La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema seleccionó 24 fallos de todo el país que marcan los estándares para investigar y juzgar femicidios. Entre ellos figura la sentencia que condenó a la Provincia de Tucumán y al ex juez Francisco Pisa por la falta de protección a Paola Tacacho antes de su asesinato.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó el Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios 2026, una selección de 24 sentencias consideradas representativas de la aplicación de la perspectiva de género en casos de violencia letal contra las mujeres. El material reúne decisiones judiciales dictadas entre 2020 y 2025 y seleccionadas a partir de causas registradas por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

El documento constituye una referencia institucional sobre los criterios que la Justicia argentina considera adecuados para investigar y juzgar femicidios.

La mayoría de los fallos incluidos corresponden a condenas por homicidio agravado por mediar violencia de género. Pero tres de las causas abordan otro aspecto: la responsabilidad del Estado cuando, pese a conocer el riesgo, no adopta medidas para evitar un femicidio.

Entre ellas aparece el caso de Paola Tacacho.

La docente tucumana fue asesinada el 30 de octubre de 2020 por Mauricio Parada Parejas, después de años de hostigamiento y de haber realizado al menos trece denuncias penales contra su agresor.

El compendio incorpora la sentencia dictada en 2025 que condenó civilmente a la Provincia de Tucumán y al ex juez Francisco Pisa por la actuación judicial que precedió al crimen.

La Cámara sostuvo que el Estado conocía la situación de riesgo real e inmediato que atravesaba Paola y que incurrió en una falta de servicio que guarda relación directa con el femicidio. También concluyó que el entonces magistrado actuó con culpa grave al demorar casi siete meses una resolución cuyo plazo legal era de cinco días, omitir la actualización de antecedentes penales del imputado y desatender la situación de vulnerabilidad de la víctima.

La inclusión del caso en este compendio nacional supone un reconocimiento de su importancia jurídica. La Corte lo presenta como un antecedente que muestra que la obligación estatal frente a la violencia de género no se limita a investigar después del crimen, sino que también comprende actuar con la debida diligencia para prevenirlo cuando existen denuncias, medidas judiciales incumplidas y un riesgo conocido.

El resto de las sentencias reunidas en el documento también refuerzan algunos criterios comunes: que el contexto de violencia de género puede acreditarse mediante amenazas, control, hostigamiento o violencia previa; que las condenas pueden fundarse en prueba indiciaria cuando no existen testigos directos; y que la Convención de Belém do Pará, la CEDAW, la Ley 26.485 y la Ley Micaela obligan al Poder Judicial a investigar estos hechos con perspectiva de género.

La incorporación del caso Paola Tacacho también representa un reconocimiento a la persistencia de su familia y de los colectivos feministas que desde hace años denuncian que el femicidio era evitable y que el Estado había fallado en su deber de protegerla.

Un precedente construido por años de lucha

Tras el femicidio de Paola, ocurrido el 30 de octubre de 2020, su familia sostuvo que el asesinato era evitable: durante casi cinco años Paola había denunciado en reiteradas oportunidades el hostigamiento, las amenazas y el incumplimiento de las medidas judiciales por parte de su agresor, sin obtener una respuesta efectiva del sistema judicial. Su familia contabilizó un total del 22 denuncias en diferentes ámbitos estatales, tanto en lo penal, como en otras oficinas de protección de la mujer.

En 2022, luego de un proceso impulsado por organizaciones feministas, familiares y sectores de la sociedad tucumana, la Legislatura destituyó al entonces juez Francisco Pisa, al considerar que había incurrido en graves irregularidades en la tramitación de las causas iniciadas por Paola contra su agresor.

La búsqueda de memoria y justicia también encontró un espacio en el cine documental. En 2025 se estrenó “22 veces Paola Tacacho”, una producción que reconstruye la historia de la docente asesinada a partir de las denuncias que presentó antes de ser asesinada y del recorrido de su familia para visibilizar las responsabilidades estatales que hicieron posible el femicidio. El documental recupera además la movilización social que convirtió el caso en un símbolo de las fallas del sistema judicial frente a la violencia de género.