sobre qué se necesita para salir del estado de emergencia.
La ley 8.981, indica que la mesa institucional deberá emitir al menos dos informes anuales sobre la problemática, con datos sobre el “seguimiento de programas o políticas ya implementados, o que hubieran surgido del debate en su seno”.
Según las fuentes consultadas, la mesa institucional quedaría conformada por la abogada Érica Brunotto, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, y a la psicóloga Patricia María Santucho, del Centro de Atención y Orientación en Violencia Familiar, que depende del Ministerio de Seguridad, Gobierno y Justicia.
Por la Legislatura, según se resolvió participarán la presidenta de la comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, Graciela Medina (PJ-Tucumán Crece), y Stella Maris Córdoba (bloque Proyecto Popular).
Por el Observatorio de la Mujer (bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social del PE) participarán las licenciadas Eva Fontdevila y Verónica Ale.
Representarán a la Defensoría del Pueblo las abogadas Griselda Alfaro y Lourdes Avellaneda. Por el Poder Judicial de Tucumán actuarán Claudia Inés López y Angela Rossana Martínez, juezas en lo Civil en Familia y Sucesiones; mientras que por el Observatorio de la Mujer (depende directamente de la Corte Suprema de Tucumán) participarán María Laura Ciolli y Marcela Canelada.
Este equipo especial quedó facultado “para requerir informes, efectuar observaciones, propuestas o recomendaciones sobre las políticas públicas implementadas o a implementarse en la materia, así como señalar las falencias o vacíos de la legislación vigente”.
OBJETIVOS DE LA LEY
El 21 de diciembre pasado, la Legislatura sancionó la norma que declaró la emergencia en violencia contra la mujer en el territorio provincial. El estado de excepción -de una vigencia prevista de dos años- tiene por objetivo “revertir el número de víctimas”, “reforzar la política preventiva” y “optimizar los recursos del Estado en la lucha contra este grave flagelo social”.
El texto de la ley 8.981 establece “como política prioritaria para el Estado provincial” la concreción de una serie de objetivos, entre los que figuran el diseño y ejecución de acciones y programas para la prevención, sanción, y erradicación de la violencia contra la mujer; el fortalecimiento técnico y económico de la Jurisdicción provincial en la temática a través de tratados con Nación, para posibilitar la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia, y la reeducación o el castigo de las personas que la ejercen; la creación de refugios y espacios físicos transitorios de asistencia y contención a las víctimas; reforzar el funcionamiento del sistema judicial en esta materia; fortalecer la red de contención social de Organizaciones No Gubernamentales especializadas en Violencia contra la mujer; la implementación del Registro Provincial Único a partir de las denuncias que se realicen sobre Violencia contra la Mujer, para obtener estadísticas oficiales que permitan la elaboración de políticas públicas destinadas a la prevención, sanción y erradicación de este tipo de violencia, brindar capacitación y apoyo a las Comunas Rurales para facilitar la formación de Unidades especializadas en Violencia contra la Mujer; y, por último, garantizar la difusión de toda forma de contacto con los centros y lugares que prestan asistencia a las víctimas de Violencia contra las Mujeres.
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