“Ya no me río ni me siento alegre como antes. Lo que vivo en el trabajo me comprime en el resto de mis horas. Mi desconfianza hacia los varones creció al doble; anteriormente trabajé en muchos lugares, pero nunca viví en un ambiente tan machista y clasista como el Poder Judicial”, así comienza el relato M, una trabajadora del Palacio de Tribunales de Tucumán.
Según la encuesta realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la consultora Nodos, 9 de cada 10 mujeres y personas lgbtiq+ mayores de 18 años dijeron haber recibido algún chiste, comentarios sexistas, machistas y/o discriminatorios en el ámbito laboral, que les generaron incomodidad.
Archivos, tipeos, actas, atención al público, diferencias entre profesionales y administrativos, diferencias de clase y género parecen el cóctel explosivo para crear un escenario nocivo para las mujeres y disidencias. “Llevo cinco años en el Sistema Judicial y si bien tengo estabilidad económica, creo que mi personalidad cambió mucho”, cuenta M, que prefiere no revelar su nombre con temor a represalias.
Porno, chistes misóginos y acoso sexual
“He sufrido en persona situaciones de acoso sexual. Nunca se hizo nada al respecto. Los compañeros varones que supieron de esto nunca me apoyaron y jamás manifestaron su desacuerdo con los jefes” comenta la víctima y asegura que las mujeres jóvenes se sienten desprotegidas allí, ya que “la jornada laboral transcurre entre una infinidad de chistes misóginos y de doble sentido, ven porno y lo comentan en voz alta. Es denigrante”.
Sostener el status quo y “lavar los trapitos sucios en casa” – como le dijo uno de sus compañeros al contarle sobre las situaciones que estaba pasando- parece ser la premisa de los tribunales tucumanos.
Hasta el momento que se recogieron estos testimonios, no había protocolo de atención en casos de víctimas de género en el Poder Judicial. “Muchas empleadas lo pedimos. Es necesario un protocolo de cómo debe atenderse a las víctimas de violencia de género, con capacitaciones obligatorias para todas las jerarquías” agrega.
Tucumán no adhirió a la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La única vez que iba a tratarse en la Legislatura provincial hubo presiones del arzobispado.
En la atención al público, donde trabajan muchas administrativas que entraron por concurso al Poder Judicial existe acoso constante por parte de los abogados varones. “Mi amor”, “Nena”, “Hermosa” “Princesa” son algunos de los adjetivos que usan para referirse a las mujeres de los mostradores. “Otros ni te saludan, o te dicen ‘señorita’ para marcar que ellos tienen título y vos (supuestamente) no” revela M.
Abordaje de las denuncias por violencia de género
Tucumán registra más de 5.000 denuncias por violencia de género en la línea 144. Muchas de ellas terminan en Tribunales Penales y/o Civiles en donde estos trabajadores serán los encargados de formalizar esos procesos. “Las cosas que escuché son increíbles como que ‘las mujeres están todas locas´, ´lo único que quieren es quedarse con todo´, ‘ellas inventan’, ‘las del Ni una menos son todas asesinas´ y así infinidad de estereotipos sexistas” señala M. y agrega: “Una ve poco del trato del abogado con las víctimas, pero hay mucho de meter presión para llegar a acuerdos y mucha subestimación hacia las mujeres más vulnerables”.
Un sistema “aplastante, expulsivo y discriminatorio”
El poder judicial goza de buenos salarios a diferencia de otras áreas del Estado y ahora se ingresa por concurso como lo hicieron Carla y N. Estas dos jóvenes trabajaron por un tiempo en Tribunales pero decidieron dejar un lugar que “ofrece ser la panacea pero termina siendo la fachada de un sistema aplastante que no reconoce capacidades, que castiga las diferencias y que prioriza valores arcaicos” explica una de ellas.
“Lo que yo sentí es que no era mi lugar, nunca pertenecí. Y me sentí continuamente expulsada. No solo por no ser abogada, porque era una tarea administrativa, para la que se concursa sin exigirte que seas abogada; pero una vez ahí dentro, todo el sistema genera una constante expulsión” comienza su relato Carla
Carla describe al Poder Judicial como “un micromundo del conservadurismo que, si no hablás ese mismo idioma, sos continuamente un ´sapo de otro pozo´. A ella el sistema la “expulsó” a pesar de que “el sueldo era el único incentivo”. Además coincide con M de que hay mucho “maltrato de los abogados externos, en general hombres”.
El caso de N se enmarca en caso un mobbing o acoso laboral en donde una persona, en la mayoría de los casos un jefe, realizan una serie de acciones violentas psicológicas de forma sistemática.
“Recibí acoso laboral por parte mi superior” relata N. La situación se hizo tan insostenible que pidió el cambio de turno. La Jueza lo autorizó pero en de julio de 2019 volvió a compartir horario con quien la había amedrentado.
“Esos dos días me pasaba yendo y viniendo a llorar” asegura N. Todos sus esfuerzos por intentar mantener su trabajo y evitar seguir vinculada con la persona que la incomodaba y con la que se sentía hostigada, se vieron frustrados.
La mayoría de la violencia laboral denunciada proviene de los superiores jerárquicos y que en su mayoría son hombres. Las Investigaciones Niedl (1996) y Hoel y Cooper (2000) señalan que las mujeres son las más afectadas por el mobbing en términos de salud, o sea informan más problemas psicológicos y de ansiedad a causa del maltrato
A N a raíz de todas estas situaciones le otorgaron una licencia psiquiátrica. Tuvo conversaciones con el Gabinete de Psicología Laboral y la Oficina de la Mujer. “Nadie me dio respuestas contundentes” cuenta angustiada. La joven terminó renunciando y vive actualmente en otra provincia.
Sobre el Poder Judicial, N reflexiona: “Son muchas personas con muchas necesidades y un espacio que ofrece lo que parece ser la panacea: sueldos altos, posibilidades de ascenso, jornadas reducidas pero sólo es la fachada de un sistema aplastante que no reconoce capacidades, que castiga las diferencias, que prioriza valores arcaicos”.
El informe exploratorio del 2019 de ELA reveló que un 77 % de mujeres recibieron comentarios sobre el cuerpo y/o la vestimenta que fueron inadecuados y les generaron incomodidad. El 68 % reveló que en su historia laboral sus opiniones profesionales fueron denigradas e ignoradas, mientras que ese porcentaje asciende a un 79 % entre las descendientes de pueblos indígenas o afrodescendientes. El 69 % de esta franja percibió un trato laboral diferencial con sus pares varones, cifra que trepa al 77 % entre las descendientes de pueblos indígenas o afrodescendientes.
“Pude renunciar a Tribunales porque tengo una familia maravillosa que me apoyó en mi decisión, porque tengo en mi pareja un abrazo contenedor y amoroso, porque me rodeé de excelentes profesionales de la salud que me acompañaron en este proceso y porque estoy rodeada de mujeres fuertes que me ayudaron a registrar las violencias y me contuvieron cuando pude hacerlo” concluye N.
