En clase del jardín de infantes, la maestra estaba tratando contenidos específicos de Educación Sexual Integral. Ahí es cuando “Juana” -una nena de 5 años-, volvió a reconocer que había sido víctima de abuso sexual y contó que el agresor era su papá. La “señorita”, apenas terminó la clase, informó a la Dirección, a la mamá de la nena y labró un acta informando lo sucedido. Todo esto pasó la primera semana de mayo.

La escuela remitió el acta del relato a la Justicia, donde ya se tramita desde hace dos años este caso por abuso sexual. El acusado es el padre de Juana. El fiscal Carlos Picón solicitó el archivo del caso a pesar del reporte de la escuela. El juez Guillermo Di Lella confirmó el archivo. Es decir, eligieron dejar de investigar y descreer del testimonio de Juana, sin valorar la nueva evidencia aportada por la Escuela.

El caso comenzó en 2024: mientras jugaban, Juana le contó a su mamá una dinámica que tenía con su padre, quien no vive en la misma casa. Le contó dónde la había tocado, de qué forma y hasta le indicó con los muñecos las zonas genitales donde se habían producido los tocamientos. La mamá consultó de inmediato con su pediatra, quien le recomendó que acudiera a la Justicia para que el hecho se investigara. Fue ahí cuando la mamá de Juana denunció el caso en Tribunales. 

Tras la denuncia formal en la Justicia, Juana fue citada a Cámara Gesell: la nena, que entonces tenía 3 años, no logró manifestar el relato en la pericia. Todo terminó en cinco minutos. La defensa del acusado, quien aún no reconoció legalmente a Juana como su hija, apuntó a que se trataría de un relato “implantado”. Una defensa ideológica de manual.

A pesar del resultado negativo en la cámara Gesell, el expediente que investiga el abuso sexual incorporó otras pruebas: la denuncia de la madre de Juana, la declaración testimonial de la abuela, a quien le repitió el relato, un video en el que se escucha a Juana narrar los hechos, un informe de la psicóloga tratante donde manifiesta que existen indicadores de abuso sexual infantil, el informe del psicodiagnóstico del cual surge que Juana tiene un padecimiento reactivo, efecto de un “acontecimiento traumático reciente”, el acta de la escuela en la cual Juana, luego de una clase de ESI, expresa que su padre le tocó las partes íntimas. 

La última prueba presentada fue el acta de la escuela y a pesar de eso, la Justicia eligió no desarchivar para analizar el documento ni citar a la psicóloga. Para Luciana Gramaglio, abogada de Juana, el caso da cuenta de un patrón que se viene identificando. “En muchos casos pude ver que las investigaciones terminan buscando que el relato de una víctima encaje en una determinada forma de narrar la violencia. Esperar que una niña víctima de violencia sexual pueda producir un relato claro, determinado y jurídicamente reconocible para que el sistema considere que existe algo que investigar es trasladar a la víctima una exigencia que corresponde al sistema de justicia. La investigación debe adaptarse a las características de la víctima y del caso, y no al revés”, planteó.

Gramaglio apunta a la exigencia del sistema de Justicia que demanda una resolución veloz de los expedientes, sin analizar las complejidades de cada caso. “Frente a una denuncia de violencia sexual contra una niña, el Estado tiene una obligación reforzada y debe investigar y valorar de manera integral todos los elementos disponibles antes de cerrar una causa. Eso se llama debida diligencia”. 

“No estamos pidiendo una condena anticipada ni que se tenga por probado un hecho sin investigación. Estamos pidiendo que la Fiscalía investigue. Que se valoren las pruebas existentes y que se agoten las medidas que todavía faltan para aportar al esclarecimiento de lo ocurrido. Lamentablemente este accionar encuadra dentro de esta nueva ola que busca desalentar las denuncias de violencia sexual, descreer de las víctimas y apuntar en contra de las madres que denuncias abusos en contra de sus hijos”, insistió Gramaglio. “Lo que queremos es Justicia para Juana”, apuntó. 

Un relevamiento federal a cargo del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales analizó más de 8 millones de causas penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 provincias. El reporte señala que las investigaciones por falsas denuncias representan el 0.09% del total relevado. Sólo el 8% de ese 0.09% de denuncias falsas correspondió a casos de violencia de género. Es decir, es un fenómeno jurídico ínfimo y aún así, la oleada deriva en que jueces y fiscales apliquen un análisis doctrinario de las denuncias por abuso. 

De sostenerse el archivo del caso, Juana deberá volver a vincularse con su padre sin que se hayan valorado todas las vías de investigación para determinar si fue víctima o no de abuso sexual. ¿Volverían a vincular a Juana con su padre, a pesar de que después de una clase de ESI manifestó que fue abusada?

** Esta nota es el resultado del trabajo colaborativo entre las redacciones de La Nota Tucumán y Meta Crisis

** Foto de portada de Matilde Terán