La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabeza un desmantelamiento sin precedentes de la política social en Argentina, arrastrando consigo a miles de trabajadoras y trabajadores estatales.
Luego de un 2024 marcado por la paralización de las políticas públicas, la falta de ejecución de programas sociales y despidos masivos, el 2025 inició con pases de trabajadores a Migraciones, la demora en el pago de los salarios, la incertidumbre para más de 1.000 personas que concursaron su cargo en planta permanente y un nuevo golpe: la renovación de contratos de planta transitoria por apenas dos meses, hasta el 28 de febrero. La medida anticipa una ola que afectará a 2.800 trabajadores, sin contar el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores de planta de diferentes subsecretarías a nivel federal del Ex Ministerio de Desarrollo Social devenido en Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
La incertidumbre es total. Las omisiones y la falta de intervenciones producen desamparo. Quienes aún conservan sus puestos sostienen el trabajo con un profundo compromiso, a pesar del impacto en su salud. “Siempre trabajamos desde el sentir y el pensar, construyendo estrategias de acompañamiento para las poblaciones más vulnerables. Ahora, nos enfrentamos al abandono y la angustia, nos seguimos acompañando y sosteniendo entre nosotras“, relata una trabajadora.
La falta de planificación y responsabilidad en la gestión es un problema que recae directamente sobre el Ejecutivo que designó una cúpula, sin un plan de trabajo claro, tareas definidas y objetivos concretos para articular (utilizar, coordinar, organizar y asignar), recursos (humanos, financieros, técnicos, organizacionales y políticos). A esta situación se le suma la falta de la debida oficialización de sus roles mediante firma como autoridades directas, lo que deriva en una evidente falta de compromiso con la ejecución de políticas.
Lejos de asumir sus responsabilidades, muchos siguen siendo designados de manera retroactiva. Lo que señalan es que “perciben sus honorarios por funciones apenas asignadas y, de inmediato, abandonan”. Lo cual evidencia el desinterés por el área y que arman una estructura que perpetúa privilegios.
“Han hecho campaña contra el trabajo del Estado y contra los planes sociales. La gestión, siempre se lleva adelante a partir de planes y programas. Está claro que para no hacer nada, no necesitan trabajadores. Hay que redoblar los esfuerzos para buscar una interpretación: lo que están logrando es vaciar el sentido simbólico, el carácter multifacético y material de las políticas del Estado”, explica una de las trabajadoras afectadas.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), a cargo de Juan Bautista Ordoñez, dice contar con 47 competencias que incluye desarrollar políticas de protección y fortalecimiento para la sociedad y, en particular, para las poblaciones vulnerables, desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En diciembre, el Gobierno ya había cerrado la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, creada en 2006 por la Ley 26.117, dejando en la calle a sus trabajadores. Ahora, el Ejecutivo apunta a las Subsecretarías de Políticas Sociales y de Innovación en Economía Solidaria, ambas bajo la órbita de Martín Domingo Lepera, un funcionario sin experiencia en la gestión de políticas sociales federales, vinculado políticamente al ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Los programas en riesgo son el Programa Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo) y el Monotributo Social.
Desde ATE “se le exige a la gestión una mesa de trabajo porque los trabajadores merecen saber que va a pasar con sus puestos de trabajo, tienen derecho a saber frente a la incertidumbre, la crueldad y la violencia”, señala una de las delegadas sindicales.
La ofensiva contra el trabajo no se detiene
La eliminación de la Secretaría de Hábitat, Vivienda e Infraestructura dejó a más de 500 personas sin trabajo a principios de esta semana, mientras que en el ámbito de la salud, hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Bonaparte, sufren recortes y despidos. Lo mismo sucede en la Dirección de Vacunación, con un 30% de despidos, y la Dirección de VIH, con un 40%. Los organismos de derechos humanos también están en la mira. La amenaza es clara y una vez más, no es un hecho aislado: el reciente DNU del Gobierno podría implicar el cierre de más de 50 entidades estatales. En el caso del Ex Ministerio de Desarrollo Social pretenden reducir el 70 % de su planta de trabajadoras y trabajadores.
Frente a este panorama, la resistencia crece
La semana pasada, trabajadoras y trabajadores realizaron una asamblea general con amplia participación y el miércoles llevaron adelante un “ruidazo” en la sede central del Ministerio, junto con la Junta Interna de ATE Salud. También preparan una movilización a Capital Humano para exigir respuestas para el viernes 14 de febrero. “Sabemos que los responsables de este brutal ajuste son Petovello y Federico Sturzenegger, el ideólogo del desguace estatal”, menciona Ingrid Manfred, Secretaria de la Junta Interna de ATE Desarrollo Social.
Este viernes, la lucha tomará las calles con una nueva Marcha de la Resistencia junto a las madres y abuelas en Plaza de Mayo, convocada por el sindicato y diversos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y feministas, se prevé 24 hs de permanencia. Hoy es el momento de estar en la calle. La consigna es defender los derechos y rechazar la ofensiva contra el empleo público. “En un país donde la pobreza y la desigualdad se profundiza, el ajuste en las políticas sociales y la destrucción del Estado, no pueden ser la única respuesta”, afirman trabajadores y trabajadoras en lucha.
