Dedicado a la memoria de la Nati Ariñez y de todxs lxs que se nos fueron buscando justicia, sin poder alcanzarla
Por Julia Vitar* para el Espacio para la Memora “La Escuelita de Famaillá“
A partir del 9 de febrero de 1975, con el desembarco de las tropas del Ejército en nuestra provincia, los tucumanos sufrimos una ocupación militar que implicó persecución, control sobre nuestra vida cotidiana, la eliminación de todo tipo de garantías y la imposición de un plan sistemático de violaciones a nuestros derechos humanos. Tucumán fue el tubo de ensayo del genocidio, que tuvo por objetivo el terror y el disciplinamiento de la población a partir de secuestros y torturas, llevados adelante a plena luz del día, en centros clandestinos de detención que que funcionaron en todo tipo de instituciones y edificios públicos y privados.
La sala de audiencia queda abierta al público, y la concurrencia empieza a acomodarse en el lugar reservado para las víctimas, sus familiares y lxs militantes del movimiento de derechos humanos. Los asientos sin público, están ocupados por las fotos de lxs detenidxs desaparecidxs que fueron colocadas antes de que se habilite la sala. Al frente está el estrado de los jueces, a la derecha la acusación –fiscales y querellantes- y a la izquierda los acusados y sus abogados defensores. A pesar de que este es el juicio número 12 que se celebra en la provincia, es un juicio diferente. Será la primera vez en Tucumán, y en todo el país, que se sustanciará un juicio oral y público que juzgará, de manera exclusiva, los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado antes del inicio de la dictadura militar. Me refiero al juicio por la primera parte de la causa “Operativo Independencia”[1], desarrollada entre mayo de 2016 y septiembre de 2017.
Este juicio, fue la concreción de una exigencia histórica de las organizaciones de derechos humanos (MDH) de Tucumán: la demanda de justicia por los casos de secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos ocurridos durante el Operativo Independencia (febrero de 1975 al 24 de marzo de 1976).
El juicio por el OI también implicó la apertura de la sala de audiencias, la escucha del Estado y el dictamen de los jueces, respecto de las atrocidades sufridas por víctimas históricamente silenciadas, menospreciadas y maltratadas por un sistema de justicia clasista, sordo y ciego ante el sufrimiento de los sectores populares. Van a pasar por el estrado de testigos hijxs de obrerxs del surco –muchos de ellos de padres y madres analfabetos- obrerxs de las fábricas Norwinco y Grafanor, jornaleros del trabajo agrario, habitantes de Santa Lucía, ex Ingenio Lules, San José, Caspinchango, La Rinconada, entre otras barriadas y pueblos vinculados otrora a la producción azucarera.
La generalidad y sistematicidad que tuvo el accionar del terrorismo de Estado en Tucumán, a partir del año 1975, así como la magnitud de los atropellos que se vivieron en esa época, marcó una de las peculiaridades salientes de la historia reciente de la provincia.
Dimensionar el peso e importancia que tuvo el Operativo Independencia (OI), en términos de victimización del pueblo tucumano, adentrarnos en el estudio del accionar del Ejército y del dispositivo de acción psicológica montado en esa época, son algunas de las claves para encontrar respuestas a la construcción de memorias enfrentadas en el pueblo tucumano, respecto del pasado cercano y por ende, entender el proceso de justicia en Tucumán.
También es una oportunidad para empezar a pensar el genocidio en Tucumán, y el alcance de las políticas de memoria, verdad y justicia, rompiendo el cerco de algunas configuraciones hegemónicas respecto de quienes fueron las víctimas, de dónde provenían, a qué se dedicaban, y cuál es el impacto que tuvo en sus vidas –en términos de reparación- un proceso judicial que llega con muchas décadas de retraso.
Un poco de historia: el Operativo Independencia
El 5 de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Estela Martínez de Perón, emitió el Decreto secreto N° 261/75, que ordenó al Ejército Argentino ejecutar las acciones necesarias para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en la provincia de Tucumán.
