En el corazón de la llanura azucarera tucumana hay 18.404 hectáreas que ya no responden a propietarios argentinos. Están en Cruz Alta y representan más del 15% de la superficie rural del departamento, el techo que fija la Ley 26.737. Es el único caso de la provincia que cruza ese límite, y forma parte de un conjunto de trece departamentos del noroeste —nueve en Salta, tres en Jujuy y este— donde la propiedad extranjera desbordó lo que la norma habilita.

Los datos provienen del Registro Nacional de Tierras Rurales y fueron desagregados departamento por departamento por el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Qué mide el 15% y por qué el promedio provincial no dice nada

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, puso un tope a la cantidad de tierra rural que pueden tener personas o empresas extranjeras. El límite es del 15% y se aplica en tres escalas a la vez: el territorio nacional, cada provincia y cada departamento. La lógica es simple: evitar que un porcentaje nacional bajo esconda territorios enteros transferidos.

Tucumán muestra exactamente por qué esa escala importa. Sobre 2,2 millones de hectáreas rurales, la propiedad extranjera alcanza 89.559 hectáreas, un 4,04%. Es menos de un tercio del techo legal y, mirado así, no habría nada que discutir. Pero cuando el número se abre por departamento aparece Cruz Alta arriba del 15% y, detrás, una franja de departamentos que sin superar el límite están todos por encima del promedio provincial.

En Cruz Alta el capital predominante es español, y en menor medida italiano. Le siguen Burruyacu, con 32.719 hectáreas —más superficie absoluta que Cruz Alta, aunque un 9,1% de su territorio rural— y capital mayoritariamente belga, en plena zona de expansión agrícola hacia el este; Río Chico, con 4.326 hectáreas (7,5%) y titulares estadounidenses; La Cocha, con 4.538 hectáreas (4,8%) y capital italiano; y Famaillá, con 2.364 hectáreas (5,3%).

El casillero vacío del registro

Famaillá deja ver otra cosa. Allí la mayor parte de la tierra extranjera figura en el registro sin origen identificado, y recién después aparece el capital italiano como el principal titular reconocible. No es una anomalía local: a nivel provincial, el 19,5% de la tierra extranjerizada tucumana no tiene nacionalidad asignada. Es el tercer “origen” en importancia, detrás de españoles (25,1%) y belgas (20,3%), y por delante de italianos (12,9%), estadounidenses (10,3%) y brasileños (6,2%).

A ese vacío se suma un problema de fondo que el Observatorio señala para toda la región: la nacionalidad que consta en el registro es la del titular formal, no necesariamente la del dueño real. Cuando la propiedad está a nombre de una sociedad radicada en Luxemburgo o Panamá —centros financieros de tributación baja o nula—, lo que se registra es el domicilio del vehículo societario. Los dueños finales pueden ser de cualquier otra nacionalidad.

Hay un segundo punto ciego, más grande. El registro releva propiedad, no tenencia. Los arrendamientos de largo plazo, las concesiones y las sociedades locales constituidas para explotar un recurso no aparecen en la estadística, aunque el control efectivo sobre la tierra y el agua sea equivalente y se extienda por décadas. En Salta ese mecanismo ya es visible en el avance del capital chino sobre hidrocarburos y minería. En Tucumán, sencillamente, no está medido.

Lo que está en juego en el este tucumano

La extranjerización tucumana no está asociada a la megaminería como en la Puna o la Quebrada. Está montada sobre otra cosa: la expansión de la frontera agrícola y azucarera sobre monte nativo. Cruz Alta y Burruyacu son las dos puntas de ese avance hacia el este y el noreste de la provincia, y son también las zonas donde se registra el proceso más acelerado de deforestación, con pérdida de superficie boscosa y de tierras de uso comunitario.

La diferencia con las provincias vecinas también se nota en el terreno de los derechos indígenas. Tucumán tiene 18 comunidades originarias relevadas, de las cuales 16 completaron el relevamiento territorial y una sigue en trámite. En Jujuy, en cambio, 86 comunidades quedaron sin relevar tras la derogación de la Ley 26.160, lo que las deja mucho más expuestas frente al avance minero y agrícola.

El marco que viene

Lo que ordena este mapa no es la compra puntual de una finca sino el marco normativo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones habilita el ingreso irrestricto de capital extranjero, permite girar la totalidad de las utilidades al exterior y no obliga a reinvertir localmente. Y el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa el Gobierno nacional avanza sobre los límites que fija la Ley de Tierras: habilitaría, en los hechos, la venta del 100% de la tierra en departamentos estratégicos, con restricciones provinciales incorporadas a último momento en un borrador presentado días antes de la sesión en el Senado.

En ese escenario, Cruz Alta deja de ser una excepción tucumana para convertirse en un anticipo.

Esta nota se basó en el informe realizado por Por Pablo Volkind, Matías Oberlin Molina, Julieta Caggiano, Gabriela Elias, Micaela Medero Larrosa, Maia Sol Ilutovich, Thomás Artopoulos que se puede acceder completo acá