Aportes desde la Economía Feminista para pensar la Agenda de Cuidados en Argentina.
La agenda de cuidados hace tiempo es una prioridad en la agenda feminista global, que exige trabajar por una sociedad del cuidado. Los estudios de género han mostrado cómo las tareas de cuidado son imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico y para el bienestar social.
Las Encuestas del Uso del Tiempo revelan que la división sexual del trabajo es un hecho, ya que mientras el 91,6% de las mujeres realizan tareas domésticas o de cuidado no remunerado, solo el 73,9% de los varones las realiza. Según el INDEC las mujeres pasan 5,7 horas por día realizando cuidados no remunerados mientras que los varones solo le dedican 2 horas en promedio. Esto incide en menor participación en el mundo del trabajo, el ámbito académico y la política.
Un estudio realizado en 2021 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estableció que en países de Latinoamérica el aporte al PBI del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es del 20%, y el 70% es realizado por mujeres. Los datos demuestran la enorme contribución invisibilizada que esto significa en el sostén de las sociedades actuales.
Actualmente, y en palabras de la economista Corina Rodriguez Enriquez, la injusta organización social del cuidado es un vector de reproducción de desigualdades de género y socioeconómicas. Es por ello que resulta necesario transformar las formas en que se resuelven hoy las necesidades de cuidado que siguen recayendo de manera desproporcionada en el trabajo no remunerado de mujeres. El cuidado, al ser una necesidad, alguien lo cubre y de alguna manera se organiza, por eso es fundamental redistribuir los tiempos y trabajos de cuidados para comenzar a desarmar los nudos de la reproducción de la desigualdad.
Pero entonces, frente a esta problemática ¿cuál viene siendo el rol del Estado? Con políticas aisladas, se vienen abordando y reconociendo derechos, como ejemplos podemos mencionar el decreto 475/2021 que busca reconocer a través de ANSES las tareas de cuidado de hijos e hijas realizado por muchas mujeres en condiciones de jubilarse. También podemos mencionar la reglamentación del Art. 179 de la Ley de Contrato de Trabajo que establece la obligación de tener guarderías, para niños/as de entre 45 días y tres años, en el espacio de trabajo para empresas de más de cien empleados/as. Por último, es importante mencionar el programa Registradas que busca promover el acceso, la formalización y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares.
Pero en esta nota profundizaremos sobre el proyecto de ley presentado en mayo de 2021 en el Congreso de la Nación Argentina. El proyecto “Cuidar en Igualdad” fue elaborado en un largo proceso encabezado por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y es el resultado de un proceso de muchos años de los feminismos de impulsar la agenda de cuidados. El largo proceso de elaboración de este proyecto comenzó con la creación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados que, a través de informes, el Mapa Federal del Cuidado y la Campaña Cuidar en Igualdad logró elaborar un estado situacional nacional. En segundo lugar, se convocó a la Comisión Redactora del anteproyecto, conformado por nueve personas expertas en el tema, quienes se embarcaron en un proceso colaborativo abierto al activismo y la academia para intentar abordar las diversas dimensiones de la agenda de cuidados. Esta comisión entregó un texto, que luego fue modificado por el Poder Ejecutivo para ser presentado en el Congreso.
El Proyecto de Ley Cuidar en Igualdad cuenta con dos partes muy diferenciadas. En primer lugar, se proponen las bases para la creación de un Sistema Integral de Cuidados, brindado definiciones de las funciones sociales del cuidado, y que se entiende por cuidados, estableciendo también una serie de principios que deberían regir, así como prioridades en el cuidado (niños, niñas y adolescentes, mayores de 60 años y personas con discapacidad). Aborda también condiciones laborales de quienes realizan tareas remuneradas, y hace mención al presupuesto para garantizar la creación de infraestructura. El Sistema Integral de Cuidados busca comprometerse materialmente para que existan más espacios físicos de cuidados y más personas remuneradas cuidando. La calidad y las condiciones del cuidado en la realidad de hoy depende de las condiciones económicas y personales de cada familia.
Por otro lado, busca el reconocimiento del cuidado comunitario, registrando, reglamentado y habilitando. En el proyecto, el Estado se compromete a transferir salarios para las personas que estén en esos espacios cumpliendo una función pública y propone la creación de una especie de “calculadora” que pueda determinar cuántas horas de cuidado necesita una persona de acuerdo a su situación particular para otorgarle el derecho a una persona cuidadora remunerada.
La segunda parte del proyecto, elaborada íntegramente por el Poder Ejecutivo, propone la modificación del sistema de licencias a través de lo que llama “Licencias Igualitarias”. Esto es clave, ya que actualmente Argentina tiene de los peores y más restrictivos sistemas de licencias de la región. Las licencias representan el derecho de ausentarse del lugar de trabajo sin perder ingresos con motivos de responsabilidades de cuidados, y las llama igualitarias porque las extiende e iguala para equipararlas independientemente del vínculo de la persona con el mercado laboral. Se deja de hablar de licencias por paternidad/maternidad para comenzar a nombrarlas como licencias para personas gestantes y no gestantes, incorporando también la licencia para adoptantes, actualmente inexistente en nuestro sistema legal.
