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El Instituto Nacional de las Mujeres presentó ante la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán un Amicus Curiae en apoyo a los médicos Cecilia Ousset y José Gigena, los profesionales denunciados por practicarle una ILE a Lucía, la niña abusada por el esposo de su abuela. La Dra Nicole Neiman, directora de Protección Integral y Articulación de Acciones Directas del INAM, opinó sobre esta acción judicial.
El estado argentino a través del Instituto Nacional de las Mujeres presentó en el día de ayer ante la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán, un Amicus Curiae en apoyo a los médicos Cecilia Ousset y José Gigena, los profesionales que le practicaron una Interrupción Legal del Embarazo (ILE, vigente en el país desde 1921) a Lucía, la niña abusada por el esposo de su abuela, sobre quienes pesa una denuncia penal por “homicidio calificado”.
La presentación del INAM aporta argumentos para sostener la necesidad de apartar a la Fiscal que realizó la denuncia contra los profesionales de la salud, a la vez que insta a todo el Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y de la Defensa a que se capacite en perspectiva de género. Cabe señalar que, a la fecha, la provincia de Tucumán no ha adherido a la “Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del estado” (Ley 27.499) sancionada por el Congreso de la Nación en diciembre de 2018.
“Durante más de un mes la Provincia de Tucumán invisibilizó la voluntad de la niña T.A.S. Garantizó su derecho a ser oída para luego comenzar con maniobras dilatorias que generaron una negativa a un derecho que la amparaba. Esto se corrobora tanto al no garantizar que profesionales del Sistema Provincial de Salud llevaran adelante la práctica y al permitir la persecución penal de quiénes se presentaran a garantizar tal derecho. No es admisible que se inicien actuaciones penales de oficio en forma preventiva, los deberes del Ministerio Público Fiscal se encuentran consagrados en su Ley Orgánica”, sostiene el documento firmado por la Directora Ejecutiva del organismo, Fabiana Tuñez.
“Se corrobora que Cecilia OUSSET y José GIGENA actuaron en el marco de la ley conforme establece el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (Resolución 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación). La práctica de la ILE fue en forma posterior a evaluar a la niña T.A.S. y en profundo respeto de los derechos que la amparan. (…) Por lo tanto, se solicita a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que proceda a hacer lugar a la recusación formulada por la defensa de la Dra. Cecilia OUSSET y del Dr. José Alberto GIGENA”, concluye el Amicus.
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Al respecto del caso, este medio se comunicó con la Dra. Nicole Neiman – Directora de Protección Integral y Articulación de Acciones Directas del INAM- quien señala que “el instituto viene acompañando el caso de Lucía desde el principio y luego a partir de la situación que están viviendo los médicos que practicaron la ILE decidimos hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia por el pedido de recusación que hace la defensa”.
La doctora señala que Amicus tiene la finalidad de acompañar el pedido de la defensa de Gigena y Ousset, el cual consiste en el apartamiento Giannoni porque su “posicionamiento político/ideológico no le permitiría actuar según las leyes actuales ni respetando los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”.
“Con esta acción pedimos y justificamos el porqué debe revisarse y ejecutarse el apartamiento de la Fiscal” argumenta Neiman.
La necesidad de la Ley Micaela en Tucumán
Tal como lo señala el Amicus, la funcionaria del INAM resalta la necesidad de la Ley Micaela en la provincia. “La ley Micaela obliga a los tres poderes del estado en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Cuando la provincia adhiera a la ley, allí debe indicar que organismos dentro de la provincia se va encargar de garantizar la capacitación en perspectiva de género en los tres poderes del Estado provincial y en ese caso incluiría el ambito de salud” explica.
Además aclaró que también existe el Plan ENIA, el cual “tiene una especificidad para capacitar a todos el personal de salud en todo lo que es la implementación de los protocolos ante situaciones de abuso sexual infantil, que encuadran dentro de lo que establece el articulo 86 del código penal y los cicuitos establecidos por ley” .
¿Qué incidencia tiene los “Amicus” dentro de los fallos judiciales?
“Los formatos de presentación Amicus Curiae, expresión en latín que significa Amigas/os del Tribunal, si bien no características vinculantes pero tienen un 98% de efectividad, o sea de una incidencia real en los fallos” asevera la Dra. Nieman.
Y continúa asegurando que “todas las presentaciones que hicimos con el INAM,desde el 2017 hasta la fecha, tuvimos solamente dos rechazos de dos provincias diferentes. Hay un alto porcentaje de efectividad”.
La figura de “Amicus Curiae” encuentra antecedentes en los tribunales argentinos desde el inicio de la democracia, con la aceptación de un Amicus presentado en la Causa “ESMA”.
Presentación internacional
Recientemente Andhes, Cladem y organizaciones de derechos de la niñez y la infancia denunciaron al Estado argentino ante Audiencia Temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Lucía, ya que se trata de un caso “testigo” de obstáculos para garantizar el acceso a la ILE a las niñas y adolescentes que cursan un embarazo producto de una violación.
Durante esta audiencia, la Dra. Neiman fue la representante del Estado aquel 27 de septiembre cuando se presentó el caso en CIDH en Washington (EEUU). Allí la funcionaria destacó los avances recientes en materia de prevención y reducción del embarazo no intencional a la vez que señaló el compromiso inclaudicable del Estado Argentino para “erradicar los abusos sexuales de niñas y adolescentes abusadas y forzadas a ser madres”.
“Lo que dijimos en CIDH es que se había evidenciado que Lucía estaba en estado de vulnerabilidad social y que estábamos trabajando en pos de garantizar el acceso a los derechos” dice Nieman y agrega que con este reconocimiento conllevó a que el organismo se ponga “a disposición del estado de Tucumán con todas las recomendaciones y el acompañamiento para ir con la perspectiva de genero en los diferentes ámbitos y en este caso particular -con la presentación del amicus- en el poder judicial”
“Todo lo que se pueda hacer desde el INAM y los diferentes organismos del estado nacional, lo estamos haciendo” asegura la letrada.
Una mirada política del caso
La abogada tucumana Luciana Gramaglio de Cladem Tucumán (Uno de las organizaciones que llevó al caso a la CIDH) opinó al respecto de esta presentación del Estado argentino en defensa de los médicos juzgados. “El hecho que organismos internacionales y nacionales se expidan por este caso y por la falta de perspectiva de género en la provincia, nos demuestra que lo que las organizaciones feministas y derechos humanos venimos exigiendo no es un sin sentido”.
A su vez profundiza: “Las mujeres y las niñas no estamos dentro de la agenda ni las políticas públicas del estado provincial. Celebramos la presentación que se hizo y las conclusiones expresadas por la CIDH en la pasada audiencia del 27 de septiembre”.
“Creemos firmemente que el poder judicial debe aplicar la perspectiva de género en todas las causas” concluye.
Foto de portada: Elena Nicolay // La Palta