Si bien el propósito declarado de las operaciones que desarrollaría el Ejército era combatir el foco guerrillero del PRT-ERP[2], el objetivo real fue la implementación de un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos, que implicó la eliminación física y la desaparición de los cuerpos de cientxs de tucumanxs, la propagación del terror a escala provincial, la desarticulación de cualquier forma de organización política, social o sindical que sea considerada peligrosa desde las perspectiva de los perpetradores del genocidio, y -principalmente- la utilización de la experiencia tucumana como un tubo de ensayo de lo que vendría luego en el resto del país.
El OI implicó la ocupación del territorio provincial por parte de las fuerzas del Ejército, que tuvieron bajo su control y dirección a la Policía de Tucumán, a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional y a los servicios penitenciarios. Su conducción estuvo a cargo de la V Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán, de la cual dependían regimientos de Tucumán, Salta y Jujuy. Estas unidades del Ejército se desplegaron en el territorio provincial, recibiendo apoyo – y presencia efectiva – de regimientos y unidades de Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, y Córdoba, entre otros.
El General Adel Vilas fue nombrado en febrero de 1975 al frente de la V Brigada, y desde ese puesto tuvo la responsabilidad primordial en el desarrollo del OI entre febrero y diciembre de 1975. Fue sucedido por Antonio Bussi quien, después del golpe de Estado, fue nombrado Interventor Militar de la provincia.
El OI organizó el territorio provincial en una zona de operaciones que en un primer momento incluyó desde San Miguel de Tucumán hacia el sur, y abarcó la franja geográfica comprendida entre la Ruta Nacional N° 38 como límite este y la cadena montañosa como límite oeste, llegando hasta Río Seco como límite sur. Durante el transcurso del año 1975, ésta se fue extendiendo, de modo tal que a la fecha del Golpe de Estado ocupaba prácticamente todo el territorio provincial.
La zona de operaciones fue dividida en fracciones de territorio controladas por Fuerzas de Tarea, cada una a cargo de una unidad del Ejército. En un inicio fueron cinco y cada una se estableció montando una base militar, de la cual dependían campamentos militares de menor envergadura. Inicialmente las bases militares se ubicaron en: el ex Ingenio Santa Lucía (de la cual dependía la base de Caspinchango o Chimenea Mota); el Ingenio Fronterita; la Escuela de Los Sosa; y en El Mollar. Además hubo una Fuerza de Tarea llamada San Miguel, con centro de operaciones en la capital tucumana. Finalizando el OI llegaron a ser 10 las Fuerzas de Tareas, incluyendo la base militar localizada en ex Ingenio Lules.
Todas las bases militares, funcionaron además de como núcleo de operaciones del ejército, como Centros Clandestinos de Detención (CCD). A esos lugares eran llevadas en primer término las personas secuestradas en el ámbito de competencia geográfica de cada Fuerza de Tarea, allí eran interrogadas bajo tortura, y luego se decidía su suerte: su liberación o su traslado al principal CCD instalado en el sur: la “Escuelita de Famaillá”.
La magnitud de la represión
El ejército, a partir de la orden presidencial, practicó una política de ocupación del territorio tucumano. Esta afirmación se basa tanto en la magnitud del despliegue de tropas en la provincia –inicialmente desembarcaron alrededor de 1500 efectivos del ejército incluyendo soldados conscriptos, oficiales y suboficiales- como en la estrategia de montar bases militares, muy próximas unas a otras en el territorio, las que ejercieron un control absoluto en la vida, la libertad y la circulación de las personas y las cosas. El objetivo fue el hostigamiento y control de las poblaciones rurales y urbanas comprendidas dentro de la zona de operaciones, con el supuesto fin de sitiar y aislar al foco guerrillero. Para ello se llevaron adelante controles en rutas y caminos, allanamientos ilegales de las moradas de los pobladores de la zona, secuestros y torturas indiscriminadas.
