Comienza el juicio por el transfemicidio de Ayelén Gómez

Ayelén Gómez fue asesinada hace cuatro años, el 12 de agosto de 2017, en Tucumán. El 27 y 28 de septiembre su caso será analizado en un debate oral y público ante la Sala Conclusional I de San Miguel de Tucumán, que determinará la responsabilidad penal del único imputado: Adrián “Bandera” Miranda. El transfemicidio de Ayelén se inscribe en una serie de violencias, hacia ella y hacia otras personas del colectivo trans. Ayelén ya había sido víctima de abusos y violaciones en una comisaría masculina del centro tucumano. Dejó la provincia por las persecuciones que vivía. Cuando volvió, fue asesinada.

El juicio por el transfemicidio de Ayelén Gómez comienza el 27 septiembre, durará solo dos días, y tiene un único imputado, Adrián “Bandera” Miranda. Se trata del primer caso en Tucumán donde se juzgará un homicidio agravado por odio a la orientación sexual, a la identidad de género y a la expresión de género.

La historia de Ayelén, una joven de 31 años, es un caso testigo que refleja de manera cruda la vida de todo un colectivo: el de las mujeres trans y travestis. Históricamente vieron vulnerados sus derechos humanos, siendo blanco de violencias e invisibilizaciones por parte del Estado y sus instituciones. Desde Andhes, organización de derechos humanos querellante en la causa, exigen un proceso judicial reparatorio, respetuoso de la identidad de la víctima y con perspectiva de género.

El caso

La noche del 12 de agosto de 2017 Ayelén estaba trabajando, ejerciendo la prostitución, en el Parque 9 de Julio. Había vuelto a la provincia hacía un par de meses, después de estar un tiempo en Buenos Aires, destino obligado para muchas travestis que se exilian de Tucumán. Allí fue estudiante del Bachillerato Popular Mocha Celis. Cansada de no encontrar trabajo, con problemas de adicciones a cuestas, buscó refugiarse en su familia oriunda de la localidad de Ranchillos, a 25 kilómetros de la capital. Pero duró poco tiempo y terminó ranchando en ese parque capitalino, escenario histórico de la zona roja tucumana.   

De día, el Parque 9 de Julio alberga en sus más de 100 hectáreas un museo, la Casa de la Cultura, las facultades de Filosofía y Letras, Odontología y Psicología, el Palacio de los Deportes, el Club Lawn Tennis, un camping municipal, un lago artificial, el Rosedal y varios bares y restaurantes. Está ubicado frente a los hoteles más lujosos de Tucumán. Por sus veredas anchas y pistas de salud, la gente suele correr, hacer actividad física, salir a pasear. Los domingos es el típico paseo de las familias, niños y niñas corriendo con sus volantines, comiendo algodón de azúcar o achilatas, jugando y siendo felices. 

Con pocas horas de diferencia, el paisaje cambia. Lo que para una parte para la sociedad representa acceso al deporte, al ocio o a la educación, para otra, significa clandestinidad, exclusión y peligro.

Aquella noche hacía frío, Ayelen bajó del auto de un cliente a la medianoche, de acuerdo a las personas que prestaron testimonio. Vestía unas calzas negras, zapatillas con cordones flúor, una remerita y una campera de jean. Después la vieron con “Bandera”, cerca de las tribunas del Club Lawn Tenis, donde encontrarían el cuerpo de Ayelén a la mañana siguiente.

Hay testimoniales que ubican al imputado en la escena del crimen aquella noche. Una cámara de seguridad que apunta a esa zona registró a una persona que entra y que sale. Dos testigos lo reconocieron por sus movimientos, por su forma de caminar y por la vestimenta. Además, dijeron que días antes, ambos habían discutido.

Según la autopsia, Ayelén muere por asfixia por sofocación, y se encuentra tierra hasta en su esófago. Fue arrastrada por el piso y su cuerpo presenta moretones. Sin dudas, fue una muerte violenta y con ensañamiento. Su cuerpo apareció desnudo, con su ropa desparramada alrededor. Esto en el expediente pasa desapercibido. 

