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Una jornada que comenzó con un domingo de fútbol en la cancha Vélez de Tafí Viejo, terminó en una brutal represión policial contra una familia y varios menores de edad. Según denunció una de las víctimas, Sandra Zarate, la policía ingresó violentamente a su domicilio, agredió a su familia y se la llevó detenida junto a sus hijos sin justificación alguna.
Un partido de fútbol y una escalada de violencia
La tarde del domingo transcurría con normalidad hasta que llegó la policía. Testigos afirman que los agentes llegaron con una actitud agresiva y comenzaron a reprimir indiscriminadamente. “Me llamó mi hermana para avisarme que había problemas en la cancha. Mi hijo y mi nieto estaban allí, son chicos de 16 y 11 años. Cuando llegué, la policía ya estaba golpeando a menores con palos y disparando balas de goma”, relató la denunciante.
Vecinos también denunciaron que fueron amenazados para que no graben el operativo.
Golpizas y represión dentro de un domicilio
Lo que comenzó como un operativo en la cancha se trasladó al interior de la vivienda de la mujer. “Corrí a mi casa y vi que los policías estaban entrando sin permiso. Eran ocho agentes. Tiraron al suelo a mi hermana que está en silla de ruedas y la golpearon. Mi hijo intentó defenderla y le dispararon balas de goma en el cuerpo”, denunció.
“Yo tengo 55 años. Me agarraron de a tres para golpearme. Me pegaron policías hombres mentiras estaba tirada en el piso”, contó aún conmocionada por lo que vivió.
La situación se tornó más grave cuando los agentes comenzaron a llevarse detenidos a los presentes. “Mi nuera, mis otros hijos y dos amigos estaban jugando al truco en casa cuando los policías entraron y los arrestaron sin explicación. A mí me golpearon, me arrastraron de los pelos y me subieron a la camioneta de la policía como si fuera una delincuente”, agregó la mujer.
Detenciones arbitrarias y extorsión
La denuncia también incluye la supuesta exigencia de dinero para liberar a los detenidos. “Cuando llegamos a la comisaría, me dijeron que si quería que mi familia saliera tenía que pagar 300.000 pesos. Mi pareja tuvo que entregar el dinero sin recibir ningún papel o justificativo”, explicó la víctima.
Miedo y búsqueda de justicia
La familia está evaluando acciones legales contra la policía. “Nos han tratado como criminales cuando solo queríamos saber qué pasaba con nuestros hijos. Vamos a presentar una denuncia con ayuda de abogados, pero también tenemos miedo de represalias”, manifestó la denunciante.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que refleja una tendencia en Tucumán, donde se han intensificado los operativos policiales conocidos como “trencitos”. Estos procedimientos son objeto de críticas por detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, especialmente en barrios populares.
Los últimos días de enero, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el realizó una visita a la provincia de Tucumán donde entrevistó a personas afectadas por allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias en barrios populares y se mantuvieron reuniones con familiares de personas privadas de la libertad y con representantes de las organizaciones sociales y no gubernamentales.
Organizaciones de derechos humanos señalan que estas medidas derivan en abusos y violaciones de derechos fundamentales y están analizando intervenir para garantizar que las denuncias sean escuchadas y que los responsables rindan cuentas.