Las extensiones de licencias propuestas serán de implementación gradual, y propone extender la licencia a personas gestantes de 90 a 126, ampliando un mes la licencia y estando acorde a lo propuesto por la Organización Internacional del Trabajo. A la de personas no gestantes (antes de paternidad) se propone extender de dos días a 90 días, estableciendo un piso mínimo obligatorio. Extiende las licencias no solo para personas trabajadoras asalariadas, también para monotributistas y trabajadoras de casa particulares. El derecho otorgado a monotributistas no configura estrictamente como una licencia, pero sí representa un apoyo económico equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil por mes de licencia, asegurando una mínima cobertura de ingresos.
Desafíos
Los desafíos que presenta este proyecto son diversos, entre ellos la cercanía con el comienzo de las campañas electorales y la situación económica del país.
Por otro lado, el proyecto en sí mismo cuenta con bondades muy fácilmente reconocibles como ser el brindar definiciones y el reconocer explícitamente a las tareas de cuidados dentro del marco legal que en América Latina y el Caribe son realizadas principalmente por mujeres (entre el 67% y el 86%).
Es necesario concretar y definir los servicios de cuidado. Es una ley que establece de manera muy amplia los derechos y principios, pero que luego dependerá demasiado de la reglamentación. ¿Quién se va a hacer cargo de las prestaciones de cuidado? ¿Qué responsabilidades les cabe a las Obras Sociales? ¿Cómo será la asignación de recursos? Sin asignación presupuestaria clara, la gestión y la efectivización de estas (y todas) las políticas públicas se vuelve un gran problema y un nuevo obstáculo al acceso de derechos.
Por otro lado, si bien se reconoce la informalidad laboral, se deja por fuera a personas de la economía popular. Representa un gran desafío pensar cómo integrarlas, como pensar en las redes de cuidado comunitario y reconocerlas, porque de lo contrario, quienes más excluidas se encuentran, quedarán todavía más al margen en una ley que es fundamental que las incluya. En una Argentina donde 5 de cada 10 trabajadores activos son trabajadores de la economía popular, siendo la gran mayoría de ellos jóvenes y casi el 75% mujeres, donde el 60% de ellos/as gana por debajo de la línea de pobreza, es clave incluirlas/os en la discusión.
La feminización de la pobreza es un concepto utilizado para expresar la manera diferenciada en las que impacta en las mujeres, y la pobreza está atravesada por el cuidado; hoy resulta imposible y anacrónico discutir la pobreza sin incluir la discusión de los cuidados. Esto queda patente en el hecho que muchas mujeres no tienen tiempo de realizar trabajos remunerados por la sobrecarga de tareas de cuidado, por la sobreexplotación horaria a la que se ven expuestas, esto profundizado por la pandemia por COVID-19. Durante el 2020 se perdieron treinta mil puestos de trabajo en trabajadoras de casas particulares, que todavía no se recuperaron en su totalidad. Cuando se reactivó la economía, los puestos de trabajo recuperados fueron mayormente en sectores predominantemente masculinos.
Todo lo mencionado hasta acá son algunas aproximaciones para volver a pensar el proyecto de ley presentado, sin haber mencionado incluso otras poblaciones vulneradas aquí omitidas, como ser el caso de mujeres migrantes en las cadenas globales de cuidado, las personas LGBTNB, o las divisiones basadas en criterios étnicos y raciales.
Sin dudas este proyecto hoy representa una base, establece definiciones y principios importantes, busca reconocer y visibilizar en el marco normativo argentino el rol y la importancia que tienen las tareas de cuidado, pero le falta todavía mucho camino por andar. Es importante que se trate en comisiones (de Género, de Trabajo y de Presupuesto), que se apruebe en ambas cámaras del Congreso (Diputados y Senadores) y se convierta en Ley. Esto porque resulta fundamental pensar al cuidado como un Derecho Humano, porque la posibilidad de recibir, proveer y gestionar cuidado, así como el autocuidado, son una necesidad humana. Necesitamos tiempo para cuidar o tener la posibilidad de derivarlo en caso de preferirlo o necesitarlo, y para ello es clave que todos los actores del llamado diamante del cuidado (Estado, Familia, Mercado y Organizaciones) se involucren en este proceso de manera igualitaria.
Es importante también seguir pensando y discutiendo la injusta división social y sexual del trabajo desde la economía del cuidado, para sostener en agenda el rol económico y las implicancias de las tareas de cuidado, y cómo esto se traduce en desigualdad de género y exclusión, y así seguir ampliando nuestro marco legal para que estos reclamos se traduzcan en derechos plenamente vigentes en nuestro país.
