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Tucumán

A once años del asesinato de Javier Chocobar, la comunidad Chuschagasta aún aguarda justicia

La comunidad está atravesando estos once años de espera de justicia muy preocupada. Por una parte, por el tiempo transcurrido y por otra parte, la impunidad que estamos viviendo ahora“, sostiene Audolio Chocobar, al cumplirse un año más del asesinato de su padre, el comunero indígena Javier Chocobar.

El 12 de octubre de 2009 Javier, integrante de la Comunidad Indígena Los Chuschagasta, fue asesinado mientras defendía pacíficamente el territorio de su comunidad, ubicado en Trancas.

En aquel momento aún se celebraba en esa fecha el Día de la Raza, efeméride que el año siguiente pasó a llamarse “Día del Respeto por la Diversidad Cultural“, lo que significó un cambio de percepción y un gran gesto institucional por parte del Estado Argentino para con las comunidades de los pueblos originarios.

Lamentablemente, esta fecha siempre estará signada por la muerte de Chocobar, enmarcada dentro de las luchas por el territorio de las comunidades indígenas, aún vigentes en todo el territorio.

Javier Chocobar, asesinado el 12 de octubre de 2009.

Una justicia lenta no es justicia

Luego de un proceso judicial que demoró más de nueve años, el 25 de octubre de 2018, el tribunal de la Sala IV en lo penal integrado por las jueces Wendy Kassar, y los jueces Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli, condenó al empresario Darío Amín por los delitos de “homicidio agravado” en el caso de Chocobar y de “tentativa de homicidio” en los casos de Emilio y Andrés Mamaní, otros dos miembros diaguitas, quienes resultaron heridos en el ataque.

En el mismo proceso fueron condenados dos ex policías tucumanos: Luis Gómez, que recibió 18 años de prisión, y Eduardo Valdivieso, a quien le dieron 10 años de cárcel. Ambos como partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas.

El caso tuvo fuerte repercusión en organismos de derechos humanos locales e internacionales, que mostraron como un ejemplo de la violencia institucional histórica que se ejerce sobre los pueblos originarios en la Argentina.

La comunidad realizó un acampe durante 12 días frente a Tribunales, en pleno invierno y en contexto de pandemia para exigir una respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Aún esperan respuestas.

Los tres responsables cumplieron la prisión preventiva por 18 meses, plazo que tenía la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que la sentencia quede firme.

Hasta la fecha, la Corte Suprema adeuda aún el fallo que defina el proceso y por eso Amín, junto a los otros condenados, recuperaron su libertad en agosto.

Desde entonces, la familia y la comunidad siente miedo de que en algún momento Amín vuelva al territorio. “El temor que nosotros tenemos es que los asesinos están libres. En estos once años, ellos han pasado solo dos años en preventiva y después el resto del tiempo han estado en libertad, como si nada hubiera pasado“, reclaman.

“En el año 2012 Amin volvió al territorio. Se ha metido en las casas de los comuneros. Incluso en la casa de mi papá. Ha hecho un asado a 50 metros del lugar del asesinato. Para nosotros ha sido una provocación de parte de este asesino. No queremos que este asesino sigue en libertad. Queremos que cumpla su condena“, reclamó el hijo del comunero.

Por otro lado, también señaló que “queda claro que hay jueces que son cómplices de estos terratenientes y eso también dificulta que se pueda llegar a cerrar este tipo de casos. Tenemos jueces que están a favor de los terratenientes, no tendría que funcionar de esa forma. Los jueces tienen que ser independientes. Entendemos que es lo que sucede con el vocal Estofán, quien ha dejado influenciar la causa por López de Zavalía, quien tiene un conflicto territorial”.

Desde la Comunidad Los Chuschagasta señalan que existen intereses cercanos a los miembros de la Corte de que no se deje firme la sentencia por que significaría un importante antecendente judicial para los pueblos originarios. En especial señalan al relator de la corte Fernándo Lopez de Zavalía, quien tendría un conflicto territorial similar con la Comunidad de Tolombón.

Para nosotros una justicia lenta no es justicia. Hace años que venimos pidiendo justicia y no hasta el día de hoy no lo tenemos. Lo que pedimos es que esta causa no quede impune y que los asesinos paguen por los hechos que han cometido en el año 2009″, expresó.

“Para nosotros el Estado es cómplice de todo esto, porque la verdad que han pasado muchas cosas con las comunidades indígenas, personas que mueren, dirigentes que están sin vida y la verdad que cuesta mucho llegar a que se haga justicia, a pesar de que hay pruebas contundentes, pruebas muy clara, como el caso de mi papá, y sin embargo así todavía estamos en 11 años no se puede resolver esta causa”, señaló Chocobar.

“Pedimos que la Corte deje firme la sentencia tal cual lo ha dictado la Sala IV y de una vez por todas podamos cerrar este pedido de justicia. Queremos que este caso se cierre aquí en la provincia y que no tengamos que ir a una instancia nacional. Es un caso muy claro y la Corte debe resolver el problema aquí en Tucumán”, sostiene Chocobar.