La investigación se realizó como si se tratase de cualquier homicidio, sin perspectiva de género. Se siguió solo una vía de investigación y las pruebas de compatibilidad genética se demoraron más de cuatro años. A tres semanas del inicio del juicio, la fiscalía no había realizado el ADN para determinar la afinidad genética entre la persona que está imputada y las muestras recolectadas en la escena del crimen, por lo que se tuvo que posponer. Los resultados no fueron concluyentes, hubo material que no se pudo analizar y se detectaron dos ADN desconocidos. 

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La violencia hacia las mujeres trans y travestis

Para Martín Gonzalez, abogado de Andhes, se trata de “crímenes enunciativos”. “Hay un mensaje, en esta clave de poder, en su cuerpo, en la violencia con la que se producen estos asesinatos. Porque lo que le pasó a Ayelén también les puede pasar a otras, y les pasa”.

El crimen de Ayelén no puede leerse como un caso aislado, sino como un continuum de violencias que vive el colectivo travesti trans en Tucumán. Sus compañeras, quienes levantaron sus voces para exigir justicia y visibilizar la violencia cotidiana que las acecha, tienen en su memoria más muertes que las que las estadísticas dan cuenta, como el crimen de Maricruz, en los 90, el de “Saquito de té”, al que despectivamente se refiere la policía por una mujer trans que fue arrojada al Lago San Miguel en la Parque 9 de Julio, con piedras atadas en sus tobillos, o el de Cielo, que sucedió en 2007 y recientemente, a 14 años, los acusados fueron absueltos. 

Probablemente existen otros que  la sociedad no conoce porque los ignora, y el Poder Judicial estigmatiza, carátula con nombres masculinos, y las vidas y las muertes de esas mujeres trans terminan en expedientes archivados que nunca se resuelven. 

Si hablamos de violencia hacia el colectivo trans que cobraron visibilidad mediática, tenemos que remontarnos al caso de Celeste, una sobreviviente del abuso policial que ni siquiera logró justicia cuando sus abusadores fueron juzgados en 2016. A Celeste la detuvieron en el baño de su casa, donde irrumpieron de forma ilegal. La llevaron a una comisaría donde no había celdas para mujeres. Policías provinciales la abusaron y la encerraron en el calabozo con detenidos. Ella pudo ver cómo cobraban dinero a los presos que entraban a violarla. No recuerda con exactitud cuántos días estuvo, calcula cuatro. En algún momento, cuando la sacaron para que limpiara, corrió tanto como pudo. Llegó al hospital Centro de Salud Zenón Santillán en San Miguel de Tucumán, los médicos la revisaron y denunció lo ocurrido. Tenía 21 años, era noviembre del 2013. Tres años después, tendría una sentencia pero no justicia. Hoy deambula por las calles, sin techo, sin trabajo, sin contención psicológica, sin tratamiento ante el consumo problemático de drogas, protagoniza “escándalos” que los medios de comunicación reproducen sin recordar el historial de abusos que su cuerpo registra y que la sociedad elige no ver. La ausencia de un Estado reparador es lo que se duele cerca suyo. 

También, recordar que la misma Ayelén fue víctima de abusos y violaciones en una comisaría masculina del centro tucumano, que los responsables fueron encarcelados pero que ella tuvo que dejar la provincia por las persecuciones que vivía. Amenazada por el brazo armado del Estado, una chica trans, pobre y joven huyó a Buenos Aires. Ni siquiera llegó a 35 años, promedio de vida que se estima tienen las mujeres trans travestis.

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Otro caso que conocemos y que aún busca justicia es el de Cynthia Moreira, una joven de 26 años que fue brutalmente asesinada. No solo la mataron, también la desmembraron, prendieron fuego su cuerpo y descartaron los restos en una casa abandonada de barrio sur. No hay muchos registros de crímenes tan aberrantes en la provincia, sin embargo no hay ningún sospechoso detenido. La hipótesis para semejante crimen no puede ser otra que el odio y la libertad para matar cuerpos trans que son relegados a una porción del tiempo y ciertos espacios señalados por una sociedad patriarcal. 

