Vivir con miedo a que no vuelvan

A pesar del recrudecimiento de la violencia hacia la comunidad trans en Tucumán, donde se registraron 2 transfemicidios en lo que va del año, las políticas públicas para modificar esta realidad son inexistentes. Un Estado ausente y una ley de cupo laboral trans que duerme en la legislatura.


Durante la jornada del martes, la desaparición de una de las referentes del movimiento trans de Tucumán causó gran conmoción entre quienes integran organizaciones políticas y feministas y la noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales. En horas de la noche, la joven se comunicó con su familia y se pudo saber que se encontraba sana y fuera de peligro.

En su cuenta de Facebook escribió: “Estoy bien, gracias por preocuparse. Muchas veces las mujeres transexuales que ejercemos la prostitución estamos expuestas a muchas cosas, sobre todo la violencia”, explicó y contó que tuvo la suerte de encontrarse con alguien que la cuidó. “Sin embargo, no todas corremos con esa suerte, y terminan desaparecidas o muertas. ¿Y quién busca a los asesinos? ¿Cómo nos cuidan los políticos? Hoy la cuento, mañana no sé porque capaz me cruzo con un loco malo y me hace daño, porque no tengo otra salida laboral que la calle”. Con sus palabras resume la realidad de miles de mujeres trans de la provincia y el país.

¿Por qué vivimos con miedo a que no vuelvan?

En lo que va del 2018 hubieron 4 transfemicidios en Argentina, dos de ellos sucedieron en Tucumán. Esta cifra resulta discutible por la falta de visibilidad de estos crímenes para la Justicia y los medios de comunicación.

Además, hubo al menos 30 muertes de mujeres trans víctimas de lo que se denomina “travesticidio social”. Sobre este término, Lara Bertolini, activista travesti y trabajadora del Ministerio Público Fiscal, explicó al medio Presentes: “Los números más invisibilizados son esos, esas muertes, que son crímenes también. El residuo que te deja la falta de atención del Estado: por el ejercicio de la prostitución, la falta de acceso a la salud. Es violencia residual. Todas las trans tenemos violencia residual. No se tiene conciencia de esa violencia: desde cuando te gritan puto hasta cuando te atacan por la calle. Las muertes por la silicona industrial inyectable es un tema del que no se habla. Y en la salud no hay tratamientos para la remoción y es un peligro permanente y autoinfligido por los mandatos sociales”.

Según un informe del Ministerio Público de la Defensa, para 2017 la esperanza de vida para las personas travestis y transexuales era de 32 años promedio.

En Argentina, el travesticidio social ingresó en una nueva etapa donde las condiciones estructurales de pobreza y exclusión aumentan por el recorte de programas sociales, la profundización del ajuste económico y la represión sistemática.

Sin las Trans no hay Ni Una Menos

Desde agosto de 2017, cuando Ayelén Gómez fue asesinada en el parque 9 de Julio, la comunidad trans se organizó frente al dolor. Sus amigas contaban que Ayelén había vuelto a la provincia para estudiar, y recuperarse de las adicciones. En Buenos Aires había asistido al Bachillerato Popular Mocha Celis y ya estaba anotada en el CeTrans (Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas) para finalizar la secundaria. Ante la urgencia por no conseguir un trabajo, Ayelén volvió a la calle, quedando expuesta a todas las violencias que suceden cuando cae la noche.

Su muerte, desnudó la cruda realidad a la que son expuestas las mujeres trans tucumanas. El reclamo por el cupo laboral trans se hizo más presente que nunca y a 9 meses de este hecho, luego de más de 10 marchas, reclamos, y muchas promesas por parte del gobierno, la situación no cambio. Lo demuestra el brutal asesinato de Cinthya Moreira, el ataque a Natasha Banegas, y las inexistentes políticas de inclusión laboral que existen en la provincia.

En 2017, el proyecto de cupo laboral trans había obtenido un dictamen favorable de la Comisión de Legislación Social y la Comisión de Derechos Humanos a partir de dos proyectos propuestos. Uno de ellos, el de la legisladora Nancy Bulacio (Crece-PJ), planteaba el cupo más alto (2%) para personas trans en la administración pública. El otro, el del legislador José Canelada (Unión Cívica Radical, UCR), un 1%. El dictamen estableció el 1%. Pero los legisladores, cuando llegó el día de tratarlo -en agosto de 2017, pocos días después del travesticidio de Ayelén, lo objetaron sin argumentos y enviaron a comisión. Las organizaciones denunciaron lobbys políticos y eclesiásticos que impiden su tratamiento.

En noviembre de 2016, la ciudad de Tafí Viejo dio media sanción a un proyecto de ley presentado por ATTTA – Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina-, que preveía un cupo trans del 1% en la administración pública. Marcia Albornoz, coordinadora de ATTTA, sostuvo en aquel momento que “en Tucumán, el 80% de la población trans es trabajadora sexual; el 60% no terminó los estudios primarios; entre el 20% y el 30% terminó la secundaria; y solo un 3% están incorporadas al mercado laboral de manera registrada”, aportando cifras concretas a la situación de vida de esta población. Desde entonces no hubo más novedades sobre el tema.

La ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012, fue lo último significativo que se realizó desde el Estado por incluir a un colectivo históricamente discriminado. Esta ley representa el piso a partir del cual hay que construir políticas públicas y esas políticas requieren una inversión real. Las compañeras necesitan oportunidades reales y no sólo discursivas, logros concretos y no sólo simbólicos, y, sobre todo, necesitan trabajo genuino y no ser usadas por funcionarios del Estado para sacarse una foto de la sensación de que se está trabajando.

Nada de lo que realizó el Estado hasta ahora alcanza, porque la violencia hacia ellas sigue intacta. El Estado es responsable, porque todos somos parte de esa sociedad que discrimina a las personas trans.

“Si defienden la vida, no se olviden que nosotras somos seres con vida, no se hagan los boludos cada vez que aparece una compañera trans muerta. ¿Dónde está la justicia para Ayelén Gómez? ¿Qué pasa con Lourdes Reinoso? ¿Ya hay gente presa por el asesinato de Cynthia Moreira? Nada más”, cerraba la compañera trans en su posteo de Facebook.

 

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