Familias de la comunidad indígena Santa Rosa denuncian que fueron desalojadas con gases lacrimógenos y balas de goma. Tres viviendas fueron demolidas y al menos diez personas resultaron heridas, según los testimonios recogidos luego del operativo. El conflicto por las tierras comenzó años atrás y, de acuerdo con la comunidad, se originó en un plano aprobado por la Dirección de Inmuebles que se superpone con territorio ancestral.

En Santa Rosa ya no queda la casa. Quedan los escombros. “Estamos haciendo permanencia pacífica en lo que alguna vez fue mi casa. Hoy solo quedan los escombros”, cuenta Melina Soruco, integrante de la comunidad aborigen Santa Rosa, en Humahuaca, Jujuy.

El lunes 10 de agosto, un operativo policial llegó hasta el territorio donde permanecían cuatro familias. Hubo gases lacrimógenos, disparos con balas de goma, personas heridas y detenidas. Tres viviendas fueron finalmente derribadas con maquinaria pesada. La comunidad denunció además que durante el procedimiento había niños de 1 y 7 años y que no fueron resguardados.

Para quienes viven allí, el desalojo no empezó el lunes.

La historia de ese territorio se remonta, según la comunidad, a mucho antes de que existieran los expedientes judiciales. El bisabuelo de la familia Soruco vivía allí desde antes de 1935. Sembraba, cuidaba la tierra y criaba animales. Después continuaron sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.

“Somos la quinta generación que está persistiendo, y nuestros niños son la sexta generación”, cuenta Melina Soruco.

Son generaciones que crecieron en un territorio de aproximadamente 150 metros de largo por 30 metros de profundidad. Allí estaba también el agua comunitaria. El primer grifo, cuentan, fue instalado en la casa del abuelo.

Por eso, cuando hablan de esas tierras, no hablan solamente de una superficie delimitada en un plano. Hablan de una casa, de cultivos, de animales, de agua y de una historia familiar que atraviesa un siglo.

Un plano, un conflicto y un desalojo

El conflicto se remonta a 2012, cuando una vecina que tiene un terreno detrás del territorio de las familias Soruco y Guary hizo aprobar un plano ante la Dirección de Inmuebles. Según la comunidad, el plano incorporó una superficie que forma parte del territorio comunitario que las familias ocupan históricamente.

El acceso de esa vecina a su terreno también forma parte de la historia. Durante años, tenía el ingreso por el río. En una asamblea comunitaria se le otorgó autorización para atravesar el territorio de Santa Rosa y llegar a su propiedad sin tener que dar toda la vuelta. El permiso, explican, fue otorgado por la propia comunidad.

La situación cambió cuando ese paso comunitario terminó vinculado a una disputa por la propiedad de las tierras.

La comunidad sostiene que el plano presentado por la vecina fue aprobado por Inmuebles sin verificar que la superficie se superponía con territorio comunitario. También afirma contar con documentación de la propia Dirección de Inmuebles que reconocería que existió un error, además de testimonios de vecinos que respaldan la ocupación histórica.

En 2019 comenzó el juicio. Según relata Soruco, la comunidad presentó documentación y pruebas para demostrar que esas tierras habían sido habitadas por su familia durante generaciones. Sin embargo, aseguran que esas pruebas no fueron consideradas por la Justicia.

En mayo de este año, una primera orden de desalojo había sido suspendida. En aquel momento, la comunidad ya denunciaba que el conflicto estaba relacionado con un plano que, según sostienen, había sido aprobado de manera errónea y que avanzaba sobre territorio comunitario.

Incluso antes de que el desalojo pudiera concretarse, cuentan que un camión municipal llegó al lugar para ayudar a retirar las pertenencias de la familia.

Después llegaron nuevas notificaciones. El 21 de marzo recibieron el primer aviso de desalojo. Presentaron una apelación. El procedimiento volvió a intentarse. Y otra vez.

“Recién el cuarto desalojo es el que pudieron ejecutar”, cuenta Melina. Esta vez, el operativo avanzó.

El lunes, cerca del mediodía, comenzaron los disparos. “A las 12 empezaron a reprimir, a las 3 de la tarde ya estaba la máquina, a las 5 ya no teníamos casa”, relata Melina. En esas tres horas se concentró el desalojo.

Según los integrantes de Santa Rosa, efectivos de Infantería y de la Policía ingresaron al territorio con gases lacrimógenos y balas de goma mientras las familias intentaban impedir que las máquinas avanzaran sobre sus viviendas. El vicecomunero Ángel Mendoza denunció posteriormente que había menores, adultos mayores y personas con discapacidad en el lugar.

La comunidad sostiene que al menos diez personas recibieron impactos de perdigones de goma y que algunos disparos fueron efectuados a corta distancia y directamente contra los cuerpos. Varios de los heridos habrían recibido múltiples impactos.

“Había personas con más de 16 impactos”, denunciaron desde la comunidad. La escena que reconstruyen los integrantes de Santa Rosa es la de una comunidad atravesada por la violencia institucional. “Fue toda una violencia que no era necesaria”, dice Melina.

La orden judicial, según relata la entrevistada, establecía que durante el desalojo debía resguardarse la seguridad de los niños. Sin embargo, las familias denuncian que durante el procedimiento se rompieron puertas y ventanas y que se arrojó gas lacrimógeno en una habitación donde había niños.

Para Melina, uno de los momentos más desesperantes ocurrió cuando una mujer vio salir a tres niños de una de las casas pero no encontraba a su propio hijo.

“Ella estaba desesperada”, cuenta. La mujer, que es cuñada de Melina, terminó detenida. Los medios que cubrieron el operativo confirmaron que tres viviendas fueron derribadas por maquinaria pesada. La comunidad denunció que una de las máquinas no tenía patente y que las pertenencias de las familias fueron retiradas de las viviendas antes de la demolición.

También quedaron los animales. Melina cuenta que los caballos estaban atados mientras ocurría el operativo y denuncia que también recibieron disparos.

Después de la represión, varias personas necesitaron atención médica. Según la comunidad, hubo asistencia en el lugar pero los heridos no fueron atendidos de inmediato y recién durante la madrugada pudieron ser trasladados para recibir atención.

Las familias quedaron sin casa. “Mis padres durmieron ahí. No tenemos dónde ir”, dice Melina. Ahora permanecen en el mismo territorio, entre los restos de las viviendas que hasta hace pocos días eran sus casas. La comunidad sostiene que continuará con las presentaciones judiciales para esclarecer las lesiones, las detenciones, la destrucción de las viviendas y el traslado de los niños.

El conflicto sigue abierto. Para la Justicia, el desalojo fue la ejecución de una orden judicial dentro de una disputa por la posesión de una parcela. Para la comunidad Santa Rosa, lo ocurrido es otra cosa: la expulsión de familias de un territorio que habitaron durante generaciones a partir de un plano que nació de un error administrativo.

Entre una versión y otra quedan los papeles, los expedientes y los tribunales. Y quedan los escombros. Donde antes estaba la casa del abuelo, ahora hay una permanencia pacífica. Donde vivieron cinco generaciones, los niños de la sexta generación lloran.