La aplicación sistemática de la tortura en los CCD montados en cada una de las bases militares fue fundamental para la actividad de inteligencia: obtener información que resulte útil en la tarea de aniquilamiento de quien era considerado subversivo. En esa categoría fueron incluidas personas que encarnaron diferentes formas de participación política, social, sindical, barrial, comunitaria, estudiantil, es decir todo aquel que por sus ideas o prácticas podrían confrontar con el modelo de dominación que la dictadura militar terminó imponiendo a partir de marzo de 1976.
Se puede ver, repasando las víctimas del OI, que ente sus blancos se encontraron los obreros de Norwinco, Grafanor, los colonos del Ingenio La Fronterita, los activistas de los principales sindicatos afiliados a FOTIA, y los referentes de las luchas contra el cierre de los ingenios azucareros operado por la dictadura de Ongania a partir de 1966. Es decir, las víctimas excedieron con creces a los militantes del PRT ERP y Montoneros.
Respecto a la magnitud de la represión desatada en Tucumán, los estudios refieren que entre el 37 y el 42% de las desapariciones y muertes, ocurrieron entre febrero de 1975 y marzo de 1976[3]. Durante el OI se victimizó de manera colectiva pueblos y ciudades completas en el interior de Tucumán, tal el caso de Santa Lucía, Famaillá, San Pablo, Lules o las colonias obreras del Ingenio La Fronterita, donde se apostaron las tropas del ejército.
La ocupación militar es una de las causas de la dificultad de ponerle un número a las víctimas del accionar del terrorismo de Estado en nuestra provinica, dando por tierra aquellas discusiones que cuestionan el simbólico número de 30.000 detenidos desaparecidos.
Además, es evidente que el principal impacto de las prácticas genocidas fue recibido por lxs pobladores del sur de Tucumán, Ana Jemio en su tesis de doctorado lo expone en números cuando señala que en 1975 el 52% del total de víctimas son pobladores de esa franja geográfica, contra el 37% de hechos ocurridos en la capital y el resto en el norte de la provincia. Pero además, también nos muestra que en la zona de operaciones hubo un hecho de violaciones a los derechos humanos cada 237 habitantes, mientras que en la capital –más densamente poblada- los guarismos son de un caso cada 608 habitantes[4].
Es en este contexto que debemos interpretar la creación de la Escuelita de Famaillá, primer CCD de Tucumán y del país. Su ubicación en la ciudad de Famaillá, sirvió para concentrar a todas las personas secuestradas en la zona de operaciones, quienes eran llevadas desde las bases militares próximas a sus domicilios hasta este lugar, desde donde se decidía su suerte.
En el radio de territorio comprendido entre Lules, Famaillá y Monteros existieron cuatro grandes centros de detención (las bases de Santa Lucía, Ingenio La Fronterita y ex Ingenio Lules además de la “Escuelita de Famaillá”). Pero además existieron otros CCD satélites de estas bases, que también funcionaron como apéndices de la represión: Monte Grande, Sauce Huascho, Finca Triviño, la “chimenea mota” de Caspinchango, Escuela Lavalle, entre otros.
A esta política concentracionaria se sumó la acción psicológica desplegada por el ejército y el Gobierno a través de los medios masivos de comunicación. Ésta se encargó de ocultar lo que se vivía en el interior de Tucumán: los atropellos y violaciones a los derechos humanos a los que eran sometidos sus pobladores, la falta de respeto a garantías mínimas, la ineficacia del hábeas corpus como recurso ante la ilegalidad y el terror cotidiano. En cambio, se magnificaron las pocas acciones llevadas adelante por la guerrilla -en clara minoría numérica- y se disfrazaron ejecuciones sumarias y secuestros y desapariciones como “enfrentamientos”. Ello tuvo por objeto construir discursos, representaciones y sentidos comunes que afirmen que en Tucumán existía una guerra
La memoria y la justicia en Tucumán
Una vez finalizada la dictadura militar, el gobierno de Raúl Alfonsín puso en marcha un acotado proceso de revisión y justicia sobre el pasado, que tuvo como hitos la creación de la CONADEP y el Juicio a las Juntas Militares. La política de derechos humanos de Alfonsín, procuró dejar atrás un pasado de ilegalidad y violencia y sentar las bases de la vida en democracia, a la vez de intentar incorporar a las Fuerzas Armadas al juego democrático. En ese delicado balance, enarboló la teoría de los dos demonios como principal propuesta gubernamental de interpretación del pasado, la que sostenía que en los setentas la sociedad había sido víctima de la violencia desatada por dos demonios: la guerrilla y el ejército.