Sobre los hechos

Los hechos, en efecto, ocurrieron nada menos que un 12 de octubre, el 12 de octubre de 2009, cuando los tres acusados entraron a un predio que Amín reclamaba como propio para expulsar por la fuerza los comuneros indígenas, que reivindicaban el sitio como territorio ancestral. El escenario geográfico es el paraje El Chorro, departamento Trancas, ubicado al norte de Tucumán.

Chocobar recibió un disparo que le provocó la muerte en medio de una discusión con Amín, Gómez y Valdivieso. En ese mismo hecho, fueron heridos de gravedad Emilio Mamaní y el entonces cacique, Andrés Mamaní, quien perdió uno de sus brazos a causa de un disparo. Tiempo después del episodio que se analiza en el juicio, los acusados fueron protagonistas de otra agresión en contra de la comunidad, en el año 2012.

El lugar donde se produjeron los hechos es un sector del territorio comunitario donde se encuentra una cantera de piedra laja que la familia Amín comenzó a explotarla en el año 2008 por concesión del Estado provincial.

La justicia federal de Tucumán en el año 2008, en el marco de una denuncia contra la familia Chiarello (terratenientes de la zona) por amenazas y extorciones que varios/as comuneros/as habían recibido en relación con la cantera, había otorgado una medida de protección judicial a favor de la comunidad. Sin embargo, esta medida fue recurrida por el empresario Darío Amín, invocando que la medida le impedía continuar explotando la cantera, y la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán la dejó sin efecto, dejando indefensos a los miembros de esta comunidad frente a la violencia que ya venía siendo ejercida en contra de ellos.

Aquel 12 de octubre del 2009, Darío Amín, junto con dos ex policías, Luis Humberto “el niño” Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi, aduciendo el levantamiento de esa medida, entraron y atacaron con armas de fuego a alrededor de 20 comuneros y comuneras. Hicieron disparos de armas de fuego contra ellos/as (entre los cuales había ancianos, mujeres y niños/as) que defendían su territorio en forma pacífica. Toda la comunidad fue víctima de este trágico episodio. Como consecuencia de los hechos Javier Chocobar, de 68 años, perdió la vida, y los comuneros Andrés Mamaní -actual cacique de la Comunidad-, Emilio Mamaní y Delfín Cata resultaron heridos.

En el siguiente video se observa el momento de los disparos que dieron muerte a Javier Chocobar.

Los hechos relatados dieron origen a una causa penal que ingresó en la Fiscalía VII, a cargo del fiscal Gustavo Suasnábar y de la Jueza Emma Lidia De Nucci, a cargo del Juzgado de Instrucción de la II Nominación, por homicidio calificado, por el asesinato de Javier Chocobar, y homicidio calificado en grado de tentativa, por Andrés y Emilio Mamaní. El fiscal interviniente determinó que los imputados tuvieron una participación activa y premeditada al concurrir fuertemente armados y con total impunidad efectuando disparos. Sumado a que ninguno de los tres imputados poseía un permiso para portar armas de fuego, se los imputó también por el delito de portación ilegal de armas. En agosto de 2011 la jueza De Nucci ordenó la elevación a juicio oral. Recién en el mes de octubre de 2014 los acusados fueron citados a juicio y, desde entonces, se esperaba la fijación de fecha para el inicio del juicio oral. La fecha fue fijada para el 28 de agosto de 2018 y el tribunal designado fue la Cámara Penal Sala IV.

Además de encontrarse los imputados en libertad, el proceso fue dilatándose en el tiempo por recursos de la defensa, vacancias de jueces e incluso, en 2016, desde el tribunal del juicio se pidió una sanción para una de las abogadas de la comunidad, integrante de la organización Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) por señalar las demoras ante medios de comunicación, intimándola a que se retracte de haber expresado su descontento, bajo apercibimiento de multa económica.

El retardo injustificado en la investigación y determinación de las responsabilidades por la muerte de Javier Chocobar viola el derecho de acceso a la justicia y reparación de la comunidad de Los Chuschagasta. La impunidad en estos casos transmite un mensaje de tolerancia del Estado respecto a situaciones que afectan la vida e integridad de los pueblos originarios.

El problema de fondo es la mora del Estado (tanto provincial como nacional) en titular los territorios que ocupan las comunidades indígenas y regular la propiedad comunitaria indígena. La ley nacional 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena, sancionada en el año 2006, ordena el relevamiento jurídico técnico catastral de los territorios de ocupación de las comunidades indígenas, con el fin de iniciar un proceso de regularización de estos territorios. Esa ley ya fue prorrogada en tres oportunidades, y está vigente actualmente hasta noviembre de 2020. Mientras esta instancia no finalice, el Estado se encuentra incumpliendo sus obligaciones constitucionales en relación al respeto, garantía y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, puesto que queda pendiente la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena.

En el marco de esa ley, en Tucumán se finalizó el relevamiento de la mayoría de las comunidades indígenas en 2013. Resta proceder a la titulación de las tierras comunitarias para que las comunidades indígenas dejen de ser objeto de graves violaciones de derechos humanos en sus territorios. La comunidad Los Chuschagasta cuenta con el proceso de relevamiento territorial finalizado.

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