Un mes antes, y casi de manera premonitoria, Natasha Banegas, otra mujer trans de 22 años, fue baleada en la misma esquina donde Cynthia trabajaba, Crisóstomo y Moreno. Recibió siete tiros en las piernas y estuvo internada por semanas. Nada más se supo de ella y la investigación sobre lo sucedido nunca avanzó. ¿Quiénes son los que matan a las travestis? 

Ningún hecho es aislado. La investigación por el crimen de Ayelén puso la mira en un primer momento en Luisa Rubio, una mujer trans que se sabía regenteaba a otras chicas y les cobraba plazas en las calles. Todas tenían que pagarle y ella, a cambio, “las protegía”. Luisa participó de la primera marcha que motorizó el transfemicidio de Ayelén. Tanto el crimen de Cynthia como los disparos que recibió Banegas se dieron cuando la Luisa fue detenida y llevada presa al penal de Ezeiza por delitos federales, como tráfico de personas y de drogas. Según las mismas chicas, el territorio entró en disputa, y ante la ausencia del Estado, la violencia reinó más de lo usual en la nocturnidad.

Las marchas por Justicia se hicieron más cotidianas, el silencio ya no era una opción y los reclamos por cupo laboral para personas trans arrancaron ciertas conquistas que no terminan de materializarse.

En 2019, cuando venció la prisión preventiva de Miranda, después de dos años y medio, atacó a otras dos chicas trans con un cuchillo, en el mismo lugar donde Ayelén fue asesinada. Ambas realizan la denuncia, y desde Andhes se solicitó que se incorpore como un hecho nuevo en la misma causa por el transfemicidio de Ayelén, pero la fiscal no lo incorporó en la causa por el principio de presunción de inocencia.

En plena pandemia, los transfemicidios continuaron a la orden del día. Vanesa Solorzano Rótolo tenía 20 años. Fue asesinada por un taxista que habría sido su cliente en Canal Sur y Avenida Alem. Después pasó lo de la Pawer. Un cliente la mató en la esquina de su casa, donde trabajaba, a pocas cuadras del asesinato de Vanesa. Ricky Puenzo, el único imputado, fue absuelto porque el principal testigo cambió su relato durante el juicio y puso en dudas toda la hipótesis de la fiscalía y de la querella. El tribunal sostuvo que la investigación había sido mala, y el crimen quedó impune. Y esa impunidad se transformó en la habilitación para la repetición. 

Hace pocos días, Mía, una mujer trans de 19 años, fue perseguida a disparos por un cliente en la misma zona donde la Pawer fue asesinada. En el fallo que absolvía a Puenzo el tribunal ordenó que se emplace un banco rojo en ese lugar en memoria de las trans asesinadas y para que no se vuelva a repetir. Otra vez, la justicia y el Estado fracasando en la prevención.

Durante estos cuatro años fueron siete los transfemicidios que registraron en la provincia, más otros casos de violencia e incluso suicidios, que muestran el trágico destino que la sociedad, en complicidad con el Estado, le depara a las mujeres trans y travestis. El nombre de Ayelén se transformó en sinónimo de lucha y resistencia.

Este juicio es una oportunidad de reparación. Reparación para una familia que tuvo que montarse en una lucha que desconocía. Reparación para las trans que se exponen a la muerte cada día, cada noche. Reparación para la sociedad, condenar a las personas responsables de matar a las travestis. 

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Sentido de Justicia

“Queremos el impacto colectivo para que deje de haber Ayelenes, pero también hay una familia que espera una condena por un crimen específico que acabó con la vida de una hermana, de una hija, de una tía”, dice González, quien realizó un gran trabajo de acercamiento y contención de la familia.

Sea cual sea el resultado, Miranda no va a salir de la cárcel. Durante el juicio se lo juzgará también por una causa de robo agravado, como dispone el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, por economía procesal. Habrá que ver si la Justicia le da más valor a la propiedad privada o a la vida de las mujeres trans.

Gonzalez, junto a Andhes, trabajan en un Protocolo de investigación para casos de transfemicidios y travesticidios.

Fotos Milagro Mariona

La nota fue publicada en LatFem

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