Causa Bussi: la querella exige un proceso judicial transparente

El abogado de “Lupe”, Salvador Iovane se refirió a las últimas novedades que involucran a un vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y al Poder Ejecutivo.

“Con esta trifulca están afectando directamente a la causa”, dijo Salvador Ivoane, representante legal de “Lupe”, la denunciante que señaló al legislador Ricardo Bussi por los delitos de abuso sexual y robo de identidad. “Queremos saber quiénes son los operadores políticos que están tratando de perjudicar el proceso judicial”, remarcó el abogado. 

Esta mañana, Iovane solicitó a la Justicia que llame a declarar tanto al juez denunciante Enrique Pedicone, como del vocal del máximo tribunal provincial, Daniel Leiva, denunciado por tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público.  

El juez Pedicone denunció que el vocal de la Corte Suprema le habría pedido en nombre del gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo que “maneje la intensidad” de la causa contra Bussi. Esto encendió las alertas de la querella y de las organizaciones feministas, quienes continúan exigiendo el desafuero del legislador para que pueda ser investigado, y el fin de los pactos de encubrimiento del Poder Político y Judicial.

“Espero que la Justicia los cite a declarar conforme lo pedido, que no lo hagan a través de papelitos, sino que comparezcan personalmente como corresponde, para poder tener el derecho a preguntar tranquilamente, en forma directa e inmediata, cuáles son, qué es lo que ha pasado y en base a los que están declarando estos dos magistrados”, explicó Iovane.

La causa por abuso sexual y usurpación de indetidad, que implica al hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, cambió de juzgado por tercera vez desde el 5 de junio pasado. Ahora, pasó al Régimen Conclusional, a cargo del juez de instrucción, Francisco Pisa, con el objeto de ser resuelto bajo la vigencia del antiguo Código Procesal Penal de la provincia. 

“Vamos por la tercera mano, situación que es complicada. Uno ya no sabe, en este momento, si la entrada en vigencia de la reforma del Código Procesal de Tucumán es parte de una especulación para frenar y entorpecer los procesos, o qué”, señaló Iovane. 

Para el letrado de la querella, la denuncia de “Lupe” ya cuenta con las pruebas necesarias para solicitar a la Legislatura de Tucumán que le retire a Bussi los privilegios para que pueda ser investigado por la Justicia como cualquier otro ciudadano. Con respecto a la producción de las pruebas sobre los dispositivos tecnológicos, como celulares y computadoras, no hay novedades, a pesar de que se tratan de pericias solicitadas por el primer juez interviniente, Raúl Cardozo.

Por Helena Guerrero

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