En paralelo a este proceso, el OI fue reivindicado por los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, como forma de justificar lo actuado. Desde sus perspectivas, el operativo militar desarrollado en Tucumán demostraba la existencia de una guerra de la cual habían participado, que tuvo a Tucumán como uno de sus escenarios privilegiados, y en la que actuaron por órdenes de una presidente constitucional.
Por ello también el proceso de juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos en la década del ochenta, partió de proclamar la legitimidad de la represión ordenada por el gobierno de Martínez de Perón y ejecutada por el ejército. Esto sentó las bases para que se cuestionen las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas antes del golpe de Estado.
La visión que sostenía la legalidad de lo ocurrido en Tucumán durante el OI se reforzó con la decisión de la justicia de no avanzar en la investigación de hechos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976. El juicio a las juntas, en tanto juzgó las responsabilidades de las máximas autoridades del país luego del golpe de Estado, lógicamente no incluyó hechos previos al 24 de marzo de 1976 y luego los procesos judiciales se detuvieron. La ausencia de justicia sobre los crímenes cometidos antes del inicio de la dictadura militar sirvió de aval a visiones encontradas sobre la legitimidad de los crímenes cometidos durante el gobierno democrático. El resultado fue la imposición del silencio y el olvido sobre los hechos ocurridos durante el OI que siguió siendo presentado por muchos sectores como parte de una guerra, y por otros como un operativo legal, ordenado por un gobierno constitucional.
En Tucumán, por su parte, se desarrolló una experiencia única, la creación de una Comisión Bicameral investigadora de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la provincia[5] y que se abocó a recibir denuncias sobre hechos ocurridos en la provincia desde el año 1974.
Por su parte, los familiares de desaparecidos de Tucumán, junto al colectivo de abogadxs de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de Tucumán[6] solicitaron, desde la apertura del proceso de justicia, que se iniciara una investigación por los delitos cometidos en la Escuelita de Famaillá como centro clandestino de detención. Esto fue posible a partir de la presentación como querellante de Luis Salvador Ortiz[7], ex detenido desaparecido y preso político. La presentación seguía el criterio sostenido por los militantes tucumanxs de que se investigaran las causas judiciales conectando los casos por el CCD donde las víctimas estuvieron secuestradas.
Para el movimiento de derechos humanos de Tucumán, el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas antes del 24 de marzo, era indispensable para poner en discusión las representaciones afincadas, en amplios sectores de la sociedad tucumana, sobre la existencia de una guerra.
Sin embargo, el accionar de la justicia se vio truncado por las leyes de obediencia debida y punto final, que no permitieron que luego del Juicio a las Juntas se pudiera seguir avanzando en investigar a otros responsables.
La paralización del proceso de justicia dejó un balance negativo en la provincia de Tucumán, en la que no hubo ningún condenado por los hechos ocurridos aquí y las víctimas del OI quedaron silenciadas como parte de la represión legal del gobierno contra la subversión.
Los desaparecidos, torturados y asesinados durante el Operativo Independencia, pasaron así a ser invisibilizados por la historia oficial impulsada desde el Gobierno y adoptado por la Justicia.
A fines de la década de los ochenta, Antonio Bussi lanzó su carrera política en Tucumán, haciendo gala justamente de su desempeño en esa guerra contra la subversión. Paralizados los procesos judiciales en Argentina durante más de una década, Bussi ascendió en su carrera política llegando a ser gobernador de la provincia, gracias a la impunidad garantizada a sus crímenes por las leyes de impunidad y los indultos que en 1989 dictó Carlos Menem como Presidente.
