La Junta Promotora de Derechos Humanos del Valle de Tafí emitió un comunicado alertando a la población sobre la “ilegalidad manifiesta” de los desalojos que se están llevando a cabo en distintos territorios de la región. En el texto, denuncian que estas medidas violentan derechos fundamentales y se realizan sin respetar el debido proceso legal.
La Junta Promotora de conformó en marzo de 2025 y nuclea a vecinos y vecinas de todo el Valle para nuclear los reclamos y fortalecer la lucha.
Según la Junta, los desalojos son el resultado de la negligencia y los errores cometidos por organismos estatales, que ahora recaen injustamente sobre los pobladores. “La seguridad jurídica no se garantiza con el uso desmedido de la fuerza policial, sino con la responsabilidad del Estado frente a sus propios actos”, afirman.
Uno de los casos señalados es el del Río Blanquito, donde la Dirección Provincial de Aguas permitió durante décadas la construcción de viviendas en terrenos aledaños al cauce, a pesar del riesgo de aludes. “Después de casi 40 años, el Estado recuerda de pronto el peligro y ordena desalojos sin haber ofrecido antes alternativas habitacionales”, cuestionan.
La Junta también advierte sobre el caso de la familia Mamaní en Trancas, donde se desconoce la representación legal de una comunidad originaria, obligando a sus miembros a buscar defensa individual en un contexto de vulnerabilidad extrema.
“Si realmente se quiere ordenar la casa, se debería comenzar por asegurar a cada tucumano su hogar donde pasar el invierno. Mirar menos los ranchos y más las mansiones que se levantan en el Valle”.
Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran: la falta de garantías del derecho de defensa para los desalojados, el uso excesivo de efectivos policiales, la ausencia de estudios socioambientales previos, la desprotección de sectores sociales vulnerables, como niñas, niños, personas mayores y familias en situación de pobreza.
Además, acusan al actual gobierno provincial de violar sus promesas electorales, ya que las políticas aplicadas contradicen su plataforma de campaña. “No se puede ordenar la casa tirando abajo las paredes y golpeando a sus habitantes”, expresan.
“El Valle no es territorio de sacrificio. Nos preguntamos: ¿quién se beneficia con todo esto?”, concluye el comunicado.