La legitimación electoral y política de la figura de Bussi, era para el movimiento de derechos humanos la imagen más clara del triunfo de la impunidad y de la existencia en la provincia de memorias enfrentadas sobre lo ocurrido durante la década del setenta. Por un lado había quienes lo acusaban e identificaban como el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos en la provincia, y por otro quienes justificaban las violaciones a los DDHH, las desapariciones forzadas y la tortura, bajo la lectura de que en Tucumán había existido una guerra.
Las víctimas del Operativo Independencia siguen siendo una cuenta pendiente para las políticas estatales.
Luego de la nulidad de las leyes de impunidad, en el año 2004 familiares de desaparecidos, nucleados en la Asociación FADETUC requirió a la Justicia Federal la apertura de dos megacausas por hechos ocurridos durante el OI. Una causa comprendía los hechos ocurridos mientras Vilas fue el Comandante de la V Brigada y el segundo los hechos por los cuales se acusaba a Bussi. El activismo en derechos humanos buscaba visibilizar al periodo del OI y sus víctimas, y darle entidad a un momento de la historia reciente que había sido desdibujado por los marcos nacionales, impulsados desde los gobiernos, respecto de la memoria y la historia reciente.
El proceso judicial que llegó a juicio en el 2016 retomó la demanda del movimiento de derechos humanos, y puso énfasis en resaltar la importancia que tuvo, en el dispositivo represivo, la ocupación territorial por parte del ejército a partir del montado de las bases militares a las que ya hice referencia. La decisión de llevar adelante una causa por los hechos ocurridos en el OI, además hacía pie en una lectura del pasado que venía siendo sostenida por el movimiento de derechos humanos: el golpe de Estado en Tucumán no marcó un quiebre, sino que fue la continuidad de las mismas prácticas genocidas que se venían desarrollando desde febrero de 1975.
Los resultados del proceso fueron dispares. Por un lado tuvo la importancia histórica de haber significado el pronunciamiento, por parte de un tribunal de justicia, respecto a la calidad de crímenes contra la humanidad de los secuestros, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones de personas que comenzaron a ejecutarse en nuestra provincia en febrero de 1975.
Por el otro, una parte importante de los casos no obtuvieron condenas y la mitad de los imputados fueron absueltos. En la decisión del tribunal pesaron especialmente consideraciones vinculadas a la legalidad y legitimidad de la orden presidencial de reprimir la guerrilla, plasmada en el decreto del Operativo Independencia.
El juicio, además, significó la apertura del espacio judicial en juicios por delitos de lesa humanidad, a sectores socio económicos que, por su posición de clase y su carencia de acceso a recursos sociales, económicos y culturales, han sido históricamente relegados en la satisfacción de su derecho a la justicia. Quedan dudas respecto de si, haber tenido la posibilidad de declarar por los hechos sufridos por ellos o por sus familiares, implicó efectivamente la satisfacción del derecho a acceder a la justicia.
Es importante tener presente que de las 261 víctimas cuyos casos fueron juzgados en la causa “Operativo Independencia”, 155 habitaban en el sur de la provincia, en Cruz Alta o en el departamento Yerba Buena, en este último lugar se contabilizan las víctimas de San José, la antigua colonia de trabajadores del Ingenio del mismo nombre[8]. Es decir, que casi el 60% de las víctimas llevadas a juicio no eran habitantes del Gran San Miguel de Tucumán, espacio urbano de organización del movimiento de derechos humanos, y de residencia de la gran masa de sectores medios y altos tucumanos, muchos con formación universitaria y acceso a recursos económicos, jurídicos y culturales.
A esto debe sumarse otro dato saliente del proceso del “Operativo Independencia” y este es que la mitad de los casos juzgados fueron de sobrevivientes (se trata de 137 casos del total). De estxs, solo un tercio hizo la denuncia de lo sufrido al inicio del proceso de justicia, en la década del ochenta, y el resto la realizó recién a partir del año 2003. Es por ello que este juicio también alumbró la emergencia de un perfil de víctima que es peculiar respecto de la media nacional: sectores sociales rurales, de procedencia obrera y que sobrevivieron al terror estatal.
Si bien Tucumán lleva sentenciadas 14 causas por crímenes contra la humanidad, solamente una pequeña porción de las víctimas han recibido justicia, y es aún menor el porcentaje de estas que sufrieron violaciones a los derechos humanos antes del golpe de Estado. Se conjugaron en la dificultad para el acceso a la justicia y a la reparación de estas víctimas los discursos estatales negadores de los crímenes de Estado antes del golpe de Estado, principalmente sostenidos durante la década del ochenta y del noventa; las barreras geográficas, económicas y culturales de muchas de las víctimas para acceder a los recursos que hacen posible articular denuncias judiciales y la ausencia de políticas claras por parte del Estado para abarcar la complejidad de la victimización sufrida por el pueblo tucumano a partir de la ocupación militar que implicó el Operativo Independencia.
La justicia, el reconocimiento y la reparación para muchas de ellas continúa siendo una cuenta pendiente.
[1] La segunda parte de ese proceso se desarrolló en el año 2020, en el marco de la causa conocida como “Megacausa 14” o “Tártalo”, juicio oral que acumuló distintos expedientes, entre ellos los mismos 261 casos que se debatieron entre 2016 y 2017, pero con otros imputados.[2] En el año 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) instaló en el sur tucumano la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez. El PRT-ERP venía desarrollando en Tucumán un trabajo político muy fuerte desde la década del sesenta, con base en los pueblos y localidades del sur de la provincia, la mayoría de ellas, relacionadas a la producción azucarera.[3] Las cifras cambian de acuerdo a las fuentes consultadas.[4] Ana Sofia Jemio (2019). El Operativo Independencia en el sur tucumano (1975-1976). Las formas de la violencia estatal en los inicios del genocidio. Tesis doctoral defendida el 23 de agosto de 2019. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.[5] Creada mediante la Ley 5599. El informe puede verse acá http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/nmastuc/nmastuc_indice.htm[6] Entre cuyas miembros históricas se destacan las abogadas Laura Figueroa, Liliana Vitar y Alicia Noli.[7] El querido Lucho Ortiz para los militantes del movimiento de derechos humanos. Lucho tiene a su hermano Ramón Antonio Ortiz desaparecido, y el estuvo secuestrado en la Escuelita de Famaillá y luego fue legalizado y enviado a la cárcel a disposición del PEN. Su mamá, Nati Ortiz, fue una referente histórica de la organización de Madres de Detenidos Desaparecidos. Lucho hoy es uno de los militantes que participa activamente de las actividades del Sitio de Memoria Escuelita de Famaillá.[8] Jemio A.S. y Vitar J. (en prensa) “La causa Operativo Independencia. Reflexiones sobre el vínculo entre acceso a la justicia, acción colectiva y clase social en el proceso de justicia en Tucumán”.
*Julia Vitar es abogada y Magister en Derechos Humanos y Políticas Sociales. Fue abogada de familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos en Tucumán. Actualmente forma parte del equipo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán. Se desempeñó como Fiscal ad hoc en el juicio oral “Operativo Independencia (I)”.
En el marco del 46º aniversario del inicio del Operativo Independencia en Tucumán, el Observatorio de Crímenes de Estado, el Centro de Estudios sobre Genocidio y la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán en conjunto con el Espacio para la Memoria La Escuelita de Famaillá, lanzarán hoy el proyecto “Estudio sobre las víctimas del genocidio en Tucumán”. La presentación se realizará online a las 18 horas.
Los interesados pueden participar de la presentación por las redes sociales:
-Youtube Espacio para la Memoria La Escuelita de Famaillá, o
-Zoom en este link: https://us02web.zoom.us/j/83711328716?pwd=aGVEK3RZV0E5Q09xcHJKTFdmdGd6dz09, ID de reunión: 837 1132 8716, Código de acceso: 097550.
O sea que todo empezo con un gobierno peronista (febrero de 1975), haganse cargo muchachos del pj.